Según denuncias de Cepyme, la patronal de las pymes, el PP ha incluido entre sus enmiendas a los Presupuestos en el Senado la eliminación de bonificación de 420 euros que reciben las empresas más pequeñas, debido a que “las evaluaciones realizadas han puesto de manifiesto … que la formación no está alcanzando la calidad necesaria pese a su mayor coste”.
Las empresas de menos de cinco trabajadores que organizan alguna acción formativa para sus empleados reciben desde el 2007 una bonificación de 420 euros. La forma de hacerlo consistiría en sustituir este mínimo por el 100% de los créditos formativos que logran con las cuotas sociales (el 0,7% de la base de cotización), cuando en la realidad esos créditos acumulados suman muy pocos euros en las microempresas.
Según los expertos, la mayoría de estas microempresas no superarían los 80 o 90 euros con esa nueva fórmula. Así, la consecuencia sería que a todas ellas se les encarecería bastante el acceder a la formación profesional para sus empleados.
Los ultimos recursos presupuestados de este sistema de ayuda a la formación profesional, los de 2012, evaluaban el coste total del mismo para las cerca de 300.000 empresas beneficiarias en unos 115 millones.
“Esta supresión [en referencia a la eliminación de la bonificación de 420 euros] excluiría, de salir adelante, del sistema de formación a las microempresas”, advierte el presidente de esta patronal, Jesús Terciado, en una carta remitida el pasado jueves a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y a los grupos parlamentarios en el Congreso.
Además de la calidad, el PP argumenta su enmienda en que el sistema empleado hasta ahora ha generado “una proliferación excesiva de entidades organizadoras (cerca de 7.000) que no siempre procuran la formación adecuada”. Dicho de otra forma, en el sistema actual hay descontrol, según el PP.
Según EL PAIS, parte de este razonamiento lo admiten tanto los empresarios como los expertos en formación. No obstante, aducen que no se puede suprimir la ayuda sin buscar un mecanismo alternativo. “La mera existencia de alguna mala práctica”, admite en su carta Cepyme, “no debería perjudicar a la totalidad de las microempresas que utilizan la formación de manera correcta, sino que debería tratar de corregirse con otro tipo de medidas como una mayor actividad de control y seguimiento”. “No se han aportado datos que permitan hablar de un fraude generalizado, ni esta enmienda ha sido comentada con los interlocutores sociales, lo que hubiera permitido buscar soluciones”, lamenta Terciado.
