jueves,18 agosto 2022
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Dice que la reforma administrativa ahorra a los ciudadanos

El Gobierno destina 100 millones a investigación

Sara Arranz
El Gobierno en funciones ha autorizado al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial la convocatoria correspondiente al año 2016 de ayudas destinadas a financiar el Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional, por un importe de 100 millones de euros. Esta es la decisión más destacada oficialmente de las tomadas en una reunión donde se pasó revista a la reforma de la Administración, al sector de automóvil y al empleo, además de decidir nuevas ayudas al carbón.

Según la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, los 100 millones de euros irán a grandes proyectos empresariales de investigación industrial y desarrollo experimental realizados a través de consorcios. Cada uno deberá estar constituido por un mínimo de tres empresas y un máximo de ocho, y el 15% del presupuesto total de cada proyecto deberá subcontratarse con organismos de investigación. Los proyectos tienen que estar orientados a áreas estratégicas y con proyección internacional.

El objetivo de este programa es promover la colaboración entre los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como fomentar la participación de la pequeña y mediana empresa en ese tipo de consorcios y, por tanto, en tareas de investigación.

El Programa CIEN, perteneciente al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, tiene el objetivo de promover la cooperación público-privada entre los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para facilitar la orientación de la investigación a las necesidades de las empresas. Con este fin, incentiva la realización de proyectos de I+D en consorcios constituidos por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas.

Los proyectos deben contar con una participación relevante de organismos de investigación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, por lo que, al menos, el 15 por 100 del total del presupuesto del proyecto aprobado se debe subcontratar con organismos de investigación; uno de los cuales, al menos, será de titularidad pública.

Estas ayudas pueden tener una duración de tres o cuatro años y son para proyectos de investigación que requieran una inversión mínima de entre siete y veinte millones de euros.

La cobertura financiera de la ayuda alcanzará hasta el 75% del presupuesto de cada proyecto, con una participación mínima por empresa de 350.000 euros, que desciende a 260.000 euros para las pequeñas y micro-empresas.

Desde su lanzamiento en 2014 este programa ha financiado 39 consorcios formados por 270 empresas que han trabajado en estrecha colaboración con 526 centros de investigación.

Reforma de la Administración

El Consejo de Ministros ha analizado el Informe de seguimiento de la ejecución de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), con los datos relativos al primer trimestre de este año.

Sáenz de Santamaría ha manifestado que, a pesar de que el Gobierno se encuentra en funciones, "el informe y su cumplimiento han cogido ya velocidad de crucero": en esos tres meses los ahorros se han incrementado en 452 millones de euros para las Administraciones Públicas y en 584 millones para los ciudadanos y las empresas.

De esta manera, los ahorros acumulados hasta el trimestre actual suman 30.947 millones en el primer caso y 4.026 en el segundo.

Entre las últimas medidas puestas en marcha, la vicepresidenta ha destacado la Carpeta Ciudadana, que posibilita a la persona que entra en esa plataforma y se registra con su clave obtener la información que de ella tiene la Administración, obtener certificados y notificaciones "y, en general, tener una visión muy global de sus relaciones con la Administración".

Para ejemplificar los progresos de la reforma, Sáenz de Santamaría ha señalado que la Agencia del Boletín Oficial del Estado ya ha elaborado 124 códigos legislativos actualizados que pueden descargarse gratuitamente, los ahorros por contratación centralizada alcanzan los 824 millones de euros, la venta de inmuebles ha permitido ingresar 637 millones y la tramitación electrónica de nacimientos se ha extendido a 183 hospitales. "Nuestros avances en la Administración Electrónica nos están colocando en los primeros niveles en el conjunto de la Unión Europea", ha asegurado.

Minería del carbón

El Ejecutivo ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la convocatoria de ayudas por un importe máximo de 25,3 millones de euros.

El objetivo es contribuir a encauzar el cese ordenado de las minas de carbón no competitivo, dentro del marco fijado por la normativa europea. El importe de la ayuda dependerá de las toneladas de carbón para generación eléctrica facturadas a las compañías eléctricas y del origen y poder calorífico del carbón.

