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ESTRATEGIAS VERDES
Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

El Gobierno obligará a las cotizadas a medir su cambio climático, no social ni de eco-gobernanza

Participantes en la audiencia sobre finanzas sostenibles

El Gobierno obligará a las cotizadas a actuar contra el cambio climático midiendo sus consecuencias con más contundencia que lo hecho en su última reforma de las memorias no financieras de las empresas o de responsabilidad social corporativa. Las obligaciones en pro del medioambiente superarán a otras dimensiones de las políticas de sostenibilidad europeas, como la social o de gobernanza económica.
Redacción 24 de enero de 2019 Enviar a un amigo
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Mientras que en las instituciones europeas recientes medias como el Plan de Acción sobre la Europa Sostenible y el de las finanzas sostenible presentados por la Comisión Europea apuntan tambien a esas dimensiones no solo medioambientales, en España la cruzada contra el cambio climático que ha emprendido el Gobierno español va a afectar a todas las empresas cotizadas, no sólo a las grandes energéticas, que tradicionalmente han sido las que han soportado las críticas sobre contaminación. Sean bancos, aseguradoras, empresas textiles, tecnológicas o de alimentación, todas las empresas que coticen en Bolsa en España deberán informar en sus memorias cómo les afecta, qué hacen, cómo gestionan y qué impacto financiero puede tener el cambio climático, indicando cuál es su huella de carbono y qué plan tienen para reducirlo. 

A modo de ITV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y el Banco de España evaluarán cada dos años la situación. Así se desprende del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que elabora el Gobierno, y que quiere aprobar con un real decreto-ley de medidas urgentes. Este borrador es la segunda gran pieza normativa del Gobierno del PSOE en su carrera hacia una economía descarbonizada (libre de emisiones contaminantes), bautizada como Transición Ecológica. 

El Plan Nacional, que completa y desarrolla la Ley de Cambio Climático, cuyo contenido se dio a conocer a finales del pasado año, es lo más esperado del sector en estos momentos porque a partir de él se pueden empezar a calcular impactos concretos. 

El borrador, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, contiene 60 páginas. El texto está dividido en 19 artículos y más de una veintena de disposiciones que trastocan varios pilares normativos del sector energético, deshaciendo en muchos casos las grandes reformas del anterior Gobierno del PP. 

Ahora, se devuelve poder a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se introducen incentivos para cerrar nucleares y centrales de carbón, se crea un macroplan de prejubilaciones para todos los mineros, se frenan en seco nuevos pozos de hidrocarburos, en especial el polémico fracking, se reorganiza la fiscalidad regional energética, se abre la puerta a nuevas hidráulicas y se vuelve a tirar de Presupuestos Generales del Estado para llenar agujeros eléctricos. 

Con todo, y por mucho que tenga de nueva gran reforma energética, lo realmente impactante es que, por primera vez, se implica directamente y por ley a otros sectores en la batalla medioambiental, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto ser el alumno más aventajado de Europa. 

Tras una descripción genérica de las ambiciones del real decreto en los artículos 1 y 2, y establecer tres fases de desarrollo (2030, 2040 y 2050), el texto amplía la batalla a todos los sectores. El artículo 3 detalla la "integración del riesgo del cambio climático por entidades cuyos valores estén admitidos a negociación en mercados secundarios, entidades de crédito y entidades aseguradoras y reaseguradoras", es decir, las empresas que cotizan en España o incluso que no cotizan pero son del sector financiero. 

Todas "remitirán a la CNMV, dentro de su informe de gestión, un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad [...] y las medidas para hacer frente a dichos riesgos financieros". El contenido del informe (ver texto adjunto) incluirá detalles la "estructura de gobierno en relación con la identificación, evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático". 

Y en caso de que se haya calculado, "el alcance de la "huella de carbono y cómo se afronta su reducción". Banco de España, CNMV y Seguros elaborarán cada dos años un informe sobre el riesgo para el sistema financiero español por el cambio climático, que recogerá las "sugerencias" para "mitigarlo" y se remitirá al Congreso.

A quién afecta, cómo y cuándo 

El artículo 3 es la gran sorpresa del Plan Nacional de Energía y Clima que el sector energético esperaba con ansiedad desde hacía semanas. Este artículo lleva la lucha climática más allá del megavatio y los carburantes, al contemplar a todo tipo de empresas cotizadas, entidades de crédito (como algunas antiguas cajas) y aseguradoras. 

Todas deberán incluir en su informe anual una evaluación del impacto financiero de los riesgos del cambio climático "generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacerles frente". Se incluye filiales. El contenido concreto se establecerá en un máximo de dos años desde la aprobación del decreto e incluirá: 

Estructura de gobierno con respecto a los riesgos y oportunidades sobre cambio climático; enfoque estratégico para gestionar riesgos presentes y futuros, "identificando las acciones para la mitigación"; plan financiero para abordarlos; métricas, escenarios y objetivos utilizados para evaluar los riesgos y, en caso de que se haya calculado, el alcance de la huella de carbono , se deberá decir cómo se afronta su reducción.


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