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EDUCACIÓN
Madrid y oposición,dispuestos a judicializar laLOMLOE 2021

El Gobierno centra sus proyectos educativo y de libertad sexual en reducir conciertos privados

Las tres ministras entran en la rueda de prensa.Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno aprobó este martes sus proyectadas reformas educativa y de libertad sexual, con el denominador común de quitar financiación pública a los centros que imparten clases por separado a niños y niñas, aunque sea por voluntad de los padres. Las administraciones podrán hacerlo incluso antes de conocer la demanda social, por lo que oposición y Comunidad de Madrid anunciaron que recurrirán al Constitucional la LOMLOE que sucedería a la LOMCE en el curso 2021-2022 si lo aprueban las Cortes.
Redacción 4 de marzo de 2020 Enviar a un amigo
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El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE, cuya referencia oficial reproducimos textualmente abajo), prácticamente el mismo que el primer Gobierno de Sánchez presentó hace un año y decayó con el adelanto electoral, da más control a las administraciones públicas para retirar la financiación a las escuelas concertadas, que por su crecimiento en los últimos 10 años de recortes de gasto públicocada familia española gasta ya el doble de la media europea, si bien en la universidad el esfuerzo se triplica. Pero da prioridad a retirar la financiación pública de los conciertos a las escuelas que separan niñas y niños, principalmente las del Opus Dei.Su contenido más destacado es que otorga a las administraciones la posibilidad de programar la oferta de centros en función del cálculo del número de alumnos y cerrar grupos, tanto en la pública como en la concertada, antes de que los padres se pronuncien sobre el colegio que quieren para sus hijos, por lo que las asociaciones de la concertada han encontrado apoyo en la oposición y la Comunidad de Madrid para rechazarlo en el Congreso y Senado y ante el Tribunal Constitucional, por considerar que cercena la ibertad de las familias a elegir el centro deseado.Ademñas, coincide con los decretos que quiere aprobar próximamente la Conselleria d’Educació de Catalunnya, pese a que han recibido más de 100.000 alegaciones por parte de los padres afectados.

Otro aspecto de especial conflicto es que el proyecto de LOMLOE también autoriza a las administraciones educativas a repartir el alumnado con necesidades específicas o educativas por su situación social o dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y concertados, sin prever ninguna aportación económica adicional. Para las asociaciones representativas de la escuela concertada en España, tanto laicas como religiosas, se han tomado esta ley como un ataque frontal al modelo que representan. Opinan que asfixiará económicamente a los centros, como paso previo al establecimiento de un modelo de educación público.

No obstante, según los expertos, la normativa parece perseguir la finalización de los conciertos a los colegios que cuentan con recursos importantes, propios de escuelas privadas y que atienden a un alumnado de familias acomodadas. Indican al respecto que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconoció el 20 de febrero, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el papel de algunas concertadas: Sabemos que en esta tarea de construir una sociedad justa y solidaria podemos contar también con un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función social de la educación.

Valoración de las ministras Montero y Celaá 

Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (ver vídeo oficial) , avanzó que se trata de una norma que defiende una educación pública de calidad que garantice la equidad y la inclusión, además de tener como objetivo la transformación profunda del sistema educativo.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, concretó que el destinatario universal de la futura ley es el alumnado, con independencia de su talento inicial:El valor que pone el centro educativo es el diferencial entre el talento que entra en el aula y el talento que sale.

El corazón de la ley, según la ministra, es la enseñanza personalizada a través de distintas metodologías que permitan hacer progresar al alumno a partir de su capacidad. El proyecto también impulsa las enseñanzas de Formación Profesional y moderniza los currículos para que sean más competenciales y menos enciclopédicos y memorísticos. Además, evita los itinerarios segregadores con el fin de que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades: No se puede segregar a un niño por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.

Isabel Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Celaá destacóo que la futura ley pretende extender progresivamente la educación infantil de cero a tres años, incorporando, además, a los colectivos más desfavorecidos.La etapa de primaria, cursada por niños de 6 a 12 años, constará de tres ciclos. Se elimina la jerarquía de materias en primaria y secundaria obligatoria (desaparece la división de material troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen las pruebas finales de etapa. En secundaria, se eliminarán los itinerarios de cuarto curso.

