sábado,28 mayo 2022
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Acuerdo de Cultura y las gestoras de los derechos de autor

El precio de móviles y grabadoras incluirá desde enero un canon digital como el anulado por Europa

Redacción
El Ministerio de Cultura y las entidades de gestión de los derechos de autor han alcanzado un acuerdo para reimplantar desde el próximo día 1 de enero un canon digital similar al vigente hasta 2011, modificado por la novedad de que la compensación a los autores formará parte del precio de los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, como los CD, móviles, memorias USB y otros aparatos usables en la reproducción de obras susceptibles de derechos de autor.

El acuerdo prevé eximir de pago a empresas y Administraciones públicas, así como la opción para las personas físicas y jurídicas de pedir un reembolso si demuestran el fin profesional de las copias que realicen, según el borrador de borrador de real decreto al que ha accedido EL PAÍS. Antes de entrar en vigor precisará del visto bueno de los otros ministerios afectados y del Consejo de Ministros. Una vez aprobado el texto definitivo, harán falta meses para concretar todos los detalles en una orden ministerial.

Antes el canon digital tenía que ser pagado por todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado, según la reforma aprobada por el Gobierno en diciembre de 2011 y que entró en vigor el 1 de enero del 2012, medida anulada en junio del presente año por el Tribunal de Justicia de la UE, y luego confirmada en noviembre último por el Supremo.

Sus precedentes fueron: 

1994. Se introduce en España una compensación equitativa por las copias privadas. Ante un vacío legal, y usuarios que ya las están realizando, la idea es convertirlas en excepción legal y fijar un pago por ellas. A la sazón, el canon se centra en los soportes analógicos, como casetes, fotocopiadoras y VHS. 

2006. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero actualiza la compensación al nuevo entorno tecnológico, de ahí que se hable de canon digital. Ahora la tasa cubre también memorias USB, archivos externos, lectores de mp3 o móviles.

2011. El canon digital sale dañado de los tribunales. La Audiencia Provincial de Barcelona establece que solo deben pagarlo las personas físicas y no las jurídicas, en la sentencia del sonado caso Padawan (por el nombre de la empresa que ganó el juicio contra la SGAE). Por otro, la Audiencia Nacional anula la orden ministerial que regulaba las cuantías de la compensación.

Tanto las leyes españolas como las europeas prohíben que se reproduzcan canciones, películas o libros sin la autorización de sus creadores. Aceptan, sin embargo, una excepción para aquellas copias que las personas físicas realicen para su uso privado sin fin comercial. A cambio, las normativas fijan la obligación de abonar una compensación económica a los creadores a través de las sociedades de gestión. De ahí que surgiera el canon digital, que afecta a soportes y aparatos como CD, DVD, fotocopiadoras, lectores de Mp3, memorias USB, discos duros, móviles o tabletas. En principio, sus fabricantes e importadores deberían asumir el pago, aunque según EL PAIS nada impide legalmente que lo trasladen a los compradores subiendo los precios de sus productos. De hecho, no los bajaron cuando el canon pasó a los Presupuestos Generales.

El canon se introdujo en 1996, fue actualizado al entorno digital por el Gobierno del PSOE en 2006, y sufrió serios reveses judiciales en 2011, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona estableció que solo debían pagarlo personas físicas y no jurídicas (caso Padawan) y la Audiencia Nacional directamente anuló la orden ministerial que regulaba sus cuantías. El Ejecutivo del PP optó por introducir un nuevo modelo, impulsado por el entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que acabó peor: el Tribunal de Justicia de la UE, en junio, y el Supremo, hace un mes, lo dejaron "inaplicable" por su cobro indiscriminado, creando un vacío. Y para llenarlo, a falta de las modificaciones posteriores, sirve el acuerdo.

Las nuevas tarifas de las entidades siguen en el aire 

El nuevo clima de diálogo revelado por EL PAÍS podría beneficiar a otros asuntos pendientes. Uno de los más destacados es la fijación de las nuevas tarifas que tendrán que pagar los usuarios de las obras protegidas por el derecho de autor a las entidades. Promotores musicales, hoteles, radios o televisiones han criticado en los últimos años a las entidades por precios que consideraban “abusivos”. De ahí que la nueva Ley de Propiedad Intelectual modificara los criterios para fijar las tarifas, en busca de un modelo más objetiva y razonable.

El plazo para que las entidades presentaran su nuevo plan tarifario vencía el pasado junio. A partir de ahí —y con algún retraso— empezaron las negociaciones con los usuarios. Pero varios de ellos, presentes el miércoles en un encuentro organizado por el diario Cinco Días y que representaban, entre otros, a radios, promotoras, productoras o gigantes tecnológicos, volvieron a lamentarse: las entidades, denuncian, han presentado tarifas de hasta un 200% más altas. El secretario general de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, Raúl Rodríguez, también participó en el acto. La Sección Primera tendría que hacer de arbitro, o incluso fijar las tarifas, si no hubiese acuerdos entre las partes.

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