Soraya Sáenz de Santamaría ha detallado que el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos aumenta su control, fiscalización, transparencia y obligaciones. La norma prohíbe las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica, así como las condonaciones de deuda por entidades de crédito. Las donaciones indebidas que reciban tendrán que ser devueltas o ingresadas en el Tesoro. Se obliga a todos, y no sólo a los que perciban subvenciones, a presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas.
El plan se aprueba de nuevo tras los reiterados anuncios efectuados el último año por diversos altos cargos del Gobierno sobre los proyectos, finalmente estructurados en 40 medidas que anunció el Consejo de Ministros oficialmente contra la corrupción el pasado 29/9/2013 dentro del Plan de regeneración democrática.
La vicepresidenta también ha señalado que los partidos tendrán que publicar en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización y las donaciones de importe superior a cincuenta mil euros.
Asimismo, la futura ley regula la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento una vez emitido el correspondiente Informe por parte del Tribunal de Cuentas. Además, establece la obligación de fijar un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos.
Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado que si los partidos políticos no adaptan o presentan sus estatutos en el plazo que se determine podrán eliminarse del registro. Al respecto, ha recalcado que esta circunstancia no debe interpretarse como un supuesto de ilegalización, sino como la vía para que no estén registrados partidos sin ningún tipo de actividad.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de dos Proyectos de Ley que conforman los dos pilares del Plan de Regeneración Democrática en el ámbito del control y la prevención. Se trata del Proyecto de Ley de Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los Partidos Políticos y del Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Ambos Proyectos forman parte del Plan de Regeneración Democrática y se aprueban hoy por el Consejo de Ministros, tras recibirse los informes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas. En este segundo caso se ha consultado el texto relativo al control económico-financiero de los partidos políticos sin que fuera preceptivo, pero el Gobierno ha querido consultar al órgano fiscalizador de forma voluntaria, dado el papel jugado por el Tribunal de Cuentas en el debate y propuesta de medidas de regeneración. En ambos casos, los órganos consultados, a los que se han aceptado varias sugerencias, han valorado positivamente las aportaciones que suponen estas propuestas normativas.
En conjunto, ambos textos contienen un amplio catálogo de medidas destinadas a luchar contra la corrupción en la vida pública; tanto medidas preventivas, para evitarla, como de control y detección, para perseguirla antes y mejor.
El Gobierno ha anunciado su disposición a buscar el máximo acuerdo y a que, a través de las aportaciones de todos, se enriquezcan estos Proyectos de Ley, como ya ocurrió con la Ley de Transparencia.
Control de los partidos
El Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los Partidos Políticos reforma tres leyes (Financiación de Partidos, Partidos y Tribunal de Cuentas) para aumentar el control, la fiscalización, la transparencia y las obligaciones de los partidos políticos.
Las principales medidas que contiene son las siguientes:
- Se prohíben las donaciones a los partidos políticos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.
- Se prohíben las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito. A partir de ahora, las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos. A estos efectos se entiende por condonación la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos, o la renegociación del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado.
- Las donaciones indebidas que reciban los partidos tendrán que ser devueltas o ingresadas en el Tesoro.
- Se obliga a todos los partidos, y no sólo a los que perciban subvenciones, a presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas.
- Se aumentan las obligaciones de publicidad y transparencia de los partidos. Así, será obligado que los partidos publiquen en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés, el plazo de amortización, así como las subvenciones recibidas y las donaciones de importe superior a cincuenta mil euros.
- Se regula la figura del Responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento una vez emitido el correspondiente Informe por parte del Tribunal de Cuentas.
- Se distinguen las labores de fiscalización que ha de realizar el Tribunal de Cuentas en los supuestos de partidos perceptores de subvenciones públicas y de los no perceptores.
- Se prevé el cobro de las sanciones impuestas a los partidos en período ejecutivo por la Agencia Tributaria.
- Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos tendrán que inscribirse en el Registro de Partidos.
- Se establece la obligación de fijar un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos.
- Se regula el contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos.
- Se adapta la regulación de partidos a la recuperación de su responsabilidad penal como personas jurídicas.
- Se regula la colaboración de entidades integrantes del sector público y de entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas, para facilitar la labor fiscalizadora de éste.
- Se reconoce la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Cargos de la Administración
En cuanto al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, quiere cubrir un cierto vacío legal, ya que España no cuenta con un estatuto del cargo público. Este texto crea también más obligaciones, más control, más fiscalización y más transparencia para los altos cargos.
Las principales medidas que recoge son:
- Exigencia de requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos, como por ejemplo el terrorismo.
- Exigencia de una declaración responsable para ser nombrado alto cargo.
- Regulación del régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese de los altos cargos.
- Control sobre los gastos de representación.
- Creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses.
- Control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.
- Refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses.
El Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado exige requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos, como por ejemplo el terrorismo. El texto también exige una declaración responsable para ser nombrado alto cargo; regula el régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese; vigila los gastos de representación; crea un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses y controla la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.
La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que confía en alcanzar, durante la tramitación parlamentaria, el máximo consenso con los grupos para la aprobación definitiva de ambos proyectos de ley.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha explicado que la mayor novedad del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es que amplía los supuestos que genera el derecho a esa asistencia y eleva los umbrales de renta que dan lugar a este derecho. "La población objetiva amparada se amplía tanto cuantitativa como cualitativamente de forma que nadie que realmente deba beneficiarse en España de la justicia gratuita pueda quedar excluido", ha dicho.
