Los últimos datos publicados por el Misterio de Empleo y Seguridad Social señalan que hasta noviembre de 2014 (último mes contabilizado) el Estado desembolsó el año pasado 5.028 millones, cifra que contrasta con los 8.159 millones pagados en 2008 o los 8.200 millones de 2009, año el que se alcanzó el máximo de gasto en la serie histórica que arranca en 1990.
En los últimos seis años el gasto en bajas por enfermedad se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio hasta situarse en 2014 en el 6,9%, aunque en 2012, coincidiendo con las restricciones salariales aprobadas por el Ejecutivo para las bajas en la administración pública, el retroceso fue del 12%. Desde 2012 los funcionarios y empleados públicos que causaran baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, sólo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja. También la reforma laboral aprobada ese año introdujo mayores facilidades para despedir a un trabajador que reiteradamente se diera de baja por enfermedad en su empresa. Hoy, las empresas pueden despedir a un empleado que cause baja de forma reiterada si sus faltas de asistencia alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
Privatización de las mutuas
Estas informaciones se producen después de que en julio pasado las mutuas fueran obligadas a reducir más el absentismo y ahorrar así costes a la Seguridad Social, en el contexto empresarial que entonces dibujó Ibercampus y que ahora ha cambiado con las privatizaciones denunciadas la semana pasada por UGT, el PSOE y algunas agrupaciones de Podemos y que según EL PAÍS atraen a gigantes del capital riesgo y un sector donde gracias a esas recientes fusiones Capio (la multinacional sanitaria que se quedó en Madrid con la gestión de la Fundacion Jiménez Díaz) aspira al 30% del mercado de las sociedades de prevención de las mutuas que tutela Empleo.
Mientras que por entonces la ministra Báñez anunciaba beneficios para todos con es ley de mutuas, ya hace un año CC OO y UGT aprovecharon la celebración del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, para reclamar la retirada de la reforma de la ley de Mutuas que elaboraba el Gobierno del PP, reforma también rechazada por ELA y LAB y algunas agrupaciones de Podemos. Pero el Gobierno antes del verano pasado convirtió en proyecto de ley el decreto de entonces, después de aprobar a finales de 2013 el Anteproyecto de Ley de las Mutuas de la Seguridad Social (anteriores Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, o MATEPSS), por el que así de forma solapada las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales pasaban a denominarse Mutuas de la Seguridad Social, a pesar de no tener ningún carácter público.
Así, desde septiembre pasado, las mutuas hacen la propuesta de alta médica para contingencias comunes y los servicios de salud tienen que dar respuesta en 5 días (antes eran 15 días). El silencio burocrático se entiende como aceptado, aspecto en el que Podemos Xixón entiende que está una de las varias trampas, pues el médico de atención primaria “de facto” no se va a dedicar a rebatir todas las altas que se propongan.
La reforma ponía una parte de los recursos materiales y servicio de diagnóstico de las Mutuas a disposición de las CCAA para su contratación, y de no hacerlo por falta de recursos, etc., los servicios de salud privados tendría vía libre para su concertación. La figura del gerente de estas Mutuas de nueva creación, así como su retribución, se asimila a la de un gestor público de carácter empresarial, si bien quedan excluidos los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, de los Funcionarios Civiles de la administración del Estado y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Y se producía después de diversas muestras de descontento con actuaciones de las mutuas, entre ellas la expresada por CCOO (por medio del secretario confederal de Salud Laboral, Pedro José Linares) al remitir una carta al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos expresando su“inquietud” “por la actuación de ciertas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social respecto a la financiación de actividades informativas/formativas para los empresarios y patronales sobre las novedades y presuntas ventajas que la reforma laboral les aporta".
Ahora, esta semana, ya en vigor la ley y con las fusiones enmarcha, la secretaria de Empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado que la nueva Ley de Mutuas, aprobada definitivamente el jueves previo a Semana Santa por el que el Congreso de los Diputados, "abre la puerta a la privatización de la sanidad pública para más de 16 millones de asalariados".En tanto la nueva Ley permitirá a las mutuas controlar los procedimientos de enfermedad común desde el primer día de baja, el trabajador que hasta ahora acudía al médico correspondiente del Sistema Nacional de Salud, poniéndose en manos de un profesional especializado, se verá tutelado por una empresa privada. Añadio que la motivación de este cambio es "sembrar la sospecha" entre los médicos del sistema público y los trabajadores que caen en enfermos, ante posibles casos de bajas fraudulentas y absentismo injustificado, para hacer un trasvase "ideológico" de la sanidad pública a la privada.
