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POLÍTICAS
Riesgo de grave crisis institucional, según Patxi López

El Gobierno en funciones se niega a ser controlado por la mayoría del Parlamento


Todos los grupos excepto el PP confirmaron este martes el rechazo del Gobierno a someterse al control del Congreso, cuyo Patxi López, advirtió de un "conflicto institucional grave", sin descartar un "conflicto de atribuciones" ante el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que le remitirá otra carta para explicar por qué el Gobierno no puede someterse. La mayoría de la prensa lo critica y la conservadora ve una falsa polémica.
Redacción 15 de marzo de 2016 Enviar a un amigo
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Todos los grupos, excepto el PP, aprobaron este martes en la Mesa y la Junta de Portavoces que en el pleno del próximo 29 de marzo haya sesión de control al Gobierno, pero este mantiene su negativa al control por el poder legislativo del Parlamento y es muy probable que el asunto termine ante el poder judicial. De momento los dos primeros poderes no han pasado de comunicarse por carta.

El lunes, López dirigió una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, pidiendo que el Ejecutivo reconsidere la negativa de la comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, citado por los grupos para mañana y en la que recordó que según la ley del Congreso "todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales".

Saénz de Santamaría anunció que remitirá "en las próximas horas" otra carta al presidente del Congreso en el que explicará por qué el Gobierno no puede someterse al control parlamentario de la nueva Cámara Baja. La vicepresidenta señaló que eso supondría "forzar mucho la Constitución, la separación de poderes y los buenos usos de la Cámara, queriendo que este Gobierno comparezca todavía más en funciones que en pleno funcionamiento".

"Patxi López amenaza con denunciar al Gobierno en el Constitucional", dice en primera EL PAÍS. "Crisis sin precedentes entre el Congreso y el Gobierno", titula EL MUNDO, que habla de "una guerra en el TC". Según ABC, "Congreso y Gobierno echan un pulso sobre el control a Rajoy". LA RAZÓN titula: "López presiona con el control al Gobierno que no tuvieron Díaz ni Mas". "El Congreso echa un pulso al Gobierno", dice EL PERIÓDICO.

Previamente el ABC iniciaba la semana diciendo que el Gobierno deberá comparecer tras la cumbre sobre refugiados. El diario señala que la unión de la mayoría de los grupos dará lugar a la convocatoria de un Pleno la semana siguiente a Semana Santa.

Editoriales de la prensa

Sin embargo, este calla en sus valoraciones editoriales, entre las que destacan este miércoles las que siguen:

Conflicto forzado. Un Gobierno obstinado se enfrenta al Parlamento sin razones (EL PAÍS): "Más allá de realzar el aislamiento del PP respecto de las demás bancadas parlamentarias, la prueba de fuerza emprendida entre la mayoría del nuevo Congreso de los Diputados y el Gobierno en funciones alimenta la sensación de que la clase política vive enzarzada en peleas sin salida". "El empecinamiento de Mariano Rajoy por quedar fuera del control del Congreso choca con la Constitución y con el artículo 26,2 de la Ley del Gobierno que dice: ´Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales´". "Negarse a una comparecencia parlamentaria del ministro de Defensa, prevista para mañana, y a que Rajoy se explique sobre el próximo Consejo Europeo son caminos seguros al conflicto". "Es cierto que el Gobierno en funciones no puede hacer determinadas cosas, todas ellas tasadas en la ley". "Pero ocurre que autoeximirse del control parlamentario de sus actos no es una de ellas". "El Parlamento no puede renunciar a la función de controlar al Ejecutivo". "Los grupos parlamentarios deberían dedicar más energías a cumplir con la primera de las obligaciones que les señala la Constitución, que es la de elegir a un jefe del Ejecutivo".

El insólito choque entre el Gobierno en funciones y el Congreso (EL MUNDO): "El bloqueo generado a raíz de los resultados de las últimas elecciones generales, además de alargar la incertidumbre política y la parálisis en la toma de decisiones de calado, corre el riesgo de desembocar en un enfrentamiento sin precedentes entre el Congreso y el Gobierno". "El núcleo de este choque institucional reside en la exigencia unánime de la oposición al Gobierno para que se someta a las sesiones de control". "La lógica dicta que un Gobierno en funciones, cuyas competencias se limitan a la gestión de asuntos ordinarios, no tiene por qué plegarse al control parlamentario". "El origen de este conflicto estriba tanto en la irresponsabilidad y la falta de entendimiento de las formaciones políticas después del 20-D, como en la falta de previsiones constitucionales sobre el particular. El episodio vaticina un periodo de abierta hostilidad entre el nuevo Parlamento y el Gobierno cesante, sustentado en un grupo parlamentario que ya no dispone de la mayoría. Un motivo de peso -otro más- para urgir a las formaciones políticas a intensificar el diálogo para desbloquear la situación.

