El Gobierno tiene una apretada agenda de deberes para septiembre, de acuerdo con el calendario legislativo comprometido en el Plan Nacional de Reformas presentado ante la Comisión Europea. No obstante, está dispuesto a suavizarlas, según publica LA VANGUARDIA, para evitar la confrontación social y, en concreto, se plantea dejar la nueva reforma laboral en unos retoques mínimos a cambio de tocar las pensiones.
Ese fue el principal debate que mantuvo el Consejo de Ministros en su última reunión antes del verano cuando accedió a incluir el complemento de mínimos en la reforma de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial para garantizar con ello el consenso político y social.
El debate no está en hacer o no reformas, ni siquiera en hacerlas rápido o arrastrando los pies, sino en la intensidad de estas. Esta es la razón por la que los ministros reformistas temen que el calendario se cumpla, pero sirva para poco. La situación ya tiene un precedente, que se produjo cuando los ministros sociales ganaron la batalla y retrasaron la reforma laboral para evitar un descalabro en las elecciones andaluzas. Posteriormente, el conflicto territorial se encargó de demorar la tensión legislativa que impuso Mariano Rajoy cuando llegó a la Moncloa. En esta ocasión no es una cuestión de calendario porque este ha sido impuesto por Bruselas, sino que el problema es la intensidad.
La prueba de fuego es la legislación laboral. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha retrasado los retoques a la reforma laboral hasta septiembre para hacerla coincidir con el factor de sostenibilidad que recortará las pensiones públicas. Se trata de una fórmula que desvincula las pensiones de la inflación para subirlas o bajarlas en función de los ingresos esperados y la esperanza de vida.
La estrategia del Gobierno consiste en utilizar la intensidad de los cambios en la legislación laboral como moneda de cambio para conseguir el mayor consenso posible en la reforma de las pensiones. Es decir, evitar una vuelta de tuerca como pretende la patronal y reclaman los expertos para flexibilizar más el mercado de trabajo. El objetivo sería que los sindicatos y la oposición apoyen o al menos no hagan una batalla contra la reforma de las pensiones.
Los cambios en la legislación laboral se limitarán a afinar el sistema de contratación. Esto supone reducir el número de contratos de los 41 actuales a sólo unos cinco o seis. Las nuevas modalidades tendrán una casuística completa para adaptarse a las peculiaridades de los trabajadores y la cascada de subvenciones (mujer, joven, discapacitado, emprendedor que inicia su actividad, etcétera) que se han aprobado para fomentar el empleo.
Esto simplificaría la creación de empleo como exigen el FMI y la Comisión Europea, pero dejaría en el tintero iniciativas de la CEOE como eliminar la limitación de edad en los contratos de formación para facilitar el reciclaje de los trabajadores maduros de la construcción. Dicho de otra manera, para que un albañil pueda encontrar un empleo y formarse como programador a pesar de tener 40 años. No hay que olvidar que un 15 por ciento de los parados de larga duración procede de la construcción, donde se han destruido 1,8 millones de empleos.
El mismo dilema se plantea con el factor de sostenibilidad, que es la principal reforma económica pendiente para el otoño. La ministra de Empleo ha afirmado en varias ocasiones que la fórmula diseñada por la Comisión de Expertos es un punto de referencia, insinuando la posibilidad de que puede cambiarla como pretende el PSOE. Los sindicatos directamente lo rechazan, y CCOO, el más proclive a reformar la Seguridad Social para garantizar su futuro, ha renegado públicamente de su experto.
Sin embargo, hay coincidencia en que es vital frenar un gasto que crece a un ritmo del 5% mensual y ha obligado al Estado a aportar 16.000 millones este año, lo que representa el 80% de sus ingresos hasta junio. Mientras, está mermando con enorme rapidez el fondo de reserva. No se trata solamente de evitar la revalorización conforme a la inflación sino también de afrontar graves problemas como la pensión de viudedad para hacer frente a las sentencias judiciales que están en curso y que supondrán nuevos gastos para el sistema público de pensiones.
El Gobierno ha aprobado 44 normas con rango de ley y tiene pendiente la autoridad fiscal, la desindexación de la economía, el regulador único, los colegios profesionales, la ley general de Telecomunicaciones, la reforma del capital riesgo y los medios alternativos para la financiación de las pymes, el nuevo sistema de gobierno corporativo y la reforma de las administraciones públicas.
El problema es que todo ello tiene que hacerse de nuevo en un marco muy complejo con unos presupuestos generales como telón de fondo que necesariamente volverán a ser complicados porque tienen que recortar gastos para reducir en otros 20.000 millones, con enorme cuidado para evitar que se malogre el ligero crecimiento que apenas será de una décima en el tercer trimestre. Esta es la razón que esgrimen los ministros sociales, quienes sostienen que no se pueden pedir más sacrificios a la sociedad después de seis años de crisis y con casi seis millones de parados
