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La Unión Europea, tan nuestra como desconocida


Este artículo pretende poner de manifiesto dos aspectos: en primer lugar, la importancia que para España tiene la Unión Europea y el papel que puede desempeñar en la misma tras la salida del Reino Unido y el escepticismo que está mostrando Italia, uno de sus socios fundadores; y, en segundo lugar, el considerable desconocimiento que de la Unión tienen la mayor parte de los españoles.
Transitar por Eurolandia 2 de julio de 2019 Enviar a un amigo
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Es casi obvio afirmar que un buen conocimiento de la estructura y funcionamiento de la Unión Europea, es de mucha utilidad para casi todos los profesionales que tienen la nacionalidad europea. Pero es absolutamente básico en el caso de los juristas, economistas, politólogos e historiadoresl. Esta cuestión, me sugiere dos breves reflexiones sobre España: la primera, la importancia que para la misma tiene la Unión, y la segunda, el desconocimiento que de ella tienen nuestros ciudadanos.

En relación con el primero de los aspectos, hay que recordar que España vivió prácticamente de espaldas a Europa durante su época imperial, etapa que estuvo marcada por múltiples conflictos con sus vecinos. Una vez perdido el Imperio, el debate sobre el europeísmo, salvando la etapa autárquica del franquismo, surgió con fuerza en el siglo XX. Sin embargo, por avatares domésticos y externos, este horizonte se fue alejando hasta la llegada de la democracia en los años setenta.

Tras la PGM se desencadenó en Europa un fuerte proteccionismo económico –del que España participó- y, en la esfera política, surgieron regímenes autoritarios en la mayor parte de sus países. Y con la SGM, como consecuencia de la dictadura franquista, España no fue invitada a participar en el nuevo orden económico internacional que se fue diseñando en torno a las Naciones Unidas; y también, por deseo del presidente Truman, España fue expresamente excluida, en 1948, de la ayuda Marshall; y otro tanto sucedió con los procesos de integración que se iniciaron en Europa a lo largo de la década de los cincuenta del pasado siglo, que darían lugar a la creación de las Comunidades Europeas.

Esta serie de acontecimientos, fue motivo de preocupación para los intelectuales españoles, tanto del régimen franquista como de la oposición. Por puro agotamiento del modelo económico, el franquismo se vio forzado a abandonar la autarquía e iniciar un conjunto de reformas –condensadas en el Plan de Estabilización de 1959- que permitirían una importante liberalización interna y externa de la economía española. Fue a partir de tales reformas cuando España comenzó a entrar en los principales organismos económicos internacionales e iniciar sus primeros pasos de aproximación hacia la entonces Comunidad Económica Europea, que se concretarían en el Acuerdo Comercial de 1970. Pero no pudo acceder a miembro hasta la celebración de las primeras elecciones generales –las de junio de 1977-, que ya le acreditaban como un Estado democrático y le permitían solicitar su ingreso con toda garantía. Tras unas arduas y complicadas negociaciones, dicho ingreso se produjo, junto con Portugal, el 1 de enero de 1986.

Con la entrada de España en la hoy Unión Europea, nuestro país fue experimentando un dinamismo económico y social que no habría tenido lugar, o habría sido menos intenso, de no haber accedido a socio. Valga señalar, por ejemplo, que el PIB, en términos corrientes, se ha multiplicado por 4,8 entre 1986 y 2017, pasando de  243.382 millones de euros a 1.166.319, respetivamente; o que el coeficiente de apertura comercial haya pasado del 25,8% del PIB en 1986 al 65,7% en 2017 (era del 15,2% en 1960); y que actualmente en torno al 60% de dicho comercio se realiza con otros socios comunitarios. En fin, puede decirse que con el ingreso en la Unión Europea, el ciclo económico español comenzó a integrarse, por primera vez en su historia, en el europeo occidental, presentando unas tendencias muy similares en los principales indicadores económicos, con la excepción de la tasa de paro, que siempre ha sido bastante superior.

España es un país mediano-grande en la (todavía) Unión de los 28. Operando con datos de Eurostat de 2017, con el 11,3% del territorio comunitario, ocupa el segundo lugar en extensión después de Francia; el quinto lugar (tras Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), en población (el 9,1% del total de la Unión); y ese quinto lugar también se repite –precedido de los mismos países- en PIB, si bien con una participación menor: el 7,6% del total comunitario. Por su vocación europeísta, largamente demostrada desde su ingreso, España está llamada a tener un papel político en la Unión muy superior al de su peso económico y social. Con la casi segura salida del Reino Unido de la misma y la deriva populista italiana, España debe de aspirar a ocupar el tercer lugar en la Unión, aliándose con Alemania y Francia en el fortalecimiento de la misma. En fin, debe luchar porque se prolongue a Madrid el eje Berlín-Paris. Y eso ahora está a su alcance.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, el grado de conocimiento de la Unión Europea entre los españoles, en general, y de los jóvenes en particular, puede calificarse de bastante deficiente. Una encuesta de 2014 del Observatorio de la Juventud de España, concluía que el 51,5% de los jóvenes (entre 15 a 19 años) estaban muy o bastante interesado en noticias relacionadas con la Unión Europea (más entre los universitarios que entre los que no lo eran), pero dos de cada tres manifestaba estar poco a poco o nada informados sobre la misma; y seis de cada diez de estos jóvenes (el 61,1%) se categorizaban como europeístas frente a casi cuatro (en concreto, el 36,9%) que lo hacían de euroescépticos. La razón obedece a que los poderes públicos hacen muy poco en este terreno, de lo que son buenas muestras los escasos espacios que ocupan en los medios de comunicación y, lo que es peor, la marginalidad que ocupan en los programas de Historia de la enseñanza primaria y media. Como es obvio, es difícil tener una opinión fundada de lo que se desconoce, lo que contribuye muy poco a incrementar la conciencia de ciudadanía europea.