El PSOE abre otra falsa polémica (LA RAZÓN): "La prolongación de la situación de interinidad en la presidencia del Gobierno, un hecho sin precedentes en la reciente democracia española, suscita las lógicas dudas sobre las relaciones de un Ejecutivo en funciones, es decir, con sus facultades generalmente limitadas al mero trámite de asuntos ordinarios, y un Parlamento que no le ha otorgado su confianza". "La novedad de la situación merecía que los representantes institucionales abordaran desde la lealtad los cambios legislativos que se creyeran oportunos". "Debería situarse por encima de la pugna partidaria, pero, una vez más, no parece que vaya a ser así". "Ni la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ni el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se sometieron a control alguno durante los tres y cuatro meses que sus gobiernos autonómicos permanecieron en funciones, justo lo contrario de lo que ahora pretenden que haga el Gobierno". "Estamos ante una de esas falsas polémicas que sólo buscan réditos partidarios y que, además, provocan distracción sobre lo que verdaderamente está en juego".

Dirigentes del PP piden iniciativa a Rajoy

Dirigentes del PP critican que no se esté liderando ya la etapa de conversaciones con los partidos políticos, dejando que sea PSOE y Podemos los que marquen la agenda con sus iniciativas conjuntas en el Congreso, o que Ciudadanos "audite" los movimientos socialistas tanto en lo que respecta a la corrupción como en el terreno institucional, en referencia al encuentro que hoy mantendrá Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, según informa ABC. Por todo, urgen a Rajoy a que "mueva ficha" y llame a sus posibles socios en una gran coalición para ofrecerles una hoja de ruta sobre la que negociar.

Por otro lado, el PP ha organizado cinco convenciones, una para cada tema de su oferta de pacto para una gran coalición: empleo, educación, Estado de Bienestar, reforma fiscal y financiación autonómica. La primera, será sobre empleo y en ella participan, entre otros, Cristina Garmendia, exministra de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijoo, dijo ayer que "en los próximos días" comunicará al líder de su partido, Mariano Rajoy, si repetirá como candidato autonómico. "El debate no es Madrid-Galicia, es si me veo con la suficiente ambición política para volver s a ser presidente de los gallegos", dijo.

El Ejecutivo alega fraude a la Constitución 

Cuando el Gobierno en funciones empezó a negarse a acudir al Congreso para someterse al control parlamentario por su situación de interinidad, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, alegó la semana pasada que no puede someterse a las iniciativas de control por parte de una Cámara que no le ha otorgado su confianza. Ayllón indicó que "en caso de discrepancia, se puede disponer de las oportunas vías judiciales, en la defensa de los derechos del Parlamento".

En estos términos, el Gobierno comunicó oficialmente al Congreso que la Cámara no puede ejercer su función de control parlamentario a un Ejecutivo en funciones, porque podría suponer un "fraude de Constitución". A través de una comunicación de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al presidente del Congreso, el Gobierno en funciones señala que no puede someterse a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza entre un Ejecutivo en funciones y el Congreso. El escrito añade que "en caso de discrepancia con el criterio del Gobierno" dispondría de "las oportunas vías jurisdiccionales para resolverlo".

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, calificó de "hecho insólito" la negativa de Rajoy de comparecer ante el Congreso. Hernando argumentó que el Gobierno no puede pretender "tener menos control estando en funciones que cuando estaba a pleno rendimiento". El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutierrez, acusó al PP de estar actuando "como siguiera con mayoría absoluta". 

Posición del Ejecutivo frente a la crisis de los refugiados

El ministro español de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, afirmó este lunes que España no aceptará una fórmula que permita "expulsiones colectivas" de refugiados a Turquía o que incumpla "la legislación internacional y europea" sobre derecho de asilo. García-Margallo dijo que en la cumbre del 7 de marzo "no hubo un acuerdo", sino una declaración en la que se tomaba nota de "las sugerencias turcas". El ministro indicó que la propuesta le pareció "inaceptable desde el principio".

