En el convenio el Ministerio se compromete a prestar asesoramiento y apoyo tanto en la urbanización como en la gestión del alquiler a través de la operadora pública de suelo SEPES como de la Sociedad Pública de Alquiler, así como a declarar, en su caso, la zona de intervención como Área de Urbanización Prioritaria a efectos de su financiación. Por su parte, la Universitat Jaume I será la responsable de promocionar y gestionar las viviendas universitarias que se construirán en el campus, comprometiéndose a mantenerlas en el patrimonio de la Universitat, con carácter permanente y estable, en las debidas condiciones de uso para el fin propio de vivienda.
La Universitat adjudicará las viviendas universitarias mediante la utilización de los Registros Públicos de demandantes de vivienda que incluyan la condición de universitario o personal de la comunidad universitaria o mediante la creación de un registro público propio, que en todo caso estará conectado con el Registro de Demandantes de la Comunidad Autónoma. Además, la Universitat o los gestores de estas viviendas deberán garantizar la rotación con contratos de alquiler con una duración máxima de cinco años, prorrogable por un año más, si el inquilino continúa su relación con la Universidad.