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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS
La devaluación de la función docente

El negocio de las acreditaciones: la calidad del profesorado medida por la cantidad

Enrique Javier Diez Gutierrez, coordinador de IU y profesor de la Universidad de León

Dos multinacionales extranjeras sacan del erario público más de 25 millones de euros anuales controlando el acceso y promoción del profesorado universitario e investigador de este país, según denuncia el coordinador federal de Izquierda Unida y profesor de la Universidad de León Enrique Javier Diez Gutierrez, en un artículo publicado por el digital Nuevatribuna.es
Enrique Javier Díez Gutiérrez, Coordinador Federal de Educación de IU | Profesor de la Universid 6 de octubre de 2016 Enviar a un amigo
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Para acceder a un puesto en el ámbito universitario, acreditarse para cualquier puesto docente, promocionar en la carrera académica, cobrar el complemento de investigación o simplemente no verse “cargado” con más horas de docencia, prácticamente todo profesor o profesora universitaria tiene que conseguir que dos multinacionales le admitan publicar cierto número de artículos en las revistas que ellas determinan y controlan.

El actual sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria, especialmente a partir del Real Decreto-ley 14/2012 del PP, premia la acumulación de esas publicaciones cuantificables y comercializables que son las que generan “distinción y reconocimiento” (número de sexenios), al tiempo que “penaliza” si no se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la reducción del salario y un aumento significativo de trabajo docente. 

Tiende así a convertir la función docente esencial de la universidad en un obstáculo para la promoción académica, un “castigo”, que termina por devaluar la finalidad fundamental de la universidad, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y postergue. Sabiendo, además, que no está probado -más bien al contrario- que haya una correlación importante entre productividad de la investigación-publicación y eficacia de la docencia.

Frente a la docencia, la práctica investigadora es transformada en una inversión en el propio currículum mediante este tipo de publicaciones que sí reportan beneficios subjetivos (valoración) y materiales (compensaciones retributivas). Este sistema valora aquellas publicaciones que tengan valor para el mercado y que se puedan cuantificar y medir. Olvida que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad y de la mejora del mundo en el que convivimos, ligada a problemas y necesidades sociales que no siempre son valorados por el mercado, para convertirse en una moneda de cambio determinada por las exigencias del mercado. 

Cultura del impacto y la citación

Se está presionando así a la comunidad científica para transformar la investigación rigurosa en una loca carrera de la “cultura del impacto y de la citación” para ser valorado y poder promocionar. Porque este sistema ha asumido la tesis de que el factor de impacto (media de citas que en un año tiene un artículo), que mide visibilidad más que calidad, defina el valor científico de artículos y revistas. Factor que es controlado por los datos ofrecidos por el informe Journal of Citation Report (JCR) de la multinacional Thomson Reuters a través de su producto Web of Knowledge (WOK), y por la multinacional Elsevier a través de su producto Scopus. La Fundación Española para la Ciencias y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, las universidades y el Centro Superior de Investigaciones Científicas pagan por las licencias a estas multinacionales más de 25 millones de euros anualmente. 

Mientras, en 2013, se paralizaba por recortes presupuestarios proyectos públicos nacionales, como el sistema DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) desarrollado desde 2006 por el CSIC. Integrado en una institución pública, DICE no recibía dinero de las revistas que estudiaba y catalogaba, ni tampoco directamente de quienes lo consultaban. Suerte parecida sufrieron otros proyectos públicos de prestigio como el de INRECS, INRECJ e INRECH de la Universidad de Granada en el año 2014. 

Política de Estado

De esta forma, nuestras administraciones públicas son cooperadores necesarios (en financiación y difusión) de las multinacionales privadas extranjeras para el desarrollo de su sistema comercial de evaluación. Los ministerios de Ciencia y Tecnología le atribuyen la autoridad y el liderazgo que estas multinacionales se autoatribuyen en sus páginas web, desde su “monopolio de hecho” de la evaluación científica. 

