El rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carlos Conde, ha desconvocado este viernes el Consejo de Gobierno que tenía previsto celebrarse este sábado, 23 de febrero, con el objetivo de abrir un periodo de negociaciones hasta el 1 de marzo en torno al despido de 301 trabajadores, que tenía previsto que se aprobase en esta reunión.
Según ha indicado CC.OO en un comunicado, Conde ha informado en un correo electrónico al personal de la Universidad del aplazamiento del Consejo de Gobierno hasta el sábado 9 de marzo, ocho días después de que haya concluido el periodo de negociaciones.
Este anuncio se ha producido en el marco de un encierro en el salón de actos del rectorado que un grupo de trabajadores y estudiantes comenzaron este jueves. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la sección sindical de UGT en la Politécnica, José María Herranz, ha explicado que, tras conocer la desconvocatoria del Consejo, el encierro ha quedado desconvocado.
"El objetivo del encierro era permanecer en el salón de actos como medida de presión hasta el sábado, cuando se iba a producir la reunión. Una vez desconvocada la reunión, queda también desconvocado el encierro", ha explicado Herranz, quien ha asegurado que "esto es lo único que se suspende" y que los trabajadores continuarán concentrándose frente al rectorado de 12 a 12.30, como llevaban haciendo desde este lunes.
Además, estas acciones se han producido tras la dimisión este miércoles del decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF), Javier Sampedro, en protesta por los recortes que, según la universidad supondrán una reducción de gastos de 24,7 millones de euros. Las Juntas de Escuela de las facultades también se habían mostrado en contra de las medidas de recorte.
Por su parte, CC.OO ha reiterado su "disposición de trabajar en la línea de una negociación transparente" con el objetivo de diseñar un plan de viabilidad. El sindicato ha exigido "soluciones reales" para el mantenimiento del empleo.
Asimismo, el sindicato ha dicho que entiende las fechas que el rectorado ha establecido (el 1 de marzo como límite para la negociación y el 9 para la celebración del Consejo de Gobierno) como una "referencia" y "no como una limitación" que pueda condicionar el resultado del proceso de diálogo y acuerdo.
