lunes,6 diciembre 2021
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Dimite el nÚmero 2 de Presidencia por el caso Acuamed

El PP, primer partido imputado en España, por el borrado de los ordenadores de su tesorero

Redacción
La titular del juzgado 32 de Madrid citó este vie al PP y a su actual tesorera, Carmen Navarro, para que declaren el 4 de febrero como imputados, tras la reapertura del caso del borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. Es la primera vez que un partido político es imputado como persona jurídica, una posibilidad incorporada al Código Penal en 2012. Federico Ramos de Armas presentó su dimisión como subsecretario de Presidencia tras verse implicado en el caso Acuamed.

La citación del PP se produce después de que el pasado enero la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013 al entender que el archivo provisional se adoptó "sin practicar diligencia de investigación alguna" sobre los hechos.

El PP, a través de un comunicado, afirmó que la tesorera, igual que el resto de los citados, "ratificará que los ordenadores con los que supuestamente trabajaba Bárcenas no contenían información puesto que, como él mismo dijo, cambió y se llevó el disco duro", y que la información que había en dichos ordenadores "estaba contenida en el pendrive que entregó al juez Ruz", tal y como consta en la declaración judicial del 15 de julio de 2013.

Por otra parte, Federico Ramos de Armas, número dos de la vicepresidenta en funciones Soraya Saez de Santamaria, quien así se ha visto salpicada igual que María Dolores de Cospedal, presentó su dimisión como subsecretario de Presidencia tras verse implicado en el caso Acuamed para "defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" cuando estuvo en su anterior cargo en el Ministerio de Medio Ambiente. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, informó sobre la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el cese a petición propia.

Ramos de Armas (en la foto, cuando tomo posesión) era presidente de Acuamed cuando en marzo de 2014 el director de ingeniería, Francisco Valiente, denunció las irregularidades detectadas. Según Vozpópuli, el número 3 de Moncloa y hombre de confianza de la vicepresidenta en funciones decidió entonces frenar esa denuncia, abortar cualquier tipo de investigación interna y destituir de forma fulminante al directivo que alertó de las prácticas corruptas.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, donde igualmente se frenó la investigación, ha ordenado ahora la investigación de todos los contratos de la empresa. "Soy la más interesada en que todo esto se aclare" señaló.

Sin embargo, antes de que estallara el escándalo, de poco sirvieron las primeras denuncias ante la empresa o el Ministerio de Agricultura, de la que es su principal instrumento. La Abogacía del Estado advirtió a Acuamed de que sus acuerdos con FCC para compartir los gastos de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) tras las inundaciones de 2012 que la inutilizaron eran ilegales, según EL CONFIDENCIAL. El abogado del Estado Pablo Fernández Ruiz advirtió en 2014 a los servicios jurídicos que, en caso de que le pidieran un informe al respecto, este sería desfavorable, según fuentes de la investigación. Fernández declaró el viernes ante los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso.

El auto por el que el juez Eloy Velasco envió a prisión el pasado miércoles a parte de la cúpula de Acuamed y dejó en libertad bajo fianza a varios de los directivos de las constructoras implicadas, explicaba cómo el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, pactó con la adjudicataria de la obra (una UTE formada por FCC y Abengoa) que la empresa dependiente de Agricultura corriera con el 40% de los gastos de reparación. A la contratista le correspondería el 60% restante.

Pero ambas partes, según el juez, habrían pactaron que el monto puesto por FCC se repusiera a esa constructora con “modificados ficticios irreales” en otras obras “al parecer pactados a muy alto nivel en el ministerio”. La finalidad sería, como reza el auto, que FCC fuera compensada con un total de 40 millones de euros”, especialmente en las tareas de descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), valoradas en 180 millones de euros y adjudicadas a esa misma empresa. El dinero presuntamente destinado a cubrir esa compensación se incluyó, según los investigadores, en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016.

El número dos del PSOE, César Luena, exigió ayer "explicaciones" y "responsabilidades" al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, tras la dimisión de Ramos. Luena dijo que su implicación en el caso Acuamed y la imputación del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas confirman que el PP y la corrupción "son casi uno". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, sostuvo que el Congreso debería impulsar la creación de una comisión parlamentaria sobre el caso. Ciudadanos consideró "adecuada" la renuncia de Ramos.

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