Extradición de dos etarras

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar a Francia la extradición de dos miembros de la banda terrorista ETA -Julián Achurra, alias "Pototo", y Gregorio Vicario Setién- para que puedan ser juzgados en España por delitos de terrorismo.

La portavoz del Ejecutivo ha indicado que ya se encuentran en prisión en España, tras ser entregados por la justicia francesa después de que cumplieran las condenas que les habían sido impuestas en ese país. Al pretender la Audiencia Nacional enjuiciarlos por hechos distintos a los que en su día motivaron la entrega de ambos por parte de las autoridades galas, es necesario realizar una nueva solicitud de extradición. Sáenz de Santamaría ha apuntado que Julián Achurra es responsable, entre otros delitos, de ordenar el secuestro de Ortega Lara, mientras que Gregorio Vicario fue miembro del 'comando Barcelona' y autor de los secuestros de Cosme Delclaux y José María Aldaya, además de colaborador en diversos atentados y asesinatos.

"Con esta decisión, se confirma por tanto uno de los elementos clave en la lucha contra el terrorismo, que es la labor incansable de la justicia y la colaboración con otros estados, en particular con Francia", ha dicho la vicepresidenta.

Informe sobre paro y afiliación

Sáenz de Santamaría ha sostenido que los datos de un informe presentado por la ministra de Empleo y Seguridad Social al Consejo de Ministros certifican "el cambio estructural que se ha producido en el mercado español durante estos años".

El mes pasado el desempleo se redujo en casi 120.000 personas, el mejor dato del mes de mayo de la serie histórica, y se crearon casi 200.000 empleos, ha subrayado la vicepresidenta, quien ha subrayado que el número de personas en paro ha bajado de los cuatro millones.

Entre los datos que recoge el informe, la vicepresidenta ha llamado la atención sobre la recuperación, en más de la mitad, del número de autónomos. En consonancia con ello, en mayo de 2016 ha crecido un 10% el número de empresas, "de sociedades de nueva creación", ha apuntado.

También ha resaltado que se ha recuperado "todo el empleo femenino que se perdió durante la crisis, ya hay 110.000 afiliadas más". Respecto al empleo de los menores de 25 años, ha señalado que crece "a más del doble que la media nacional", un 6,26% frente a un 2,56%.

Datos del sector del automóvil

El Consejo de Ministros también ha visto un informe sobre la evolución del sector del automóvil que pone de manifiesto cómo "la balanza comercial del automóvil ha pasado en los últimos diez años de apenas 1.500 millones de euros" a arrojar un superávit comercial de 17.000 millones, según ha dicho la vicepresidenta.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha indicado que la exportación de vehículos ha crecido un 9,1% en el primer trimestre del año y que España ha pasado de fabricar en sus factorías 35 modelos en el año 2011 a 44 en 2015.

No obstante,  a su juicio, lo "más importante" son las inversiones, por valor de 10.000 millones de euros, anunciadas por los fabricantes de vehículos en estos últimos cuatro años. De ellas, ya se han ejecutado 6.000 millones, y el resto se prevé que se lleve a efecto en los próximos dos años, ha concluido la vicepresidenta.

Otros acuerdos

Preguntada por una posible sanción de las instituciones europeas a España por el incumplimiento del objetivo de déficit en 2015, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que "el Gobierno no tiene ninguna duda de que Bruselas ha aceptado la senda de cumplimiento de déficit" presentada por el Ejecutivo y "la inexistencia de la multa".

A este respecto, ha puntualizado que el Consejo Europeo lo que ha planteado es una cuestión de "mero procedimiento", que no pone en duda la senda de la consolidación fiscal. Una senda que ha propiciado el crecimiento y la creación de empleo y ha permitido que "hayamos podido bajar los impuestos", algo que la propia OCDE ha puesto de manifiesto.

La vicepresidenta ha aclarado que el Gobierno "no ha recurrido la Ley de pobreza energética" aprobada por el Parlamento de Cataluña, sino "algunos preceptos, básicamente procedimentales, de esa ley" que no guardan relación alguna con ese aspecto de la norma. En consecuencia, el Gobierno de la Generalitat "puede ejercitar la parte referida a pobreza energética".

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