Así, se eleva, con carácter general, el umbral para acceder a la asistencia gratuita a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En algunos supuestos, la cobertura llegará a unidades familiares con ingresos de hasta 5 veces el IPREM, es decir, hasta 31.900 euros brutos al año.
Ruiz Gallardón también ha subrayado que el texto reconoce el derecho a la asistencia gratuita a las víctimas de la violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, con independencia de sus recursos económicos. Este beneficio se extenderá también a los menores de edad y a los discapacitados cuando sean víctimas de abuso o maltrato, así como a aquellas personas que sufran secuelas permanentes causadas por accidentes.
Otra novedad es que, una vez reconocido el derecho a la justicia gratuita, el beneficiario podrá elegir libremente entre las prestaciones que integran el servicio (exención de pago de tasas judiciales y de los depósitos en la interposición de recursos, abogado, procurador, etc.). En este sentido, Ruiz Gallardón ha señalado que si el beneficiario tiene un abogado de confianza y no quiere perder esa defensa ello no impide que el resto de las prestaciones las cubra la asistencia jurídica gratuita.
La norma introduce nuevos sistemas de gestión para garantizar el uso racional de este servicio público, agilizar las relaciones con los colegios de abogados, que son sus prestatarios, y prevé mecanismos para evitar el fraude.
A juicio del ministro, la ley va a permitir el acceso a los tribunales de todos los ciudadanos al margen de cuáles sean sus ingresos y "completa el proceso iniciado con la aprobación de la ley de tasas", cuyos ingresos han hecho posible financiar la ampliación de la justicia gratuita sin que suponga un incremento del déficit.
Daños por temporales
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los graves daños causados en los primeros meses de este año por los temporales de viento y mar sufridos en la fachada atlántica y en la costa cantábrica, singularmente en los días 1 y 2 de febrero.
La estimación provisional de los daños totales tanto en bienes particulares como de titularidad pública asciende a 150 millones de euros. No obstante, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que una parte de ellos, "del orden de veinte o veintidós millones de euros", estarían previsiblemente cubiertos por pólizas de seguro.
En cuanto al ámbito territorial, el titular de Interior ha explicado que el Real Decreto-ley aprobado hoy se circunscribe a municipios costeros que pertenecen a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, algo más de cien.
Una vez analizados los daños, a juicio del ministro, lo más urgente es reparar "los elementos de defensa del litoral" como playas y espigones, porque "son imprescindibles para hacer frente a la acción ordinaria del mar". También hay otras infraestructuras, como son las ferroviarias y las carreteras, cuya reparación es urgente, ha añadido.
Para que los municipios costeros puedan comenzar ya a reparar los daños, antes del comienzo de la temporada turística, Fernández Díaz ha subrayado que la norma incluye una convocatoria especial de "préstamos bonificados" a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El objetivo es "financiar las obras de reparación de esas infraestructuras turísticas de ámbito municipal y, también, los establecimientos turísticos privados".
El Real Decreto incluye otras medidas como son las ayudas por daños personales y por daños materiales, la exención de determinadas tasas de tráfico a los damnificados por pérdidas de vehículo y la posibilidad de financiar hasta el 50% el coste de la reparación de los servicios afectados en las infraestructuras locales. También contempla beneficios fiscales y en el ámbito laboral.
El ministro ha manifestado que el coste de estas medidas se financiará mediante créditos extraordinarios con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Además, ha señalado que se crea una comisión de seguimiento, que coordinará la Dirección General de Protección Civil de Emergencias del Ministerio del Interior, para evaluar las ayudas y subvenciones que se concedan.
Otros asuntos
En el turno de preguntas de la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta ha anticipado que en el debate sobre el estado de la nación que se celebrará la próxima semana "se pondrá en valor lo hecho" y se pondrá de manifiesto lo que queda por hacer, con especial atención al empleo y a las clases medias.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, preguntado por los sucesos de hace quince días en Ceuta, ha señalado que todos los inmigrantes que llegaron a la playa de la ciudad autónoma lo hicieron "sanos y salvos" y que no existe "relación causa-efecto entre la actuación de la Guardia Civil y los fallecimientos" que se produjeron.
Además, ha añadido que el Ministerio del Interior ha hecho un ejercicio de "total transparencia" al colocar en su página web todos los vídeos disponibles sobre esos hechos, inmediatamente después de que el Juzgado de Ceuta, al que le fueron entregados, autorizara su difusión.
Sobre el anunciado comunicado de la banda terrorista ETA, Fernández Díaz ha considerado que "va a ser más de lo mismo" y sobre la intervención de una denominada comisión internacional de verificación del desarme de ETA, ha asegurado que el Gobierno trabaja para la "derrota total y definitiva de ETA": "No nos hacen falta, dicho con todo respeto, esos verificadores internacionales, los mejores verificadores son la Guardia Civil y la Policía". "Si ETA quiere entregar las armas, que las entregue", a la escenificación y teatralización que la banda pretende hacer de esa entrega "no nos prestaremos", ha concluido