Esta pobre imagen también se traslada a la Universidad, aunque tal vez haya que matizar por áreas de conocimiento y por universidades, algo que desborda el propósito de este artículo. Digamos, a vuela pluma, que desde que se crearon las Comunidades Europeas en 1957, en España han existido algunas iniciativas dignas de tener en cuenta. Uno de los primeros referentes lo constituye la Academia Aragonesa de Ciencias Sociales, creada en 1952 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, que desarrolló una importante labor de análisis y reflexión sobre la realidad europea tanto en publicaciones como en cursos y conferencias.

Tras los éxitos del Plan de Estabilización de 1959 y la fallida petición de España como Estado asociado de la CEE de 1962, el interés por las Comunidades Europeas se acrecentó en determinados círculos. Comenzaron a publicarse una serie de trabajos relacionados con España y las Comunidades (los de José Larraz, José Luis Sampedro, Román Perpiñá, etc., entre otros, por solo citar a economistas), en los que el papel que jugó la revista Información Comercial Española, entonces dirigida por E. Fuentes Quintana, fue básico. En 1964, se leyó, en la Facultada de Derecho de la entonces Universidad Central de Madrid, la primera –hasta lo que yo sé- tesis doctoral que se hizo en España sobre las Comunidades Europeas. Corrió a cargo de Ramón Tamames y se tituló Formación y desarrollo del mercado común europeo (fue publicada como libro y con el mismo título, un año después por la editorial Iber-Amer).

Alberto Ullastres, catedrático de Historia Económica y convencido europeísta que, como ministro de Comercio, fuera el principal artífice del Plan de Estabilización; y, posteriormente, ahora desde su puesto de embajador de España ante las Comunidades Europeas, negociara el Acuerdo comercial con la CEE de 1970, fue también el organizador y director –hasta su fallecimiento- del Curso sobre la Unión Europea, uno de los primeros programas oficiales que comenzó a impartirse –y aun continua- en la Escuela Diplomática. Los citados estudios fueron creados por Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 21 de febrero de 1977 y en sus comienzos tuvieron por finalidad formar especialistas en asuntos relacionados con la UE, ya que en esos momentos España estaba a punto de cursar su solicitud como Estado miembro (lo que se produjo en julio de dicho año).

A partir de la solicitud de admisión de España en las Comunidades y, sobre todo de su ingreso en la mismas en 1986, los estudios sobre la Unión Europea se fueron implantando progresivamente en la mayor parte de las universidades españolas, a lo que contribuyeron decisivamente la Acción Jean Monnet de la Comisión de 1989 y la red de Centros de Documentación Europea; también habría que mencionar los efectos indirectos del Programa Erasmus, implantado en 1987, que tanto éxito ha tenido.

En muchos casos, tales estudios se iniciaron como un título propio de la universidad (e incluso de entidades privadas) en forma de máster de muy diverso contenido, duración, y calidad debido a la ausencia de una mínima regulación; esto dio lugar a la proliferación, de cursos y “chiringuitos” de todo tipo a los que se calificaba de máster, sin reconocimiento legal ni control de calidad alguno. A este estado de cosas trató de poner coto la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que tenía por finalidad adaptarlas al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, sometiéndolas a una profunda reforma en toda su estructura (se puede decir que con ella se pone fin al modelo napoleónico que hasta esos momentos imperaba). Por dicha Ley se creaba la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a cuya evaluación deberían someter las universidades sus planes de estudios. Como consecuencia de la misma y de su posterior desarrollo, se estableció un cierto orden en la enseñanza universitaria.

Actualmente se puede decir que los estudios sobre la Unión Europea en la universidad española no están generalizados, ni mucho menos: sigue siendo una desconocida para una buena parte de los universitarios. Por áreas de conocimiento, se han desarrollado bastante en Derecho, por ser el Derecho de la Unión, una de sus fuentes; lo han hecho mucho menos en Economía, aunque se han realizado esfuerzos por integrar políticas instrumentales y sectoriales en las materias correspondientes, tales como la monetaria, la regional o la agraria; y aun están menos implantados en Historia, donde difícilmente se imparte en los estudios de Grado una disciplina específica sobre Historia de la Unión.
 
La cuestión cambia cuando nos situamos a nivel de especialización: existen programas másteres específicos sobre la Unión, donde la oferta está bien cubierta. Actualmente se imparten en torno a 20, la mayoría de ellos por las universidades públicas más grandes y consolidadas y unos siete por privadas; aunque existen diferencias entre ellos respecto de su orientación profesional, predominan los de carácter multidisciplinar: los que incluyen módulos sobre Historia, Derecho y Economía.

Este es, a grandes rasgos, el panorama general sobre la enseñanza de la UE en el sistema educativo español.

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