El texto consensuado entre el presidente, la líder de Unidas Podemos, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la de Hacienda, Maria Jesús Montero, se limita a recordar los acuerdos de coalición suscritos en 2020, en el que la derogación explícita de la reforma laboral se limitaba a los aspectos ligados a la ultraactividad y la prevalencia de los convenios de empresas.
En ese documento se mencionaba de manera mucho más difusa el cambio en los relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, un aspecto mucho más desarrollado en los borradores que han circulado en la Mesa del Diálogo Social y que, según fuentes cercanas a la negociación consultadas por Ibercampus, habría estado detrás de las desavenencias.
Es precisamente la concreción de este aspecto lo que se desmarca tanto del acuerdo de coalición como de la redacción del famoso componente 23 del Plan de Resiliencia remitido a Bruselas en primavera y que recogía las líneas de la “modernización” del mercado laboral.
En este sentido, la gran incógnita en esta nueva fase no es si se habla o no de la derogación de la reforma laboral, sino hasta qué punto cambiará el Real Decreto de Modernización de las Relaciones Laborales, como se llama el borrador difundido por el Gobierno a los interlocutores sociales y cuya última versión conocida data de mediados de octubre.
Esta misma mañana, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, señalaba que no le consta ningún cambio en la postura del Gobierno, por ahora.
Encauzar la negociación
Lo más significativo del acuerdo es que parece obligar a Calviño a dejar de lado su negativa a hablar de derogación cuando le toca hablar de la reforma de Mariano Rajoy, una práctica compartida por Pedro Sánchez en los últimos días. Aunque obtiene la victoria de implicar a su departamento en la negociación con los interlocutores sociales.
Pero está por ver cómo reciben los agentes sociales a los nuevos interlocutores en un momento tan delicado, en el que patronal y sindicatos han aprovechado los desencuentros en el Gobierno para marcar posiciones.
Mientras UGT y CCOO han lanzado mensajes claros este puente reafirmando que no aceptarán nuevos cambios, la CEOE, que ya escenificó la pasada semana una nueva sintonía con el PP de Pablo Casado, presumía este lunes en El Mundo de tener una interlocución directa con Bruselas.
Por este motivo, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha señalado que se valoran los trabajos desarrollados» y que ahora toca “discreción” para cerrar un acuerdo cuyo “objetivo está claro” y ante el que el Gobierno “nunca ha dudado”.
Más enfática se ha mostrado Yolanda Díaz, que no ha ocultado su “satisfacción” por un acuerdo con el que “han ganado los trabajadores y las trabajadoras”. “Vamos a poner fin al modelo de precariedad laboral que diseñó el PP”, ha asegurado.
