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POLÍTICAS
El Consejo de Ministros centraliza más compras públicas

El Gobierno anuncia refuerzos contra la corrupción


En el Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno ha reducido cargas administrativas y ha anunciado refuerzos en la lucha contra la corrupción en los contratos públicos. La nueva normativa sobre la contratación del sector público apuesta por los medios electrónicos, facilita el acceso de las pymes, aumenta la transparencia y potencia las políticas medioambientales, sociales y de innovación. También ha aprobado tres contratos de compras centralizadas de las Administraciones Públicas.
Redacción 25 de noviembre de 2016 Enviar a un amigo
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El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado tras el Consejo de Ministros que esta semana ha empezado a concretarse "con fuerza" la actual "legislatura del diálogo".

Por un lado, el martes se reunió la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Por otro, el jueves se reunieron en La Moncloa el Ejecutivo y los representantes de la patronal y los sindicatos para "dar un nuevo impulso al diálogo social, iniciando un camino que busca construir consensos sobre la recuperación económica, con crecimiento y creación de empleo", en palabras de Méndez de Vigo.

Contratación Pública

En ese marco de diálogo, ha explicado el portavoz, el Gobierno ha remitido a las Cortes dos proyectos de ley sobre la contratación pública, uno de carácter general y otro sobre sectores específicos.

El ministro ha manifestado que esta normativa no solo introduce importantes modificaciones en los procedimientos de contratación con el sector público, sino que forma parte de la agenda reformista que el Gobierno viene desplegando desde 2012 y que, en el terreno de la Administración, busca mejorar su funcionamiento y usar de manera más eficaz los recursos públicos. Méndez de Vigo ha indicado que el cumplimiento del Programa de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) alcanza ya el 87%: se han ejecutado 193 medidas, con un ahorro estimado de 30.000 millones de euros en la Administración y 5.000 millones en lo que respecta a las relaciones con particulares.

El portavoz ha explicado que los proyectos de ley transponen tres directivas comunitarias, tras una tramitación muy amplia, con más de 120 informes solicitados. Cuando finalizó, no pudieron ser remitidos a las Cortes por encontrarse el Gobierno en funciones. Al haber ya acabado el plazo de transposición de las directivas, el Ejecutivo va a solicitar la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Principales novedades

Un objetivo fundamental de la nueva normativa es reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos. En este sentido, Méndez de Vigo ha subrayado el uso de las "declaraciones responsables", que supone que el empresario solo tiene que presentar la documentación en el momento en que resulte adjudicatario de un contrato. Si la empresa está inscrita en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas, ni siquiera debe presentar para los contratos a los que opte documentación adicional a la que aportó en su momento, ha señalado el ministro.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (Foto: Pool Moncloa)
Además, se apuesta por el uso de medios electrónicos -incorporando la obligatoriedad de realizar comunicaciones y notificaciones a través de la contratación electrónica- y se reducen los plazos de adjudicación. También se facilita el acceso de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, incentivando que los contratos se dividan en lotes. Por el contrario, se restringe la utilización de las entidades que actúan por encargo directo del órgano de contratación sin seguir un procedimiento contractual.

Mejorar la publicidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción es otro objetivo básico de la normativa, según ha remarcado el ministro. Entre otras novedades, se suprime el procedimiento negociado sin publicidad y se crea uno nuevo, el abierto simplificado, con una duración de contratación más breve, publicidad y transparencia. Además, los condenados por corrupción entre particulares no podrán ser contratistas. Y se incluyen en la ley a los partidos políticos, las fundaciones vinculadas, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales cuando estén financiadas mayoritariamente con fondos públicos.

El portavoz del Gobierno también ha expuesto que los dos proyectos de ley fomentan las políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo. Por ejemplo, se podrá favorecer a las empresas que acrediten determinados estándares de igualdad entre hombres y mujeres o que cuenten con medidas en favor de las personas con discapacidad.

