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El PSOE busca cubrir a 730.000 hogares con el mínimo vital

El Gobierno de Sánchez asume un modelo liberalizado de renta básica mensual, 40% mayor que la AIReF

España en cuantías de mínimos vitales aportadas actualmente por las comunidades autónomas según AIREF

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez impulsa una renta básica mensual con pagas de entre 600 euros y 1.800 euros en algunos casos y coste de 7.000 millones y 10.000 millones, un 40% mayor que la propuesta de la autoridad fiscal independiente (AIReF). Retorna así un debate intensificado el año 2017, cuando la idea se tornó liberal al plantearse que el modelo se financiaría por el ahorro generado por la supresión de un amplio catálogo de ayudas sociales públicas por valor de 20.000 millones.
Redacción 19 de agosto de 2019 Enviar a un amigo
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El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, ante las negociaciones para intentar formar un Ejecutivo en septiembre para superar la fallida investidura y el anticipo electoral, ha recuperado una de las principales medidas con las que se presentó a las pasadas elecciones generales. Una de estas medidas, focalizada en la reducción de la pobreza en España, y consistente en introducir un ingreso mínimo vital para los hogares en una situación marginal, medida solicitada por los sindicatos en 2017 en el Congreso , y que, según señaló la AIReF durante la presentación del estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España (presentado el pasado 26 de junio a petición del propio Consejo de Ministros) supondría entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros anuales

Pero en este mismo estudio la autoridad fiscal elabora dos alternativas a la propuesta sindical, que "se aproximan al planteamiento del Gobierno" que pretende ejecutar en la nueva legislatura, si bien esa propuesta del Ejecutivo guarda algunas diferencias con esta propuesta y también con la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y CGT, según informa Gonzalo Velarde en eleconomista.es



La más importante es la del nivel de las cuantía previstas en la cobertura de los hogares que el Gobierno del PSOE plantea en un 40% más que la versión de la AIReF. Esta estima que la  Iniciativa Legislativa Popular (ILP)  presentada en febrero de 2017 a propuesta de UGT y CCOO (ILP de ingresos mínimos) mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal entre 7.200 y 9.800 millones: al  realizar una serie de propuestas para mejorar el diseño de la prestación planteada  desde el punto de vista de su eficacia, institucionalidad y eficiencia,  AIReF plantea establecer la renta del hogar como requisito principal para el acceso a la prestación, focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios y hacer la prestación compatible con el empleo.Para mejorar el diseño institucional, propone simplificar el sistema de rentas mínimas evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones. Para asegurar la eficiencia, plantea encuadrar su puesta en marcha en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto.

Concretamente, si la alternativa del organismo auditor AIReF partía de una base 426 euros mensuales ampliables con una dotación de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo para un máximo de tres, el planteamiento del Ejecutivo partiría de un suelo de 600 euros al mes que llegaría hasta los 1.800 euros en los casos más extremos.

Coste de la Iniciativa de UGT y CCOO según la AIREF  

Coste Iniciativa Legislativa Popular (ILP)  presentada en febrero de 2017 a propuesta de UGT y CCOO

De este modo, esta tendría dos ramas: la primera de ellas, una ayuda para los hogares con pobreza infantil severa, donde se encuadrarían las ayudas de entre 600 y 1.800 euros, mientras que para los hogares en situación de alta pobreza las cifras serían entre 600 y 1.200 euros.

Capacidad financiera de los hogares

En este sentido, una de las peculiaridades de la versión del Gobierno de esta medida es el hecho de que se focaliza en la capacidad financiera de los hogares y no de los individuos, a diferencia de lo que plantea la ILP de los sindicatos. Por ello se asemeja más a lo esbozado por la AIReF sobre este aspecto, tanto en cuanto si el nivel de renta de la unidad familiar es insuficiente se podría percibir el ingreso mínimo vital incluso dentro del hogar beneficiario alguno de sus miembros se encuentra desempeñando un trabajo. Siendo esta una de las principales reclamaciones del organismo dirigido por José Luis Escrivá ya que, según la AIReF, el requisito de vincular esta ayuda a la coyuntura de paro de larga duración es contraproducente al reducir los incentivos para la búsqueda de empleo, objetivo de estos programas.

Lo que el Gobierno no confirma aún es el coste global que tendría la aplicación de este plan integral contra la pobreza, si bien podría situarse en esa franja de entre 7.000 millones y 10.000 millones que calcula la AIReF, e incluso por encima en función de las cuantía y el número de beneficiarios cubiertos.

