El abuso de la fórmula de interinidad en las Administraciones ha provocado que la brecha de temporalidad entre el sector público y el sector privado se haya multiplicado por ocho durante la pandemia, según los datos de la EPA. Es una lacra que afecta especialmente a los sectores de la sanidad y la educación, en gran parte en las universidades.
Un récord histórico que obligó a Bruselas a lanzar un ultimátum a nuestro país para remediarlo, presión ahora reforzada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina que alargar un mismo contrato a un temporal también constituye abuso.
El Tribunal Supremo español se reunirá este martes para analizar si la sentencia obliga a replantear su doctrina, lo que obligaría a revisar las indemnizaciones que perciben.
En este contexto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública negocia contrarreloj con los sindicatos para adelantarse a la decisión con un acuerdo que, entre otras cuestiones, elevaría la indemnización por despido.
Sin embargo, sus propuestas siguen siendo insuficientes para los sindicatos y no atacan el problema de fondo: el limbo laboral en el que se encuentran los actuales interinos,entre ellos muchos profesores universitarios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha revelado que la ultima oferta incluye el reconocimiento de una compensación económica equivalente a 33 días de sus retribuciones por año de servicio para los interinos.
Pero esta indemnización no tendría carácter retroactivo, es decir, no afectaría a los actuales interinos que los sindicatos consideran que sufren unas condiciones "en fraude de ley".
Según CSIF; la propuesta del Ministerio implica que este personal finalizaría su relación con la Administración a los tres años, sin que se le ofrezca una alternativa clara.
Un nuevo sistema de oposiciones
"Como si éste fuese el culpable de su situación de temporalidad", señala el sindicato, que exige "medidas efectivas, disuasorias y sancionadoras" por la vía disciplinaria, administrativa y penal para acabar con la temporalidad, como establece la Directiva Europea.
CSIF además reclama un sistema de acceso por concurso oposición, "con plenas garantías constitucionales, si bien baremando al máximo la antigüedad, con una valoración de la fase de concurso del 40 por ciento, con ejercicios teórico prácticos y sin pruebas eliminatorias".
De manera paralela, entendemos que se debe fomentar la promoción interna y la movilidad del personal fijo para garantizar las legítimas aspiraciones de todos los colectivos de la administración.
Alta temporalidad entre los profesores universitarios
Entre las universidades públicas y algunas otras privadas se incumplen tres de las normas sobre número y estabilidad del profesorado vigentes desde hace ya casi 20 años.
Según un reciente informe del Observatorio del Sistema Universitario, titulado ¿A qué puede llamarse universidad?,. en las universidades públicas el personal docente e investigador con contrato laboral temporal no puede superar el 40% de la plantilla docente, normativa incumplida en diverso grado por todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid: en la Carlos III de Madrid alcanza el 64,5%,en la Rey Juan Carlos Pública Madrid 64,4%, en Universidad de Alcalá de Henares el 54,7%, en la Complutense de Madrid el 49,6% y en la Autónoma de Madrid el 40,5%.
No obstante, hay otras 3 universidades privadas madrileñas entre las 45 universidades que incumplen ese requisito actualmente, una de ellas, la Antonio de Nebrija con el 75,8%) en mayor medida que las públicas. Las otras dos privadas que incumplen en Madrid son la Universidad Alfonso X El Sabio con el 57,5%, y la Europea de Madrid con el 54,2% de temporalidad.
Otras 38 que incumplen actualmente en el resto de España por la alta temporalidad de su PDI son: Alicante (Pública, C. Valenciana); 53,1%; Autónoma de Barcelona (Pública, Cataluña) 60,7%; Barcelona (Pública ,Cataluña), 60,0%; Burgos (Pública, Castilla y León) 48,1%; Cádiz( Pública, Andalucía) 47,3%; Cantabria (Pública, Cantabria) 53,4%; Castilla-La Mancha Pública Castilla-La Mancha 55,3%,; Girona (Pública, Cataluña) 58,6%; Huelva (Pública, Andalucía) 41,2%; Illes Balears( Pública) 62,4% ;Jaume I de Castellón (Pública ,C. Valenciana) 58,2%; La Rioja (Pública) 43,6%; Las Palmas de Gran Canaria (Pública) 50,6%; Lleida (Pública, Cataluña) 61,8%; Málaga (Pública, Andalucía) 43,8%; Miguel Hernández de Elche( Pública, C. Valenciana) 56,6% ; Murcia (Pública) 56,3%; Pablo de Olavide (Pública, Andalucía) 54,0%; País Vasco/EHU (Pública) 48,8%; Politécnica de Catalunya (Pública) 46,1%; Pompeu Fabra (Pública, Cataluña) 62,9%; Pública de Navarra 57,7%; Rovira i Virgili (Pública, Cataluña) 69,7%; Salamanca (Pública, Castilla y León) 44,5% ; València (Pública) 52,2%; Valladolid (Pública, Castilla y León) 42,4%; Zaragoza (Pública, Aragón) 52,2%; Atlántico Medio( Privada, Canarias) 98,4%; Católica San Antonio (Privada, Murcia) 44,6%; Europea Miguel de Cervantes (Privada, Castilla y León) 47,6%; Fernando Pessoa (Privada, Canarias) 71,4%; IE Universidad (Privada, Castilla y León) 88,1%; Internacional de Catalunya (Privada) 68,4%; Navarra (Privada) 46,0%; Vic-Central Catalunya (Privada) 43,9%; Internacional de La Rioja (Privada) 58,5%, e Internacional Isabel I (Privada, Castilla y León) 54,9%