El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que agrupa a altos cargos de varios ministerios, decidió el pasado viernes no votar a favor de las remuneraciones de la cúpula de Indra e Hispasat en las inminentes juntas de accionistas de ambas entidades. ampoco votará en contra para no provocar la dimisión de los presidentes de las empresas afectadas, según asegura hoy EL MUNDO.
Trata así de desmarcarse políticamente de cifras que pueden escandalizar a los ciudadanos, pero sin desestabilizar las direcciones de estas empresas. En consecuencia, la decisión será de abstención, como ya hizo recientemente en el caso de REE con José Folgado, ex secretario de Estado del PP y presidente de ERC, y también en Ebro Fods, que tiene como presidente a Antonio Hernández Callejas.
Esta decisión de abstención, según las fuentes consultadas en el consejo de la Sepi, va a debilitar, por primera vez, los resultados de voto en las juntas para los presidentes afectados. Las mismas fuentes señalan que es una política similar a la que ya mantiene el Ejecutivo francés en empresas que también están participadas por el Estado.
La Sepi refuerza y consolida así la política iniciada el pasado mes de mayo con Red Eléctrica en la que tras una alta tensión entre el Gobierno y el presidente de la empresa, José Folgado, la Sepi decidió, por primera vez, no apoyar las retribuciones de la cúpula. Pero la decisión de seguir actuando en esta línea es especialmente importante en el caso del grupo tecnológico Indra, uno de los grandes valores de la Bolsa española, en el que la estatal Sepi es el primer accionista, con el 20,14% del capital.
Dice también EL MUNDO que la Sepi, que preside Ramón Aguirre y depende del Ministerio de Hacienda, ha decidido no respaldar el punto quinto del orden del día de la junta de Indra, que está prevista para el próximo día 26, y que implica aprobar el informe de remuneraciones del Ejercicio 2013. Éste incluye una retribución fija de 1 millón de euros para el presidente y fundador de Indra, Javier Monzón, que sobre el papel es uno de los sueldos más bajos de las empresas del Ibex 35. Pero a esa suma hay que añadir cobros de retribución variable por resultados a corto y largo plazo, de 1,65 millones, y un pago en acciones, entre otros conceptos, de modo que su remuneración en 2013 fue de 3,35 millones de euros, sin contar otros 500.000 de aportación su pensión. Es un 5,65% menos que la percibida en 2012, pero estratosférica para el Gobierno.
Monzón sí obtuvo el apoyo en la junta del pasado año de la nacionalizada Bankia, que era el principal accionista de la compañía hasta que vendió en agosto de 2013 a la Sepi. El grupo estatal tomó la participación al considerar estratégica a Indra, muy involucrada en contratos militares y de control electoral. Indra es una empresa privada que cuenta con la Corporación Financiera Alba y fondos internacionales como Fidelity como destacados accionistas, aunque por debajo de la mitad del paquete accionarial que posee la Sepi.
En altos cargos del Gobierno llama especialmente la atención el llamado plan de prejubilación y ahorro a largo plazo articulado de Monzón, de 58 años. Éste tiene asegurado ya 11,5 millones de euros tras los más de 500.000 que Indra aporta cada año a su plan y rondará probablemente los 14 millones cuando tenga derecho a ejecutarlo a los 62 años, salvo destitución previa.
No obstante, el presidente de Indra va a ser reelegido para un cargo que disfruta ya desde el año 1993. El consejo de la Sepi decidió el viernes votar a favor de su reelección en la próxima junta de accionistas tras considerar exitosa su gestión. La plusvalía latente obtenida por la Sepi desde el pasado agosto supera los 110 millones de euros. Indra es una multinacional presente en 138 países y más de 40.000 empleados.
En el caso de Hispasat, el Estado ya no es el primer accionista en la empresa de satélites tras haber vendido el pasado año el grueso de su participación. Abertis compró en julio de 2013 el 16,42% del capital de Hispasat por un importe de 172,5 millones de euros. Desde esta operación, controla el 57,05% del capital.
No obstante, el Estado mantiene un 7,4% de Hispasat y considerable influencia tras los acuerdos de reparto de poder con Abertis y tampoco va a apoyar las remuneraciones de la presidenta y ex diputada del Partido Popular, Elena Pisonero, ni del resto de la dirección de la empresa. Hispasat no hace públicas las retribuciones.
