Eldiario.es dice en su valoración que la macrocausa "pone en jaque a las universidades que utilizan becarios como mano de obra barata". También InfoLibre.es resalta que la UAM no es única, sino que ejemplifica un problema estructural que, tanto sindicatos como estudiantes vienen denunciando desde hace tiempo, porque muchas veces es el propio centro de estudios el que, además de no proteger a sus estudiantes, se convierte en el peor enemigo de estos, caso de la UAM.
Esta, tras recibir inspección de trabajo, que instó a la universidad a reconocer a los alumnos como trabajadores, se negó a hacerlo porque justificaron que eran prácticas formativas", Asi lo explicó en enero a Lara Carrasco de InfoLibre.es Javier Oubiña, delegado del Rector de Comunicación e Imagen Institucional de la UAM. Pero ese contenido formativo, como el de prácticas externas, lo que niegan los estudiantes y la evidencia de sus empleos en servicios por la UAM, como reflejó la huelga de becarios en dos ocasiones a finales del año pasado.
Según dijo CCOO el pasado mes de febrero, en España hay 1,4 millones de jóvenes trabajando en prácticas no laborales sin percibir remuneración ni cotizar a la Seguridad Social. La cifra engloba aquellos contratos complementarios y no complementarios a la formación destinados a jóvenes con titulación universitaria o formación profesional y sin experiencia. Para ellos, recordó entonces el sindicato, la precariedad se ha convertido "en su condición laboral normal".
"Becarios por funcionarios", titula su reportaje audiovisual la cadena televisiva Cuatro, donde denuncian a la UAM media docena de estudiantes entrevistados, como días antes hicieron otros en Antena 3, tras recordar que el Juicio en Madrid contra la Universidad Autónoma y casi trescientos becarios se realiza porque "la Tesorería General de la Seguridad Social les ha demandado al considerar que cubrieron puestos de trabajo estructurales en la propia UAM durante sus prácticas de 2017".
La Universidad Autónoma ha sido acusada de malas prácticas, estaca El Economista en una informacion firmada por Patricia C. Serrano, quien recuerda que los becarios no recibieron ningún tipo de formación, y realizaban labores de puestos estructurales en distintos departamentos, proporcionando a la UAM un ahorro en costes laborales mientras suplían las funciones típicas de personal de plantilla en las respectivas áreas. Tambien dice que una inspección de Trabajo destapó la situación irregular de los becarios de la Universidad Autónoma, sobre los que informó que eran utilizados como un trabajador contratado más, incorporándolos en los turnos corrientes, y primando su productividad y no su formación.
El objetivo de las becas en el ámbito de la universidad, según lo establecido en las últimas convocatorias del Ministerio de Educación, es "la mejora de la formación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o último curso de grado, para iniciarse en tareas de investigación o de prácticas vinculadas con los estudios que están cursando". Sin embargo, algunas de las becas no tenían ningún vínculo con los estudios de los alumnos de la UAM. Uno de estos becarios, estudiante de Economía, ha afirmado en la Cadena SER que su puesto en la biblioteca de la universidad equivalía al de cualquiera de sus otros compañeros de departamento, y la única relación con sus estudios era colocar los libros consultados en las estanterías del área económica.
La UAM, por su parte, ha alegado que con estas becas trataba de dotar a los alumnos de herramientas que les sirvieran de cara a enfrentarse al ámbito profesional, fuera cual fuera su especialización.
"El caso de la utilización de becari@s para suplir puestos de trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid no es un caso aislado, responde a un proceso global de precarización que atenta contra la dignidad de los y las estudiantes", denunció hace unas semanas la asociación de becarios del centro educativo Asamblea de Becarios en Lucha UAM.
El expediente abierto de la Inspección de Trabajo ha llevado la causa hasta el Juzgado de lo Social número 7 de Madrid, donde se está instruyendo en la actualidad con vistas a que el juicio tenga lugar el año que viene.
CCOO leva tiempo denunciando la situación fraudulenta en la que incurren empresas privadas e instituciones al hacer uso de los becarios como trabajadores de plantilla vulnerando sus derechos básicos al quedar al margen del Estatuto de los Trabajadores y de los convenios colectivos. Sus derechos se ven mermados en relación a todos los ámbitos del vínculo laboral: vacaciones, permisos, salarios y jornada. Desde el área de Jóvenes del sindicato han insistido en que "una persona titulada debe ser contratada, y una persona realizando prácticas debe ser formada".
La ambigüedad en la que se mueven los becarios desde hace años ha provocado múltiples denuncias por parte de los afectados y de distintas asociaciones y entidades sociales. El Acuerdo Social y Económico firmado en 2010 por el Gobierno y los sindicatos aprobó una de las principales modificaciones en el régimen de los becarios, referida a la reivindicación de que este tipo de relación laboral generase una cotización que cubriese sus necesidades sanitarias y de jubilación. En vigor desde 2011, el acuerdo incluía por primera vez a los estudiantes realizando prácticas de formación en el Régimen General de la Seguridad Social.
