Según argumentan los socialistas, en un escenario de dificultad de financiación para todas las administraciones públicas, las universidades también se resienten de esta situación y se ven afectadas, no sólo por las reducciones presupuestarias y de restricción de acceso al crédito que afectan a todos los entes públicos, sino que además sufren los recortes en las políticas de I+D+i y en otras partidas presupuestarias específicas, como las relativas a los Campus de Excelencia Internacional.
Además, advierte de que la situación económica de muchas Universidades públicas españolas está "fuertemente condicionada" por el retraso en las transferencias de las administraciones autonómicas, que puede generar tensiones de tesorería y, en general, dificultades de liquidez, especialmente para hacer frente a la retribución de sus trabajadores y atender los pagos a proveedores de servicios básicos para su funcionamiento.
A su juicio, el Gobierno viene adoptando medidas de apoyo a la liquidez de comunidades autónomas y corporaciones locales, mediante anticipos de tesorería o mecanismos extraordinarios como la línea ICO-vencimientos o el Plan de pago a Proveedores.
"Estos mecanismos extraordinarios, sin embargo, no han sido puestos a disposición de las administraciones universitarias para hacer frentes a problemas de financiación y liquidez similares a los que afectan a las administraciones territoriales", señala el Grupo Socialista en el Congreso.
Por ello cree que, ante la persistencia de los referidos problemas de liquidez y financiación en las universidades, puede incidir en el deterioro del sistema universitario y, según justifica, así lo ha manifestado con preocupación la Conferencia de Rectores.
