El máximo responsable de la UPV salió así al paso de las acusaciones vertidas durante los últimos días por varios miembros del Gobierno, quienes han asegurado que la UPV habría concedido un trato de favor a los presos de ETA matriculados en la universidad pública vasca.
Ayer, Montero respondió con contundencia. Después de negar rotundamente que exista ningún trato de favor a los presos de ETA, Montero dirigió las palabras más duras contra el ministro de Justicia, José María Michavila, quien la semana pasada afirmó que la UPV se había convertido en un instrumento al servicio de los reclusos etarras. Montero le exigió una rectificación «porque si la UPV fuera así, lo que tendría que hacer el Gobierno es intervenir y, probablemente, detener a su rector, que es el responsable de los títulos que se emiten en esta Universidad».
Añadió que afirmaciones de ese tipo son un insulto «para la institución que presido, un insulto personal», y consideró «inadmisible» que un ministro realice estas acusaciones, «que supongo que serán fruto de una frivolidad, una sinvergonzonería o fruto de la ignorancia».
Respecto a la modificación de algunos artículos de la Ley Penitenciaria que obligará a los presos a cursar estudios universitarios a través de la UNED o de la Universidad Oberta de Cataluña, Montero denunció que se hubiera tomado la decisión sin haberse puesto en contacto con la universidad pública vasca para solicitar su opinión o información al respecto: «La UPV ha sido condenada sin haber sido oída. Se ha ninguneado a la UPV, se nos ha condenado sin pruebas», aseguró indignado.
El rector criticó que desde la Administración del Estado se afirme «una y otra vez» que la UPV concede un trato de favor a los miembros de ETA, «pero no se pruebe»: «Esa es una vulneración inadmisible con unas prácticas constitucionales». Señaló que, con decisiones de este tipo, «el Gobierno ha hecho una renuncia del Estado de Derecho» y aseguró que, en gran parte, la decisión de modificar la Ley Penitenciaria y de verter la sospecha sobre la dirección de la UPV «responde a la presión de lobbies de profesores mejor o peor informados».
Recordó que, como institución académica, la UPV está comprometida con el estado de derecho y la legalidad constitucional. «Es más, por eso algunos miembros de la dirección de esta universidad somos objetivo de la amenaza terrorista y debemos ir escoltados y, además, ahora nos encontramos insultados por miembros del Gobierno».
Detrás de la reforma legal y de las acusaciones a la Universidad del País Vasco están las elecciones, según Montero, quien denunció que se está manipulando a la opinión pública para que vea la Universidad vasca «como un nido de buitres que cada vez que vemos un terrorista nos estremecemos de emoción y le damos cobijo o temblamos, llenos de miedo».