García-Margallo, que ayer participó en una Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, reiteró que España "estaría en condiciones" de dar su apoyo al acuerdo si garantiza el "pleno respeto a la legalidad europea e internacional". Para ello, consideró que la medida del retorno de los refugiados a Turquía debería ser "temporal y extraordinaria". Además, no deberá haber "retornos colectivos", y precisó que "los migrantes irregulares tendrán que ser registrados y podrán solicitar asilo", y "no podrán ser retornados" mientras se tramita esa petición. "Sólo se retornará a los que no hayan solicitado asilo" o cuya solicitud "haya sido rechazada por ser infundada o inadmisible", especificó el ministro, que añadió que estas personas "podrán recurrir" y no podrán ser retornados hasta que no se haya resuelto el recurso.

A continuación, el ministro español recordó que el presidente del Gobierno en funciones; Mariano Rajoy, pedirá "un mandato al Congreso". Al respecto, señaló que el acuerdo deberá ser lo "suficientemente flexible", ya que se va a seguir modificando en la mesa del Consejo Europeo. "Que el Congreso fije cuáles son las líneas básicas de ese mandato", resumió.

EL PAÍS destaca que "España bloqueará el pacto con Turquía si incluye ´expulsiones masivas". De igual modo, EL PERIÓDICO resalta que "España refuta la expulsión colectiva de refugiados", y LA RAZÓN dice que "España rechaza las ´expulsiones colectivas´ hacia Turquía". Según LA VANGUARDIA, "la UE recula y renunciará a las expulsiones colectivas".

Mientras, la Comisión Europea defendió ayer que el acuerdo alcanzado entre los líderes de la UE y Turquía para deportar a este país a todos los inmigrantes que lleguen a Grecia, incluidos los refugiados sirios, es legal. No obstante, el portavoz comunitario, Margaritis Schinas, insistió en que se trata de un preacuerdo, y no de un acuerdo final.

La mayoría del Congreso rechaza el acuerdo de UE y Turquía

El problema surgió cuando Mariano Rajoy Se negó a acudir al Congreso a dar explicaciones sobre el acuerdo alcanzado por la UE el lunes de la semana pasada mientras la mayoría del Congreso rechazaba este acuerdo y señalaba que Rajoy defenderia el 17 de marzo en el Consejo Europeo una posición contraria a la inmensa mayoría de la Cámara, que consideraba ilegal el acuerdo de la UE con Turquía, pues todos  los grupos parlamentarios, excepto el PP, se oponia al acuerdo.

Según ABC, "La Moncloa frena la ´maniobra´ del PSOE para controlar al Gobierno". Según este diario, el PSOE pretendía "poner contra las cuerdas" al Ejecutivo en funciones con preguntas, interpelaciones y comparecencias.

La integración europea, afectada por la crisis de los refugiados

El ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, y su homólogo alemán, Thomas de Maizière, mostraron la semana pasada  su "preocupación" por la posible creación de vías alternativas tras el cierre de la ruta de los Balcanes a los refugiados. En este sentido, el ministro español, Jorge Fernández Díaz, alertó de la posibilidad de que se active la ruta por el Mediterráneo occidental. En concreto, señaló que las salidas podrían trasladarse hacia "la costa argelina, marroquí, mauritana o senegalesa" para llegar a Europa a través de España, por lo que llamó a "no bajar la guardia", ya que "las mafias se mueven muy rápido". El ministro del Interior en funciones aprovechó para alertar de la necesidad de restablecer las relaciones con Marruecos, rotas por Rabat después de que el Tribunal de Justicia de la Unión anulara un acuerdo comercial por el conflicto del Sáhara. Este clima puede tener "gravísimas consecuencias" para la crisis migratoria, advirtió Fernández Díaz.

Por su parte, Alfano indicó que hasta el momento no hay evidencias de rutas alternativas, pero añadió que hay que estar atentos, ya que la lógica sugiere que si se cierra la ruta de los Balcanes "podría abrirse una hacia Italia". Al respecto, anunció que está trabajando intensamente con Albania para evitar convertirse en una alternativa para los miles de personas atrapadas actualmente en Grecia.

En el Consejo de Ministros de Interior, los representantes de los Veintiocho se limitaron a constatar la existencia de un principio de acuerdo con Turquía, alcanzado en la cumbre del pasado lunes, pero que aún tiene que ser considerado en la que se celebrará el jueves. EL PAÍS señala que muchos ministros expresaron diferentes inquietudes, tanto legales como de principio, para aplicar lo pactado en Ankara. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció ayer que es probable que tanto Turquía como Grecia tengan que modificar su legislación y modernizarla para poder garantizar totalmente que se cumplen los requisitos básicos de la Convención de Ginebra.


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