Con todo ello, el objetivo de la administración es atender estas situaciones de riesgo de exclusión social, con especial atención a los hogares con niños, para en un horizonte de cuatro años "llevar a cabo un despliegue que reduzca en un 100 por cien los casos de pobreza extrema" en nuestro país, explican estas mismas fuentes.

Ayudas regionales y locales

Además, el otro aspecto que distancia la propuesta del Gobierno y la de AIReF, es que en este último caso se propone que la aplicación de la renta mínima sirva para eliminar otras ayudas similares en el nivel autonómico y local, algo que según el organismo en cuestión podría reducir la factura fiscal del subsidio en unos 2.000 millones de euros al año, al estar centralizada la gestión del mismo. "El Gobierno no está por la eliminación del resto de ayudas", apuntan a elEconomista.

Sin embargo, resulta ineludible reconocer la labor del Gobierno socialista en este campo desde que Pedro Sánchez alcanzase la presidencia en junio del pasado año. En primera instancia, el Ejecutivo incluyó en el macrodecreto de incremento de las pensiones aprobado en diciembre de 2018 la ampliación de manera indefinida del subsidio extraordinario por desempleo – que tenía un carácter temporal (180 días), siendo renovado semestralmente hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 15%, con una cuantía de 430 euros mensuales– y que se desvinculó de la evolución del mercado laboral.

En marzo se decidió el incremento de la asignación económica por hijo a cargo, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos. También se regló que los parados mayores de 52 años accedan al subsidio por desempleo, reservado a los mayores de 55 años.

El PSOE plantea la introducción de una nueva prestación a cargo de las cuentas de la Seguridad Social, y de carácter centralizado, denominada ingreso mínimo vital para asistir los caso de pobreza extrema con especial hincapié en los casos de situaciones en las que haya menores en riesgo de pobreza severa.

Las ayudas partirían de una cuantía de 600 euros al mes para los hogares sin ingresos de la que creen que podrían beneficiarse actualmente 730.000 familias. En principio, el coste estimado por el gabinete socialista para las arcas públicas ascendía a más de 6.450 millones de euros, si bien el cálculo se estimaba sobre rentas que partiesen se los 426 euros, una cifra que según explican fuentes cercanas al Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil -encargado del diseño de la medida- se incrementaría hasta la anteriormente mencionada, elevando así el coste previsto.

Del mismo modo, el Gobierno del PSOE plantea que se financie la partida que liberaría la Seguridad Social a través de transferencias del Estado, de modo que el cargo iría contra los Presupuestos Generales, o lo que es lo mismo, se cubriría el coste con recaudación de impuestos.

Mientras que AIReF aboga por una renta mínima que sea compatible con trabaja, Unidas Podemos pide cuantías que partan de los 650 euros al mes, Ciudadanos apuesta por introducir un complemento salarial. 

Debate intensificado el año 2017

El 'think tank' del ministro Montoro da con un modelo de renta básica con coste cero, según publicaba en junio de 2017 lainformación.com. Actúa como el impuesto negativo de Pedro Sánchez y establece el pago de rentas anuales de hasta 5.155 euros para las personas con menos de 10.310 euros.

De un tiempo a esta parte han sido pocos los partidos políticos, investigadores o institutos de análisis económico que no han sucumbido a la tentación de plantear un modelo de Renta Básica Universal como respuesta al desafío de la robotización y los efectos supuestamente devastadores que ésta tendrá sobre el empleo. La mayoría de ellos han topado con la misma objeción: suinasumible coste presupuestario para un país que aún vive bajo la vigilancia de los 'hombres de negro' y con las restricciones propias del Protocolo de Déficit Excesivo de Bruselas.

En este animado contexto académico, el Instituto de Estudios Fiscales, el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acaba de editar un estudio que defiende un modelo de Renta Básica singular, ya que se construye sobre la premisa de no implicar coste extra alguno para las arcas públicas.

El modelo, ideado por los investigadores de la Universidad de Valencia Amadeo Fuenmayor y Rafael Granell, arranca del mismo punto de partida seguido por la propuesta de Renta Básica de Pedro Sánchez o por la formulada hace algún tiempo más por Ciudadanos: la creación de un impuesto negativo sobre la renta. Su desarrollo, claro, es menos ambicioso. Dónde el líder socialista prevé una Renta Básica en el entorno de los 12.000 euros, la propuesta 'apadrinada' por el Instituto de Estudios Fiscales plantea una renta anual de hasta 5.155 euros, buscando la referencia de la pensión no contributiva mínima actual.