Además de que se equipararán el Bachillerato de grado medio, que durará dos años, y la Formación Profesional de grado medio, que constará de 2.000 horas lectivas, la ministra Celaá anunció que en el plazo de un año el Gobierno presentará un modelo para la carrera docente que incluirá la formación inicial del profesorado.

Asimismo, el documento acordado hoy incrementa la autonomía de los centros y la participación en su gestión de la comunidad educativa. En una escuela inclusiva, participativa, los consejos escolares deben ser, nuevamente, órganos de gobierno donde estén los padres, los profesores y los directores de los centros, subrayóo la ministra.

Ley de libertad sexual para garantizar la seguridad de las mujeres

El Consejo de Ministros aprobó también aprobó enviar a las Cortes el anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que reforma el Código Penal e incorpora medidas de prevención, sensibilización y acompañamiento y reparación a las víctimas de delitos sexuales (cuya referencia oficial tambien reproducimos textualmente al final de esta información)..

La ministra de Igualdad, Irene Montero, explicó que el objetivo de la ley no es solo que se pueda intervenir con eficacia cuando se producen delitos sexuales, sino "convertir a España en un país más seguro para las mujeres" con la erradicación de todas las violencias sexuales, entendidas como cualquier acto de esa naturaleza no consentido, o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, público o privado.

La propuesta de reforma del Código Penal regula la figura del consentimiento en las relaciones sexuales como el elemento nuclear para juzgar si hay o no delito de agresión. Montero ha recordado que, hasta la fecha, las mujeres deben probar que ha habido sometimiento, violencia o intimidación, pero a partir de ahora la clave será que no haya habido consentimiento. Concretamente, el texto plantea que "no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente, por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto".

El anteproyecto establece, asimismo, nuevos delitos sexuales, como el matrimonio forzado, la mutilación genital o el contagio voluntario de enfermedades de transmisión sexual.

Respecto a la atención a las víctimas, la ministra ha enumerado una serie de recursos y medidas de acompañamiento y reparación, como centros de crisis de 24 horas, formación de equipos profesionales de atención, juzgados especializados y asistencia jurídica gratuita.

Agradecimiento al movimiento feminista

La ley también contempla la educación sexual y las campañas de sensibilización: "El conjunto de la sociedad tiene que concienciarse de lo que son violencias machistas y sexuales, y de conductas que hasta ahora estaban completamente naturalizadas, invisibilizadas y que no se consideraban como tal", ha dicho Montero.

Irene Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Igualdad resaltó la contribución del movimiento feminista para reivindicar y ampliar los derechos de las mujeres en España. Montero afirmó que sin su trabajo, y sin la participación de muchas mujeres y expertas, la ley no hubiese sido posible:Esta es su ley, la ley del 'sí es sí'".La leypermitirá convertir a España en un referente internacional en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres "para que nunca más se pierdan en un callejón oscuro.

Declaración institucional del Día de la Mujer

El Gobierno aprobó también una Declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que reitera su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

Irene Montero destacó que este año se cumple el vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que ha definido como "un momento clave" en el reconocimiento institucional e internacional de la lucha de las mujeres por sus derechos. Aun así, ha advertido, muchos de los retos planteados entonces siguen pendientes.

En este sentido, la portavoz María Jesús Montero afirmó que el Gobierno es "consciente de que queda mucho por hacer" y que por ello impulsará medidas como la igualdad de permisos de paternidad y maternidad o la mayor presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas "para romper el techo de cristal que nos obliga a hacer un sobreesfuerzo por el simple hecho de ser mujeres".

