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Aún no aprueba cómo transponer la directiva europea de 2014

El Gobierno demora la ley para que las empresas incorporen la corrupción a sus informes de RSC

Las empresas tendrán que informar sobre casos como el de Rato u otros de corrupción

El último Consejo de Ministros recibió un informe del ministro económico De Guindos sobre el Anteproyecto de Ley para la trasposición de la Directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas. Casi un año después del plazo marcado por esa norma europea para que las empresas mejoren su información entre otros asuntos sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción, el Gobierno no puso plazo a su envío al Parlamento.
Redacción 4 de septiembre de 2017 Enviar a un amigo
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El texto, según informó el Gobierno, será ahora remitido al Consejo de Estado para recibir dictamen, antes de su aprobación como proyecto de ley y posterior tramitación parlamentario. La transposición de la directiva europea por parte de España lleva gran demora, pues debería estar en vigor antes del 6 de diciembre del 2006. El Gobierno, aunque la directiva es de 2014, esperó hasta hace un año para encargar el borrador que aún no ha aprobado. Y ello a pesar de que esa norma europea ha sido ampliada y mejorada el pasado junio de 2017, cuando según informó Ibercampus.es la Comisión Europea aprobó nuevas directrices sobre la divulgación de información medioambiental y social que complementan su directiva de 2014, al mismo tiempo que entró en vigor la cuarta Directiva europea contra el blanqueo de capitales.

Estas nuevas normas europeas ya se conocen así antes de que el Gobierno de Rajoy envíe al Parlamento el proyecto de aley para trasponer a España las anteriores. El del borrador del proyecto lo encargo el Ejecutivo al ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad),  para que luego lo presentara y completara un grupo de trabajo compuesto, entre otros, por representantes de distintos Ministerios como el de Justicia, Empleo o Agricultura.

Antes de la consulta pública abierta por el ICAC, realizaron posicionamientos entidades interesadas como  el Observatorio de RSC y Foretica. El primer documento incluye algunas propuestas de consenso resultado del taller interno de trabajo realizado en mayo de 2016 con las aportaciones de representantes del mundo académico, sindical, de la empresa, de consumidores, del tercer sector y de la economía social:Divulgación de información no financiera. Propuestas para la transposición de la Directiva Europea 2014/95“.

El segundo documento, “Avanzando hacia un nuevo marco regulatorio de transparencia. Estudio sobre la adaptación de la Directiva de divulgación de información no financiera y diversidad (2014/95/EU)”, fue elaborado por el equipo de Forética con el apoyo de Bankia, y analiza en profundidad, tanto las implicaciones de la Directiva, como los modelos de trasposición seguidos en distintos países europeos.

Los auditores incluso ven disonancia entre la RSC real y la requerida por inversores y grupos de interés. El REA+REGA ha sido la primera corporación española de auditores en incorporarse al Consejo Internacional de Informes Integrados. "Hoy vemos que los temas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se están implantando en las grandes empresas, ya sea por cumplir con los requerimientos legales y/o por haber definido una estrategia de RSC, pero aún percibimos cierta disonancia entre lo que requieren los inversores y en general todos los grupos de interés y lo que las compañías hacen", dicen.

Tras la publicación del borrador de la transcripción a la legislación española, CCOO en un documento formal confirmó la degradación del espíritu de la Directiva. "Con esa redacción no se obliga a empresas de más de 500 trabajadores, sino a otras mayores (se ha incluido el factor ‘que sean de interés público‘). Ni rastro de los indicadores clave -KPI- (mucho menos los referidos a la Desigualdad e impacto fiscal: patada adelante, vía Comisión Europea). Y tampoco nada de consultar al Consejo Estatal de RSE (Ver ‘¿Qué fue del #CERSE?’"

Objetivos de la nueva Ley según el Gobierno

Con esta transposición según anunció el pasado viernes el Gobierno se modifican el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con un doble objetivo:

  • Aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción. La finalidad es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad.
  • Ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

En concreto, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, la Directiva Europea señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.

Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales. En relación con los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción.

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. De acuerdo con la Directiva, las empresas deberán presentar esta información incluyendo una descripción de las políticas y resultados en estas materias. Esta información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.

Empresas afectadas y auditadas que incumplen 

Estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público que reúnan los siguientes requisitos:

- Número medio de los trabajadores durante el ejercicio superior a quinientos.

- Que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias:

  • Que el total de las partidas del activo sea superior a veinte millones de euros.
  • Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los cuarenta millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250. 