Según uno de los autores intelectuales de la propuesta, el profesor Amadeo Fuenmayor, la idea es sustituir el amplio y disperso catálogo de ayudas sociales existente en la actualidad por una Renta Universal, que, al menos, cubra las necesidades más básicas de la población.

Ése planteamiento es la clave de su sostenibilidad, ya que lo que se propone es financiar esa Renta Básica con el ahorro generado por la eliminación de toda una serie de ayudas sociales que van desde las prestaciones no contributivas hasta las becas de estudios o los complementos a mínimos, una 'limpieza' que liberaría más de 20.000 millones de euros de recursos públicos. "Entendemos que con una Renta Básica ya operativa esas prestaciones públicas destinadas a resolver situaciones específicas de necesidad ya no tendrían sentido", explica el profesor Fuenmayor.

Una 'paga' para los más jóvenes. 

Técnicamente, el modelo funcionaría así. Se establecería un mínimo exento, un punto de corte por decirlo así, de 10.310 euros - el doble del actual, que está en unos 5.500 euros -. Las rentas percibidas por encima de ese umbral pagarían un tipo impositivo del 50% y las que se situaran por debajo percibirían un ingreso creciente cuánto menores fueran sus ingresos, con el máximo anual de 5.155 euros señalado anteriormente.

El sistema tiene otras peculiaridades como que sería universal en sentido estricto. Es decir, se aplicaría a las personas en edad de trabajar y tributar, y a las que no lo están. Los menores sin rentas reconocidas, con independencia de su edad, percibirían una suerte de paga de 1.547 euros al año a modo de compensación por el gasto que generan en sus núcleos familiares.

Al margen de su sostenibilidad financiera, los autores recalcan la potencia del modelo a la hora de reducir la desigualdad y la pobreza. En las microsimulaciones realizadas para estimar cuáles serían sus efectos sobre la situación de los hogares españoles los resultados indican que la tasa de pobreza relativa en España (porcentaje de población por debajo del 60% de la renta mediana) caería prácticamente a la mitad, hasta el 12%, y la de pobreza extrema(40% de la renta mediana) a menos de la tercera parte, un 2,7%, en línea con la de los países europeos más avanzados. Algo similar resulta con el análisis de la desigualdad.

Unas semanas antes, el mismo medio decía que el nuevo PSOE de Sánchez apoya la propuesta que ya recogía la Ponencia de Díez de un Ingreso Mínimo Vital, planteamiento que aprobó el Congreso el pasado mes de febrero fijando la cuantía en 426 euros. Pero el sanchismo pide ir más allá y fija como objetivo esa Renta Básica que tiene unas características propias. Así, aunque el propio Secretario General ha expresado en las últimas horas su deseo de ocupar el espacio de centro que habría dejado Ciudadanos al pactar con el PP, parece que sus primeras decisiones se dirigen más bien hacia el electorado de izquierdas.

Pau Marí-Klose, colaborador del equipo de Pedro Sánchez, explica a Lainformacion.com que se trata de un "impuesto negativo sobre la Renta" que "se introduce a través del sistema fiscal", por eso se llama "sistema de Transferencias Fiscales". Se garantiza así que todos los españoles sin ingresos tengan una renta y, a la vez, sirve de complemento salarial para aquellos con ingresos bajos. Tal y como explica Marí-Klose, "combina elementos del Ingreso Mínimo Vital y la idea del complemento salarial introduciendo la subsidiación de los salarios bajos, que se irá reduciendo progresivamente, pero manteniendo incentivos para aceptar ofertas de trabajo".

Sánchez propone que, en un primer momento, se debe fijar un objetivo de Renta Básica para los españoles de acuerdo con el nivel de pobreza existente. Así, todos los que se encuentren por debajo de ese umbral (ya sea por trabajo, subvenciones o cualquier otra situación) recibirán de Hacienda una transferencia. El líder socialista plantea que ese techo se aumente "en el futuro, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y las necesidades sociales".

