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Alega como causa el temor a nuevas crisis de grandes bancos

El Gobierno PSOE defiende ante la justicia europea trampas de la banca en un millón de hipotecas


Casi un millón de hipotecados a los que la banca española detrajo una media de 20.000 euros en tipos de interés irregulares tendrán que esperar hasta el verano para saber si la justicia europea juzga faltas de transparencia, abusivas y nulas las hipotecadas referenciadas con el llamado IRPH. En la vista del juicio este lunes, el Gobierno español se puso del lado de los bancos a través de los abogados del Estado enviados por la Administración, al parecer por temor a crisis en grandes bancos.
Redacción 27 de febrero de 2019 Enviar a un amigo
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Torres del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
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Los índices de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH) que tuvieron tanto los bancos como las cajas durante el 'boom' inmobiliario que dio lugar a la crisis iniciada en el año 2007 tomaban la media de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades, aunque a esa cifra le añadían un diferencial, pese a que tales índices ya incluían los diferenciales habituales, asunto ignorado entonces por la clientela. 

Los afectados, respaldados por la Comisión Europea, aseguran que no se les informó adecuadamente sobre la composición real del IRPH, mientras que bancos y cajas -apoyados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez- aseguran que  eran índices estándar que no requerían de explicaciones adicionales para el cliente que lo suscribía. Y ello a pesar de que el pasado mes de noviembre Unidos Podemos, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias exigieron al Gobierno que modificará la postura defendida por la Abogacía del Estado en el litigio.

La vista del juicio transcurrió según los representantes de consumidores asistentes con intervenciones muy claras y contundentes del abogado de los consumidores, José María Erausquin, quien defendió  la falta de transparencia en la comercialización del IRPH en los préstamos españoles. También el abogado de la Comisión Europea, Napoleón Ruíz, por su parte, mantuvo su postura en la defensa de la transparencia que debe presidir la comercialización de préstamos hipotecarios.

Por el contrario, la Abogacía del Estado defendió  los intereses de la banca “con más vehemencia si cabe que el propio abogado de Bankia, pidiendo la no retroactividad de los efectos en caso de que la sentencia fuera favorable al consumidor".

Un estudio del banco norteamericano Goldman Sachs supone que el 100% de clientes con IRPH reclamará a las entidades por las hipotecas que se concedieron entre 2003 y 2007. El impacto previo a impuestos oscilará entre los 7.000 millones y los 44.000 millones, con pérdidas sobre el valor nocional pendiente de la cartera de hipotecas referenciadas con este índice del 25%, del 72% o del 161%.

Los tres escenarios dependen de si se aplica retroactividad si es posible la deducción fiscal del golpe, algo que por ejemplo el decreto urgente del Gobierno de Pedro Sánchez impidió con el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD).

CaixaBank sería la entidad más afectada entre las cotizadas, con un impacto en la ratio de capital de máxima calidad (CET1 ‘fully loaded’) de entre 118 puntos y 750 puntos, con lo que en el peor escenario necesitaría levantar capital.Para Bankia, el impacto sería de entre 34 puntos y 215 puntos básicos en la ratio de capital; para el Sabadell, de entre 30 y 271 puntos; en BBVA, entre 22 y 182 puntos; en Unicaja, entre 15 y 139 puntos; y en Banco Santander, entre 11 y 104 puntos.

Fuera de las entidades que cotizan en bolsa, Kutxabank es el banco más amenazado, según cálculos en este caso de Mirabaud, ya que el analista Gonzalo López Eguiguren estima que más del 3% de la cartera hipotecaria del banco vasco y de CaixaBank está referenciada a IRPH, aunque  Las estimaciones para el conjunto de la asociación de (ADICAE) son mayores:

El Gobierno quiere evitar un nuevo riesgo sistémico para el sector financiero español, por lo que dicen  medios afines que  ha defendido  la no retroactividad de los efectos en caso de que la futura sentencia del TJUE sea desfavorable para la banca y crearle un agujero de otros 10.000 millones de euros , aunque algunos bancos de inversión, como Goldman Sachs, elevan el impacto potencial hasta 44.000 millones de euros.

El argumento de la no retroactividad recuerda al utilizado por el Tribunal Supremo en mayo de 2013 en el caso de las cláusulas suelo y tres años después  rechazado, por lo que parece muy poco probable que se pliegue a la petición del Gobierno español.

Por otro lado, y como también sucedió con estas polémicas cláusulas, la abogada del estado además de considerar que el índice no está sujeto a la normativa europea, no es abusivo y no hubo falta de transparencia en la comercialización de hipotecas referenciadas al IRPH, invocó al peligro para la estabilidad financiera del Estado español, en el caso de un dictamen desfavorable a la banca. 

En su informe, Goldman Sachs extrapola el impacto que tendría un fallo favorable al consumidor desde las entidades cotizadas a las que cubre -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter y Unicaja- al resto del sistema financiero español. A excepción de Bankinter, al que no afectaría la factura, los otros seis tendrían que asumir un coste antes de impuestos de entre 4.600 y 29.249 millones,dando por hecho que todos los afectados -en torno a medio millón- reclamarían su dinero.

En términos absolutos, CaixaBank sería la más expuesta a la posible anulación del IRPH, lo que le costaría entre 1.775 y 11.250 millones. Por su parte, Santander y BBVA tendrían que devolver ambos entre 1.014 y 6.428 millones; Bankia, entre 406 y 2.571 millones; Sabadell, entre 355 y 2.250 millones, y Unicaja, entre 51 y 321 millones, en virtud de las estimaciones de Goldman Sachs.

Para Adicae, que realizó para hoy miércoles una convocatorias de protesta en Madrid por otros temas hipotecario (Ver foto), este índice comercializado sobre todo en los años 2006 y 2007 y que afectaría al 15% de las hipotecas, en torno a 900.000 hipotecados, se trata de una cláusula abusiva al no superar el control de transparencia, y que de forma lógica debería tener un tratamiento similar al recibido por las cláusulas suelo en Europa.

Los aspectos que deberá aclarar Europa son si el IRPH es nulo o ilegal, si tiene que estar sometido a los mismos controles de transparencia que otros productos y si, de ser contrario a los bancos, cabría la posibilidad de conceder la retroactividad. 

Del dictamen del TJUE depende la consolidación de una doctrina clara por parte de los jueces, divididos entre quienes consideran el IRPH un índice manipulable y los que avalan su utilización.

 


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