miércoles,8 diciembre 2021
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Justicia rechaza por inconstitucional el proyecto de ley

El Gobierno niega que intente limitar dónde manifestarse

Redacción
"Lo dice el Tribunal Constitucional, mis derechos y libertades empiezan donde acaban los derechos del prójimo", dijo Fernández Díaz, quien dejó la "última palabra" a la justicia, aunque añadió: "Por desgracia, son muchas las resoluciones que derogan las resoluciones de la Delegación del Gobierno". Por otro lado, el ministro admitió que se produjo un fallo operativo en el dispositivo policial en las Marchas por la Dignidad del pasado sábado en Madrid.

Sin embargo, el Gobierno niega que intente limitar dónde manifestarse, después de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por unanimidad su informe crítico con el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que considera inconstitucionales varios aspectos de la normativa. El informe, que ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto, cuestiona, entre otras cosas, la regulación de cacheos a ciudadanos en la calle y que estos se hagan con la finalidad de "sancionar infracciones" pero sin delimitar si se persigue un delito o un problema administrativo. Asimismo, insiste en que la seguridad ciudadana es tarea y competencia exclusiva de las fuerzas del orden y en ningún caso de los vigilantes de seguridad. El texto recomienda concretar cuáles son los ´elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito de alterar la seguridad ciudadana´, a los que se refiere el anteproyecto.

El Ministerio del Interior incorporará las recomendaciones realizadas por el CPJ al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, según confirmaron fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Divisiones en la prensa

No es vandalismo, sino terrorismo (ABC): Con el paso de los días "se hacen más fuertes las evidencias de que los grupos de extrema izquierda que han sembrado de violencia el centro de Madrid y sus campus universitarios desbordan las previsiones del Código Penal para los delitos habituales de vandalismo". Para que el Estado de Derecho sea eficaz en la aplicación de la ley a la ultraizquierda violenta, "lo primero que debe hacer es diagnosticar con acierto y precisión de qué tipo de violencia se trata".

Las pruebas de que los grupos de ultraizquierda que han asolado el centro y los campus universitarios de Madrid realmente han practicado violencia terrorista deben llevar a la Fiscalía General del Estado a ordenar a los fiscales que presenten cargos por terrorismo y pedir las medidas cautelares correspondientes a la gravedad de estos delitos, principalmente la prisión provisional. "Sin forzar la legalidad, sino aplicándola en toda su extensión; sin prescindir de una sola garantía constitucional, pero sin extenderlas más allá de lo preciso; sin mermar los derechos de manifestación y huelga, pero sin convertirlos en los únicos derechos protegibles; sin incurrir en ningún exceso, es posible dar a estos grupos violentos de extrema izquierda la respuesta que se merecen, que no solo es legal, también política y social, empezando por desmontar ese lenguaje falsario que los trata como ´radicales´ cuando no son más que aprendices aventajados de los ´borrokas´ etarras".

Impunidad de los violentos (LA RAZÓN)"Parece inexplicable que unos individuos positivamente identificados por atacar en cuadrilla y causar lesiones a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, alterar el orden público en el marco de una manifestación autorizada y causar daños graves al patrimonio público puedan ser puestos en libertad por los jueces sin más condiciones que la obligación de presentarse cuando se sustancie su proceso". Es evidente que si la letra y el espíritu de la ley vigente permite la práctica impunidad de estos vándalos, lo que en parte explica el aumento sostenido de la violencia callejera, se haga imperativa la reforma legal que devuelva a sus auténticos propietarios – los ciudadanos pacíficos – el dominio y disfrute de las vías públicas. Ayer el CGPJ expresó dudas sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno, que deberían ser tenidas en cuenta, pero "lo fundamental es que no se pone en duda el fundamento de la reforma, que trata de adecuar los medios de defensa del orden público y las libertades ciudadanas a las nuevas amenazas". Sin negar que en la Marcha de la Dignidad del pasado 22 de marzo "pudieran producirse fallos de coordinación en el operativo policial, que tendrán que ser analizados y corregidos para el futuro por los responsables del Ministerio del Interior, lo fundamental es que el dispositivo de seguridad no tuvo responsabilidad alguna en los graves incidentes que dejaron más de sesenta agentes de la Policía heridos, sino que fueron premeditadamente provocados por la ultraizquierda que, desde hace tiempo, busca elevar el grado de tensión en las calles". "Ahí está el problema, y sobre ese problema debe operar la Ley con todo su peso".

Cambios de fondo (S. GONZÁLEZ.) "Cuando Ana Botella y Cristina Cifuentes se enzarzan, parece que sí hay fallos graves de coordinación".

Confundirse de enemigo (E. HERNÀNDEZ. EL PERIÓDICO 7) Varapalo a la ley Fernández que se suma al que ya le propinó en Consejo Final. "En vez de forzar la Constitución con leyes restrictivas y de asociar interesadamente a los manifestantes pacíficos con los alborotadores, el Ejecutivo debería emplearse a fondo en preservar los derechos de los primeros y perseguir a los segundos".

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