Compras centralizadas

En la misma línea de racionalizar el gasto público e incrementar la eficacia, el Consejo de Ministros ha aprobado tres contratos de compras centralizadas de las Administraciones Públicas.

El primero se refiere a los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales y tiene un valor estimado de 268 millones de euros. El segundo es para el suministro de mobiliario, por una cuantía máxima de 65 millones; el ahorro estimado es de doce. Por último, el Gabinete ha autorizado el acuerdo marco para la compra centralizada de vacunas, en el que participan 14 comunidades autónomas, y con el que se espera ahorrar 58 millones de euros en el periodo 2017-2019.

Lucha contra la violencia de género

El Ejecutivo ha aprobado una Declaracióncon motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre.

Méndez de Vigo ha manifestado que, al igual que el acto presidido hoy por el presidente del Gobierno en La Moncloa, esta iniciativa refleja el compromiso del Ejecutivo contra esta "cobarde violencia" que es "una lacra social" y "una cuestión de Estado que reclama la unidad de todas las fuerzas políticas". Además, ha recordado que con este fin se ha constituido una Subcomisión en el Congreso de los Diputados.Colaboración con Baleares

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 200 millones de euros. Méndez de Vigo ha explicado que esta comunidad no cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto del ejercicio 2015 y ha solicitado a esa Agencia Tributaria autorización para cubrir necesidades transitorias de tesorería.

Para el ministro, la decisión del Consejo es un ejemplo de cooperación institucional. "El diálogo franco y fructífero entre Administraciones Públicas sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos es el camino adecuado para resolver estos problemas", ha defendido.

Informes y nombramientos

En la reunión del Gabinete, según ha explicado Méndez de Vigo, el ministro de Economía ha informado de las consecuencias del Brexit "y el compromiso del Gobierno de convertir a nuestro país en una plaza atractiva para la reubicación" de entidades que puede derivar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado diversos nombramientos, entre ellos los del fiscal general y el abogado general del Estado, la interventora general de la Administración del Estado, el director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Asuntos de actualidad

En relación con el fallecimiento de la senadora Rita Barberá y el planteamiento del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, de revisar el pacto con Ciudadanos que establece que los imputados por corrupción deben dejar sus cargos, Íñigo Méndez de Vigo ha señalado que "los pactos están para cumplirlos", pero estima que hay que reflexionar sobre la presunción de inocencia. "Creo que sería bueno que entre todos los partidos políticos tomáramos una posición común", ha dicho.

Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo ha calificado de "muy favorable" y de "buen comienzo" el acuerdo de los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos para constituir una subcomisión en el Congreso que elabore en seis meses un informe para alcanzar un "Acuerdo de Estado Político y Social para la Educación en España".

En cuanto al anuncio de las centrales sindicales de convocar un calendario de movilizaciones, Méndez de Vigo considera que sería oportuno esperar los resultados de las conversaciones que está manteniendo el Gobierno con los agentes sociales. "Yo creo que hay que dejar espacio al diálogo y a la posibilidad de encontrar soluciones. Me parece que las movilizaciones son un instrumento de última instancia", ha señalado.

Respecto a que el suplicatorio del diputado Francesc Homs haya salido adelante, el portavoz ha afirmado que "es una demostración de que nadie, ni un diputado ni un senador, está por encima de la ley", que es igual para todos y debe ser cumplida por todos.

Preguntado sobre una posible reforma constitucional o el establecimiento de una negociación bilateral con Cataluña, Íñigo Méndez de Vigo ha dicho que le "parece importante que se empiece a hablar de diálogo, que se empiecen a explorar vías que no sean o esto o nada". Si bien, ha matizado, cuando uno entra en esa vía tiene que saber qué quiere reformar, concretar en qué consiste la reforma y ver si hay consenso suficiente.

En lo que se refiere a la ampliación del Museo del Prado, el ministro ha expresado su confianza en que el consenso político en torno a esta institución siga vigente y permita afrontar la "magnífica" renovación y "buscar fondos para llevarla a cabo".


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