Impacto del coronavirus y otros temas
María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha analizado un informe del Ministerio de Sanidad sobre la situación del coronavirus que refleja que, desde el inicio del brote, se han confirmado casi 90.000 casos, el 90% en China. En la Unión Europea hay más de 2.100 casos, el 74% de ellos en Italia. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades elevó ayer el riesgo de contagio de moderado a alto en la Unión Europea y en el Reino Unido.
María Jesús Montero ha informado de que el riesgo es moderado en España, donde se han registrado 129 casos, la mayoría importados. La ministra ha resaltado que nuestro país cuenta con un sistema sanitario fuerte que permite la prevención y la detección precoz de los afectados. Asimismo, ha señalado que Sanidad está informando puntualmente a los ciudadanos, a los que ha agradecido su "respuesta cívica y moderada". En este sentido, ha apuntado que la Organización Mundial de la Salud destaca que "la actuación de España está siendo modélica".
La portavoz ha asegurado que el Gobierno sigue las recomendaciones que emiten las autoridades sanitarias y está actuando con "firmeza y proporcionalidad". La situación es dispar en cada país, por lo que, ha dicho, hay que extremar la coordinación con las comunidades autónomas y entre los países de la Unión Europea.
María Jesús Montero ha explicado que el Ejecutivo está monitorizando el impacto que el coronavirus pueda tener sobre la economía y toma con cautela el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que reduce en tres décimas el crecimiento en la zona euro. Asimismo ha afirmado que el Gobierno está preparado para actuar en el marco de la Unión, que ha creado un gabinete de respuesta que atiende tres enfoques: el sanitario, el de movilidad y el económico.
Investigación en tratamientos de enfermedades raras
El Ejecutivo ha acordado aplicar un régimen de precios específico a los denominados medicamentos huérfanos, que son los que se destinan a tratar enfermedades raras o poco frecuentes.
Las enfermedades raras afectan a cerca de tres millones de personas en España y por su baja prevalencia -existen pocos casos de cada una de ellas en relación con la población general- la rentabilidad de los productos farmacéuticos para su tratamiento resulta menor.
Montero ha resaltado la importancia de la medida aprobada para incentivar la investigación de la industria farmacéutica y la comercialización de estos medicamentos.

38 millones a asociaciones agroalimentarias
El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de subvenciones para proyectos de inversión de entidades asociativas prioritariasagroalimentarias de carácter suprautonómico. Su presupuesto supera los 38 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
María Jesús Montero ha señalado que estas ayudas se dirigen a mejorar la competitividad de los productos que ofertan estas asociaciones, aumentando su valor añadido y mejorando su posicionamiento en los mercados.
Por otro lado, se ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las "Lonjas de referencia" y se crea su Registro Nacional. Estos centros actuarán como centinelas para observar la evolución de los precios de los productos agrícolas y ganaderos, lo que permitirá disponer de datos precisos para mejorar el funcionamiento y la transparencia de la cadena de valor de mercado, ha explicado la portavoz.


Texto íntegro de la referencia oficial sobre la LOMLOE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE) que pretende posicionar a España en los niveles de los países con una mejor educación, según las directrices de la OCDE, y tal y como plantea la Agenda 2030. El Proyecto de Ley deroga la LOMCE, y es la primera pieza y piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo de largo alcance, responsable con nuestros menores y su futuro.

Este proceso de transformación incluye la modernización de la Formación Profesional, con la colaboración de todos los agentes implicados; la reforma de la profesión docente; el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la reforma del actual modelo de becas que garantice la igualdad de oportunidades.

Para todo ello, el Gobierno propone incrementar progresivamente la inversión hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.

Derechos de la infancia como principios rectores

Por primera vez, una Ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Además, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación.

El Proyecto de Ley defiende que la educación pública es el eje vertebrador del sistema abordando la tarea educadora acompañado de un importante sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales.

Mayor personalización del aprendizaje

Asimismo, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. De igual forma, la educación para el desarrollo sostenible ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria.

Es una propuesta que multiplica el esfuerzo, que ya no es solo del estudiante. Se trata de un sistema educativo que acompañe a los estudiantes en su desarrollo como individuos, como ciudadanos de una sociedad democrática y como profesionales competentes.