El Secretario General del PSOE considera que es "una medida estructural que se inserta en el sistema fiscal y puede irse elevando en su cuantía en la medida en que una parte creciente de la población se vea expulsada del mercado de trabajo productivo y se recrudezca el paro tecnológico". Añade que "no es el trabajo humano el que se está poniendo en peligro debido a la digitalización, sino el trabajo asalariado. Existen muchos trabajos con utilidad social que difícilmente tendrán una valoración de mercado, y que deberán ser compensados con esa Renta Básica".

Un detalle a tener en cuenta es que la Renta Básica Universal de Pedro Sánchez no es similar a la Renta Garantizada que defiende en este momento Unidos Podemos, ya que esta última no se plantea como complemento salarial. En sus inicios Podemos sí que propuso una Renta Garantizada de 600 euros mensuales parecida a la del líder socialista (la diferencia principal es que el partido morado pretendía que se hiciera a través de una transferencia monetaria y los socialistas proponen que esté integrada en el sistema fiscal). No obstante, tras la coalición con Izquierda Unida se descartó.

Un informe de Ocde la torna liberal al sustituir las prestaciones sociales

Por las mismas fechas, la agencia Efe informó que el reciente informe de la OCDE animando a los países a probar la eficacia de la renta básica universal (RBU) se ha sumado al debate que, desde sectores más liberales, se ha intensificado alrededor de este modelo como sustituto de las prestaciones sociales, según recogieron diversos medios durante el mes de junio de 2017 .

"De renta básica habla todo el mundo. La diferencia fundamental radica en cómo se financia. Las propuestas de derechas lo harían mediante el desmantelamiento del Estado de Bienestar, o lo que queda de él, pero la renta básica universal no tiene que ser a cambio de eso", explica a EFE el economista y profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona (UB) Daniel Raventós. 

Raventós, coautor de uno de los estudios más relevantes sobre la viabilidad de una renta básica universal en España, defiende su financiación con una profunda reforma fiscal y eliminando sólo las prestaciones monetarias de cuantía inferior. 

Una renta básica universal e incondicional para todos los españoles, de unos 625 euros al mes, es perfectamente viable con una reforma fiscal que conlleve a un reparto más justo de la riqueza, subraya Raventós, que advierte que el otro camino puede resultar incluso "contraproducente".

Y en ese otro camino es donde están surgiendo últimamente más planteamientos como esa recomendación de la OCDE que plantea que la asignación de la renta universal conllevaría la eliminación de todas las ayudas o prestaciones sociales. 

Esta sería, argumentan, la única forma de poder financiarla sin incurrir en déficit excesivos ni dañar la productividad o el mercado laboral dando además más eficacia al complejo sistema de protección social en muchos países. 

La renta básica universal responde a varios objetivos esenciales: mejorar la libertad de elección de todas las personas asegurándoles unos ingresos mínimos, reducir la pobreza y afrontar la transformación del mercado de trabajo, describe el director de Estadística y Coyuntura de Funcas, Raymond Torres.

Junto a esto, señala, también se ha abierto un debate más técnico sobre los dispositivos actuales de protección social y su funcionamiento. 

"El sector más liberal dice que tiene que sustituir a la protección social", resume Torres que no ve sencillo este camino y que, en base a sus estimaciones, cifra en 365 euros al mes a lo que tocaría cada español si se sustituyese toda la protección social (menos la Sanidad) por una renta básica universal.

"Ahí se ven las limitaciones", expone Torres, para quien el modelo debería pasar por poner un serie de condiciones a la renta básica que, así, dejaría de ser universal pero podría sumarse al sistema actual de protección social sin un coste prohibitivo. 

Torres aboga por probar el sistema, por ejemplo, fijando con límites de renta y ver si se genera o no una dependencia del subsidio que acabe con los incentivos para salir de esa situación.

Pero, sobre todo, pide una reflexión sobre el mercado laboral español, la calidad de sus empleos y los salarios, y no tanto sobre las herramientas de protección social en la que, no obstante, ve margen de mejoras. 

"El trabajo es lo que explica la pobreza no tanto las posibles deficiencias en la protección social", argumenta.

Ahí, Raventós defiende la RBU como una forma de salir de la "trampa de la pobreza" que suponen los subsidios condicionados, como el paro, y como una herramienta clave para dar más poder a los trabajadores en un mercado como el actual. 

"Planteada y financiada adecuadamente significa acabar con la pobreza de golpe", insiste. 

El debate académico, social y político sobre esta herramienta se ha intensificado en los últimos tiempos, coinciden ambos expertos. Otra cosa, será su implantación.


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