Veintisiete de las 35 empresas del Ibex ( verificaron la información extrafinanciera correspondiente a 2015, cuyo informe firmado por una firma independiente está incluido en sus memorias.  Pese a ello, todas las empresas del IBEX suspenden ese año en derechos humanos y laborales, según el Observatorio RSC.La puntuación global es de un 0,78 sobre un total de 4, considerándose el nivel de información global como anecdótico. Tampoco la mayoría  quieren que se hable siquiera de ello, a juzgar por el hecho de que solo 16 de las 35 empresas han enviado comentarios a los informes individuales, ampliando y facilitando el acceso a la información necesaria para la realización del estudio: Abertis, Aena, ArcelorMittal, Banco Popular, Bankia, CaixaBank, DIA, Enagás, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Inditex, Red Eléctrica, Repsol, Sacyr y Telefónica. 



De todaa ellas, solo 10 cuentan con una política específica en materia de derechos humanos(Repsol, Iberdrola, GNF, Ferrovial, Endesa, ArcelorMittal, Acciona, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA).

Auditar la denominada información extrafinanciera se ha convertido en una práctica habitual en las empresas, que consideran que contar con un informe firmado por un experto independiente que verifique sus prácticas éticas, sociales y ambientales aporta mayor fiabilidad y credibilidad a los inversores y grupos de interés, al mismo tiempo que contribuye a la transparencia de la organización. 

Veintisiete empresas del Ibex decidieron hacer este proceso de verificación con la información extrafinanciera correspondiente a 2015, cuyo informe firmado por una firma independiente está incluido en sus respectivas memorias (integradas o de sostenibilidad). Esta cifra supone . 

Este retroceso se explica, fundamentalmente, por los cambios experimentados en el Ibex en los últimos meses, con la salida de grupos como OHL y Sacyr, que verifican su informe de sostenibilidad, y la incorporación de Cellnex, Merlin Properties o Viscofan, que no lo hacen. Aena, por su parte, este año no ha verificado su informe de responsabilidad corporativa, que en años anteriores estaba adjudicada a Aenor. Tampoco Acerinox, la filial española de ArcelorMittal, Dia y Grifols realizan esta verificación.

Las big four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) auditan nueve de cada diez informes. Entre las novedades de este año destaca Técnicas Reunidas. El informe integrado del grupo de ingeniería incluye, por primera vez, el informe de aseguramiento limitado de los indicadores de responsabilidad social corporativa, que lleva a cabo la firma PwC. Además de la ingeniería y el grupo hotelero, PwC se encarga de Amadeus, Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Mediaset, Popular y Red Eléctrica. Mientras, Deloitte, con la salida del índice de OHL, a la que verificaba la información, pierde el primer puesto, y se coloca segunda con siete auditorías. Mantiene a Abertis, Ferrovial, Repsol y al grueso de los bancos del selectivo (Bankinter, BBVA, CaixaBank y Santander).

KPMG ha ganado la de Mapfre, que antes realizaba EY, pero se mantiene en tercer lugar con seis auditorías, al hacer también las de Acciona, ACS, Enagás, Iberdrola e Indra. 

EY, por su parte, tras la salida de Mapfre, hace las verificaciones de Bankia, Endesa, Gamesa y Teléfonica.

Del dominio de las big four se escapan Iberia (perteneciente al hólding aéro IAG) e Inditex, que siguen fieles a Aenor y SGS, respectivamente, para revisar los indicadores de su información extrafinanciera.

Mismo auditor

Dieciocho de las 27 sociedades del Ibex que verifican su información ética, social y ambiental han optado por hacerlo con la misma firma con la que audita sus cuentas, una decisión que se ha ido intensificando a medida que cobra fuerza entre las empresas el informe integrado, que agrupa toda la información financiera y extrafinanciera en un único documento. Entre ellas, Técnicas Reunidas, que en su primer año ha decidido hacerlo con PwC.

Nueve grupos, por el contrario, lo llevan a cabo con una firma distinta. Es el caso de Acciona (que audita sus cuentas anuales con Deloitte), ACS (Deloitte), Amadeus (Deloitte), Banco Sabadell (PwC), Enagás (Deloitte), Iberia (EY), Iberdrola (EY), Mediaset (EY) y Red Eléctrica (que confía sus cuentas a KPMG). Muchas de las empresas que trabajan con diferentes firmas de servicios profesionales para la verificación y la auditoría consideran que repartir esta labor entre distintos expertos aporta mayor credibilidad a la información y es mejor valorada por los grupos de interés, especialmente los inversores.


 


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