Igualmente, mientras diversas agrupaciones de Podemos han indicado que que la ley suprime las Mutuas de Prevención de Riesgos Laborales y el Gobierno facilita la apresurada privatización de las Sociedades de Prevención, UGT denunció nuevamente que la Ley de Mutuas del Gobierno está encubriendo una privatización del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, más aún tras conocer que el gigante sanitario IDC Salud está protagonizando la compra masiva de las sociedades de prevención de accidentes de trabajo de las mutuas.
Se trata según UGT de una inversión en un sector que desconoce, que afecta a la seguridad y salud de los trabajadores y que debería estar intervenida por la Seguridad Social y la Auditoría General del Estado, algo que no sucede. El sindicato considera imprescindible apostar por un servicio de calidad con el fin de que la prevención no sufra una nueva merma, para lo cual la mejor opción pasa por la gestión con los trabajadores y trabajadoras del sector, que son quienes realmente conocen la realidad y las necesidad de las empresas en esta materia.
La UGT recuerda que ha venido denunciando que la reforma estaba encubriendo una privatización del sistema sanitario. "Esta Ley ha establecido las pautas necesarias para conseguir, por la puerta de atrás y sin hacer ruido, lo que habían paralizado las Mareas Blancas, que el Sistema Público de Salud pase a manos privadas.Una de las puertas para hacerse con el negocio de la Sanidad, una vez privatizada, se abría a través de la enajenación de las Sociedades de Prevención pertenecientes a las Mutuas, que se convirtieron así en objeto de deseo de las grandes compañías de capital riesgo con intereses sanitarios, como es el caso de IDC".
Dice UGT que la puja de este tipo de compañías, en su mayoría de capital extranjero, es de tal calibre que ahora se corre el riesgo de que la prevención de riesgos laborales pase a manos de las mismas en un porcentaje elevado, y es que sólo IDC ha decidido invertir con el fin de posicionarse como la primera entidad de la prevención en España, haciéndose, si consigue sus pretensiones, con algo más del 30% del mercado, pues su inversión pasa por comprar las Sociedades de Prevención de las siguientes Mutuas: La Fraternidad, MC Mutual y Mutua Universal, a las que se une su última apuesta, la de hacerse con Fremap; por lo que la Comisión Nacional de la Competencia debería informar al respecto.
De hecho, hace dos semanas, y pese a tener una oferta de compra de los propios trabajadores de la Sociedad de Prevención de FREMAP (del grupo Mapfre), la Junta Directiva de la Mutua ha aprobado la venta a IDC Salud, aun teniendo otra oferta que garantizaba mucho más el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de la Sociedad de Prevención y la calidad de la oferta preventiva en el seno de las empresas españolas, ya que era la oferta de los propios trabajadores y trabajadoras de la Sociedad, con la implicación necesaria para el mantenimiento de sus puestos de trabajo e implantación de la prevención de riesgos laborales en las empresas.
El mayor proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España se va a convertir así segun UGT en el responsable de realizar la prevención de riesgos laborales en gran parte de las empresas de nuestro país. "Es esta una operación que debería ser intervenida por la Seguridad Social y por la Auditoría General de Estado, pues son demasiados los intereses de todo tipo, y no se corresponden con los controles a los implicados", prosigue UGT, que en todos los casos ha apostado por un servicio de calidad, porque la prevención de riesgos laborales en España, no sufra otra merma más, pues la siniestralidad laboral es un goteo incesante de malas noticias, que puede aumentar a límites insostenibles si se deja la prevención de riesgos en las manos de quien solo busca el beneficio económico.
"Consideramos que la mejor de las opciones pasa por la gestión con los trabajadores y trabajadoras del sector, que son quienes realmente conocen la realidad y las necesidades de las empresas en este ámbito", dice tambien UGT.