El conjunto del engranaje es accionado por las agencias nacionales de evaluación. Las agencias como la ANECA, que acredita la capacidad del profesorado, y la CNEAI, que reconoce a través de los sexenios la actividad investigadora realizada, priorizan como criterios de valor la publicación de artículos en revistas científicas incluidas en esas bases de datos elaboradas por Thomson Reuters y Elsevier, en detrimento de otros formatos y modos de canalizar la actividad investigadora. 

Lógica colonial

Este sistema ha recibido innumerables críticas. Desde el sesgo lingüístico y geográfico que favorece a publicaciones y autores y autoras anglosajones hasta que enfatiza estándares determinados de ciencia. Estos criterios de valor, además, reproducen una lógica colonial pues refuerzan una lógica geopolítica de poder que margina y desprecia las revistas científicas no anglosajonas, imponiendo sin discusión el inglés como lengua “neutra”. También se ha criticado la recurrencia y la permanencia de los círculos científicos dominantes que se nutren y se citan entre sí (de las más de 8.000 revistas de todo el mundo que son incluidas en el JCR, tan solo 300 representaron más del 50% de lo que se citó y más del 30% de lo que se publicó; y un núcleo de 3.000 revistas cuenta con más del 90% de artículos citados y más del 80% de los publicados). Asimismo, se ha enfatizado el escándalo que supone el hecho de que resultados de investigaciones pagadas con dinero público se publiquen en revistas de acceso privado. 

Lo cierto es que con este modelo la producción de conocimiento se encierra en un circuito privatizado, ajeno en buena parte a su servicio a toda la sociedad y al compromiso con el bien común. A pesar de las críticas de todo tipo que este modelo ha generado, conserva intacta su capacidad de definir quién vale y quién no. Se asume así que aquello que ocurre fuera de lo validado por el modelo no existe o no sirve a la ciencia: “si tu trabajo no está aquí, no vale”.

Competición en vez de colaboración

Esta bibliometría, más que aportar resultados de investigación excelentes, ha conseguido presionar a la comunidad investigadora para adaptar su trabajo hacia lo que se valora en el mercado de los sexenios. Se abandonan las monografías o libros con conocimiento reflexivo de fondo capaces de alcanzar al gran público, pues son consideradas “méritos menores” porque puntúan menos frente a los artículos con índices medibles de impacto. Se está generando una inflación de papers inabarcable, que pocos leen y que no siempre se escriben con el poso necesario. Se recurre al autoplagio, a las autocitas, a las redes de citas, a las guerras de citas, a no citar a posibles competidores/as, a exigencias de citar artículos publicados en los últimos años en la revista donde se quiere publicar. Se genera así un volumen innecesario de aparato de citación, un hipertrofiado marco teórico, postizo y muchas veces ni siquiera consultado, que solo sirve para aumentar este mercado de la citación, cuestionado en innumerables investigaciones y estudios.

Todo ello obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable en el mercado de la patente y la industria del rápido beneficio, no la investigación base ni la dimensión crítica de la investigación. 

Otro sistema de evaluación de la producción científica es posible

Necesitamos una universidad realmente pública y democrática. Una universidad que cuestione esta concepción neoliberal de la ciencia, la investigación y la universidad. Que ponga en jaque el significado otorgado a la “excelencia”, entendida como incentivo para que se aumente de manera constante, competitiva e ilimitada la productividad.

Es necesario apostar por una universidad que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos. 

Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran también el impacto social y político de la investigación no sólo por el número de citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales, sean locales o globales. 

En definitiva, los repositorios públicos de “acceso abierto”, mandato expreso del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, en la línea que plantea la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y la Declaración de Berlín, administrados por universidades u organizaciones de investigación públicas, son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. 

Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento Nacional para superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas en JCR y similares, que miden el continente más que el contenido, ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales extranjeras y sentar las bases para que la academia dé a luz un nuevo sistema de evaluación público y abierto de la investigación. 

Aunque esta proposición no es ese nuevo sistema, sino una medida de urgencia, es un primer paso de otro sistema posible de evaluación de la producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para el bien común.


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