La digitalización es otro de los ejes fundamentales de la Ley. Se trata de una iniciativa transversal que implica una nueva forma de construir conocimiento y gestionar la información, y que transforma también la economía y el empleo. Para desarrollar esta estrategia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elaborado el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y Formación Profesional.

El Proyecto de Ley aprobado pretende extender la educación infantil 0-3, además asegura una distribución equilibrada del alumnado y refuerza la prevención de la segregación entre escuelas y entre las redes pública y concertada para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades.

El objetivo de la LOMLOE es que el alumnado tenga más y mejores oportunidades educativas, el profesorado tenga los recursos necesarios para una educación más personalizada y las familias, una participación más activa.

La equidad y la excelencia como ejes de la transformación del sistema

La norma pretende garantizar a estudiantes, profesorado y centros un modelo inclusivo y moderno sin itinerarios segregadores ni reválidas. Se eliminan los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en ESO. Los alumnos y alumnas que superen la FP Básica recibirán el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria. Por otro lado, introduce evaluaciones-diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO para que los centros y profesores desarrollen planes estratégicos de mejora continua.

Modernización del currículo

El Proyecto de Ley apuesta por la actualización del currículo, haciéndolo más flexible y competencial, dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos. También se reformula el programa curricular de atención a la diversidad y se incorporan medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Ordenación de las enseñanzas

La Educación Primaria se organiza en tres ciclos. La Ley elimina la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen definitivamente las pruebas finales de etapa.

El texto lleva a cabo una regulación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013 -un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial-.

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

Por otro lado, la norma garantiza que todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO cursen una materia de educación en valores cívicos y éticos. En Bachillerato, se prevé la posibilidad de que, excepcionalmente y cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.

Asimismo, la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.

Participación de la comunidad educativa

El texto aprobado incrementa la autonomía de los centros y la participación en su gestión de toda la comunidad educativa. Garantiza la participación activa de los padres y madres en el consejo escolar y la libertad de elección de centro. El profesorado verá reforzado su papel protagonista en la acción educativa mediante la capacidad de adaptar los planes de trabajo y aplicar pedagogías activas.

La nueva norma da prioridad a los centros que se organicen bajo el principio de coeducación. De esta forma, aquellos que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su sexo o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la ley. En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual.

Amplio proceso de participación

El documento, que ha vuelto al Consejo de Ministros tras ser aprobado por el Ejecutivo el pasado 15 de febrero de 2019 y que no pudo ser tramitado en el Parlamento por la convocatoria electoral, es el resultado de un amplio proceso de participación con más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consultas. El texto ha sido revisado por los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y ha recibido las aportaciones de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como analizado en reuniones con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo.

El documento se ha presentado ante las Comisiones de Educación y Formación Profesional del Congreso y del Senado y por su parte, el Pleno del Consejo Escolar del Estado (el máximo órgano de la comunidad educativa) aprobó por mayoría absoluta el informe del anteproyecto presentado por la Comisión Permanente.

Texto íntegro de la referencia oficial sobre la Ley de Libertad Sexual

El Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. Esta Ley, que recoge muchas de las demandas del movimiento feminista, significará la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas, así como la erradicación de todas las violencias sexuales, reconociendo que afectan a las mujeres de manera desproporcionada.

Su ámbito de aplicación comprende, sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, las violencias sexuales entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.

Esta Ley será un referente internacional en materia de protección de las mujeres ya que las protege de todas las violencias sexuales. En ese sentido destaca su carácter integral basado en la prevención, el acompañamiento y la reparación. Es clave en la Ley poner en el centro el consentimiento de la mujer, es decir la libertad sexual.

Con esta Ley además se da cumplimiento a las responsabilidades de España en el marco de la violencia de género fuera del ámbito de la pareja o expareja, en su deber de proteger y promover el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Eso significa cumplir con las obligaciones que establecen los principales tratados internacionales y europeos de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) o el Convenio sobre la Prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) ratificado por el Estado español en 2014. De forma paralela esta norma además dará cumplimiento a algunas de las medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017), mejorando el marco del propio Pacto, gracias a la integralidad de la norma.


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