domingo,3 julio 2022
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Ocho leyes catalanas siguen en el Constitucional

El Gobierno mantiene los recursos, uno de ellos por la ley de universidades

el periódico
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene todavía ocho recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas en el Parlament.

Salvo el recurso sobre la ley audiovisual, los otros siete recursos están heredados del Gobierno de José María Aznar. No obstante, el actual ejecutivo ha decidido mantenerlos en el TC para que el tribunal dirima si esos textos catalanes se ajustan a la Constitución. Si se comparan estos datos con los de enero del 2006, no se ha producido variación alguna en el número de recursos, que siguen siendo ocho.

UNO, RESUELTO Lo que sí ha cambiado es el asunto de uno de ellos. El tribunal resolvió el pasado mayo un recurso contra la ley de asociaciones aprobada en 1997 por la Cámara catalana y anuló 10 de sus artículos reduciendo el número, aunque poco después el Gobierno socialista presentó el de la ley audiovisual.

En la lista de recursos está el que se refiere a la ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas del 1999; la de archivos y documentos, del 2001; y la de universidades del 2002, entre otras.

Se han mantenido ocho recursos de inconstitucionalidad pese a que tanto en la Moncloa como en el Palau de la Generalitat hay ejecutivos del mismo color. Pese a ello, el conseller

de Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, considera que, desde que gobierna el tripartito en Catalunya y el PSOE en España, "se han retirado muchos recursos recíprocamente". Entre ellos estarían el interpuesto contra la Carta Municipal de Barcelona y contra la ley de horarios comerciales, ambos retirados posteriormente por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Pero la presentación de recursos por inconstitucionalidad o por invasión de competencias no acaba ahí. El Govern de Montilla decidió la semana pasada presentar un requerimiento de incompetencia al ejecutivo ya que considera que el decreto de enseñanzas mínimas de la educación primaria –que obliga a dar una hora más de castellano en las escuelas catalanas– se inmiscuye en las atribuciones que el Estatut atribuye a la Generalitat. En el caso de que no llegasen a un acuerdo, el Consell Executiu ya ha anunciado que llevará el caso precisamente ante el Constitucional.

EL GOVERN HACE IGUAL Si este asunto acaba finalmente en el TC, se sumaría a los otros 14 recursos pendientes de resolución en esta instancia que ya ha interpuesto el Parlament contra leyes del Estado. En todos los casos se trata de legislación aprobada en su día por ejecutivos del Partido Popular.

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