jueves,27 enero 2022
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Novedades disciplinarias en el campus

El Ministerio prepara una ley para evitar conflictos por copiar en los exámenes

ibercampus.info
El Ministerio de de Educación ha preparado el borrador de la Ley de Convivencia y Disciplina Universitaria, con la que, entre otros asuntos, se tratan de evitar los conflictos derivados de una de las argucias más antiguas de los estudiantes para aprobar los exámenes. Dicho texto se ha analizado en el XIV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, celebrado estos días en la Universidad Politécnica de Cartagena.

 

El rector de la UPCT, Félix Faura, destacó «la importante labor que desarrolla este colectivo en estos tiempos de cambio» y el director general de Universidades, Eduardo Osuna, resaltó «la independencia y autonomía» de los defensores universitarios, a quienes calificó de «observadores privilegiados».

El Defensor del Universitario se elige entre los miembros de la comunidad universitaria. Puede ser un docente, un alumno o un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS), pero debe de ser elegido por mayoría cualificada o absoluta, al menos en las universidades públicas.

El objetivo de esta figura académica, que viene regulada en la Ley Orgánica de Universidades, es velar por todos los derechos y deberes de los distintos colectivos de la comunidad universitaria. Durante la jornada también se trató la implantación del Espacio Europeo en la Educación Superior.

Una ley que sustituye a otra del franquismo

El Ministerio de Educación presentó el borrador de anteproyecto de la Ley de convivencia y disciplina académica en la enseñanza universitaria. El trecho que le queda por recorrer es todavía largo pero el futuro reglamento se moderniza y contempla actuaciones relacionadas con cuestiones informáticas. Una vez esté aprobado, serán faltas muy graves aspectos de la convivencia en el campus que atenten la integridad o el respeto a las personas, la intolerancia, las agresiones que se convertirán en materia de expediente junto con la posesión de armas o la suplantación profesional.

En esta larga lista, veinte comportamientos sus susceptibles de infracción muy grave (el tiple que en el anterior decreto), se incluyen la realización de "actos que impidan el correcto desarrollo de los procesos electorales en la Universidad", de "novatadas que supongan grave menoscabo del honor, la dignidad o la personalidad del agredido" y "la oposición violenta a la celebración de actos académicos o al cumplimiento de disposiciones universitarias".

El plagio, la distribución de sustancias psicotrópicas, las denuncias falsas contra otros individuos, la interceptación de correos electrónicos también se consideran faltas muy graves.

la entrada no autorizada en los sistemas informáticos de la universidad o la utilización fraudulenta de sus archivos electrónicos así como la falsificación o destrucción de documentos académicos.

Entre las faltas graves se encuentran el mutilar las obras del patrimonio bibliográfico, realizar conductas vejatorias o estar en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas en los recintos de la universidad además de distribuir material ofensivo a través de las redes sociales o la descarga de archivos y falta leve podría ser el consumo de tabaco y la utilización de servicios universitarios sin el abono de los precios establecidos, entre otros tantos.

Sanciones

Las faltas muy graves conllevarán la expulsión del sistema universitario por un periodo de dos a cinco años; una multa de 1.501 a 3.000 euros y, si ha provocado daños en el patrimonio, deberá reintegrar su valor o el de su reparación.

Los estudiantes que hayan cometido faltas graves tendrán prohibido examinarse en alguna o todas las convocatorias del curso académico y una multa de hasta 1.500 euros. La sanción podrá ser sustituida por la aplicación de medidas de carácter educativo o recuperador. Mientras, las leves consistirán en amonestaciones públicas o privadas, multa de hasta 800 euros y medidas correctivas.

La comisión disciplinaria deberá tener en cuenta la intencionalidad, el grado de perturbación de la convivencia universitaria, el arrepentimiento espontáneo, la reincidencia y la reparación del daño además de las circunstancias personales o familiares.

En el Estatuto de los Estudiantes, aprobado en 2010, se contemplan los derechos y deberes pero no el régimen disciplinario, que deberá aplicar cada universidad de acuerdo con su autonomía.

La propuesta ministerial establece que los procedimientos disciplinarios se inicien siempre de oficio por acuerdo del rector o del órgano que establezcan los estatutos, adoptado a propia iniciativa, como consecuencia de la petición razonada de otro órgano, o por denuncia.

Con anterioridad a iniciar el procedimiento, se podrán realizar actuaciones con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que lo justifiquen. "Estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión, los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la identificación de la persona que pudiera resultar responsables y las circunstancias relevantes", señala el anteproyecto.

 Fuente: La Opinión de Murcia/levante-emv.com

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