"Si nadie lo remedia (un acuerdo previo), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) afronta un macrojuicio por el uso indebido de sus becarios, casi 400 alumnos" añade el diario.es a su valoración de que este macrojuicio pone en jaque a las universidades que utilizan becarios como mano de obra barata. Su redactor Daniel Sánchez Caballero escribe que "lo que planea detrás de esta causa específica es el uso que las universidades (no solo la UAM, aunque sea la cara visible en este caso concreto) hacen de sus becarios. Quizá este sea el caso más numeroso que se ha dado hasta ahora, pero desde luego no es el primero. Profesionales de diversos ámbitos conocedores de la situación en las universidades coinciden: quizá no están generalizadas, pero este tipo de prácticas son bastante habituales en los campus".
Algunos ejemplos puestos por eldiario.es : en la Complutense, en 2016, los estudiantes de periodismo se cansaron de las ofertas de prácticas sin remuneración y se plantaron. Un año más tarde, las becas del Banco Santander y la Junta de Andalucía se vieron envueltas en un caso similar al que vive hoy la UAM. La Seguridad Social abrió expediente al organismo encargado de gestionar el programa por no dar de alta a los becarios, y la universidad se vio con una multa de 1,4 millones de euros, según contó Infolibre. En la Universitat de Barcelona, otra becaria también interpuso una demanda contra el centro por considerar que su rol no era de apoyo sino estructural y propio de una relación de trabajo. La universidad decidió pagar a la denunciante para evitar el juicio. Son solo algunos ejemplos.
En uno de los últimos casos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la UAM ha sido condenada a indemnizar a un becario por despido al considerar que "ha venido realizando un trabajo, que no la formación que realiza la Facultad" y le correspondía por tanto una indemnización de 500 euros.
"Es bastante habitual que las prácticas extracurriculares se utilicen como una forma de trabajo precario", afirma Alejandro Delgado, presidente de FAEST (Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas). En un sentido parecido se manifiesta Segundo González, diputado de Podemos que ha presentado una Proposición de Ley (PL) en el Congreso para evitar el fraude con los becarios, garantizar el carácter formativo de las becas y los derechos de los becados, como establecer el Salario Mínimo como referencia o limitar las horas máximas que se pueden dedicar a una beca.
"Esto [lo de la UAM] sucede en otras universidades, o algo muy similar. No me cabe duda y debe solucionarse", explica González. "Es necesario garantizar el carácter formativo de las prácticas, que sirvan para que los estudiantes adquieran conocimientos que les puedan servir para incorporarse al mercado laboral después", argumenta su PL.
La tramitación está parada de momento porque el PP y C's la tienen bloqueada en la Mesa del Congreso ampliando una y otra vez el plazo para presentar enmiendas, lamenta González. "La proposición de Ley es muy positiva", valora Jesús de Alba, presidente de Creup (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas). "Es imprescindible que el marco legal que garantiza nuestros derechos establezca unos límites para que no se dé una situación de precariedad laboral", añade.
Mientras se resuelve o no la propuesta de Podemos e ICV, las becas están reguladas por el Real Decreto 592/2014. El articulado del texto especifica claramente en su definición que "su objetivo es permitir a los estudiantes universitarios aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica" (art 2.1) o que "dado su carácter formativo (…) de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo" (art 2.3). Estas ideas nucleares del "carácter formativo" y no laboral se repiten por todo el Real Decreto.
"Es cierto que dentro de las universidades las becas suelen ser más formativas", explica Delgado, de FAEST. "Pero también que hay servicios, como por ejemplo el de las aulas de informática, en los que ponen unas exigencias tan básicas que, aunque den prioridad a los estudiantes de Informática, no se garantiza que haga falta serlo para estar ahí".
Puestos de apoyo al servicio de estudiantes o administrativos también están entre los habituales que cubren los becarios, continúa Delgado, "y no siempre incluyen un seguimiento formativo como tal", con un tutor asignado y que realmente se preocupe por el becario y su formación. Los becarios se pueden encontrar por todos los servicios de las universidades: atención al estudiante, bibliotecas, centros de posgrado, etc.
La UAM negó el fraude laboral
En el caso de la Autónoma, la universidad negó el fraude laboral y alegó. "El modelo de prácticas de la UAM es plenamente legal y conforme con el decreto de 2014 que regula las prácticas y con el de 2011 que regula el alta en la seguridad social de los estudiantes en prácticas beneficiarios de bolsa de estudios, habiendo estado por descontado todos los estudiantes dados de alta conforme a dicho régimen", explican fuentes de la UAM.
Trabajo fue tumbando sus alegaciones y, agotada la vía administrativa, decidió acudir a la justicia. Insiste la administración: los becarios están cubriendo puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento diario de la universidad. Así, en julio de 2016, ambas partes se verán las caras frente a un juez, que tendrá que decidir si existía la relación laboral que denuncia Trabajo o no.
Por el camino, el caso ha arrastrado a 248 de esos becarios: como parte implicada en el proceso son actores en el juicio (técnicamente "demandados", pero no afrontan posibles consecuencias). Todas las partes consultadas se esmeran en señalar que los estudiantes no afrontan posibles consecuencias. Aunque el procedimiento estándar los señala como denunciados, son parte afectada (negativamente) y no tienen nada que perder en el juicio.
Si la universidad pierde y el juez decide que eran trabajadores y no becarios ellos ganarán, con toda la probabilidad, la diferencia salarial entre sus emolumentos (300 euros mensuales) y los de sus compañeros de trabajo de la universidad (unos 500 euros mensuales más, según los estudiantes). Si la universidad gana, se quedarán como están, concluye eldiario.es .
