lunes,17 enero 2022
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El sector educativo y las cotizaciones por las retribuciones en especie

Juan Carlos Vilar Manzanero, Consejero Delegado de Consultores Argos
Juan Carlos Vilar Manzanero, Consejero Delegado de Consultores Argos, comenta en esta tribuna para Ibercampus la noticia de que los maestros españoles no deberán cotizar a la Seguridad Social por la educación de sus hijos en los colegios donde trabajan, pese al Decreto-Ley que en diciembre pasado suprimió de golpe todas las exenciones de las remuneraciones no salariales en cotizaciones sociales y por tanto subió esta carga a empresas y trabajadores, ahora pendientes de si deberán pagar IRPF.

“Los maestros no deberán cotizar por la educación de sus hijos”, “Báñez exime a los colegios privados del decreto sobre el pago en especie”. El pasado 27 de mayo nos levantamos con estos titulares de La Razón y de El Confidencial que han hecho que más de uno resople aliviado. Y es que la aplicación íntegra del Decreto 16/2013, por el que la retribución en especie pasaba a cotizar a la Seguridad Social, nos pilló a todos a desmano. Pero en el sector educativo, en el que los trabajadores tienen reconocido por convenio colectivo un amplio abanico de retribuciones en especie, provocó directamente ataques de histeria.

La enseñanza lleva manifestando desde diciembre de 2013 su rechazo ante una medida, que según la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) tiene un coste anual de 300 millones de euros. El coste es enorme pero no es el único problema. La aplicación del decreto 16/2013 conlleva unos cuantos quebraderos de cabeza que solo el ejecutivo puede resolver. Por poner un ejemplo: a los colegios privados parecía que les iba a tocar asumir íntegramente el sobrecoste en los seguros sociales. Pero en el caso de los colegios concertados la cosa estaba menos clara y surgía la duda de si las Consejerías de Educación asumirían la partida en base a los conciertos para el sostenimiento de los centros concertados. Y las complicaciones no se acaban ahí. La lista de incoherencias y focos potenciales de conflictividad social al hilo de la aplicación de la norma en educación es interminable. Cada empleado de un centro podrá percibir un neto distinto y acarreará un coste diferente para su empleador en función de sus circunstancias personales. A mayor número de hijos escolarizados menor el sueldo del empleado y mucho mayor el coste de contratación, lo que aporta un nuevo criterio diferenciador, o incluso discriminatorio, a la hora de contratar.

Las dudas se han despejado a la luz del nuevo reglamento promovido por la Ministra Fátima Báñez, de acuerdo al cual los colegios privados y concertados se benefician de una exención parcial a la norma. Nos han tenido en vilo hasta el último momento, pero finalmente se ha hecho público que los colegios privados y concertados no tendrán que pagar seguros por las retribuciones asociadas a la educación de los hijos de sus trabajadores. Citando a El Confidencial en el que se reproduce parte de la norma, la exención aplica “cuando se trate de la prestación del servicio de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional hasta su grado medio por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, su valoración vendrá determinada por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio”.

Es decir, trabajadores y empresas en centros de enseñanza seguirán cotizando por sus retribuciones en especie, cada uno en la proporción que le corresponde. La empresa el 30,9% y el trabajador el 6,35%. La única excepción a la norma se materializa en matrículas, manutención, locomoción y horas extras de los hijos de los empleados en centros educativos, que no tendrán que cotizar. El resto de retribuciones en especie, sea cual sea el sector, como las contribuciones a planes de pensiones, cheques guardería, seguros médicos, seguros de vida, vales restaurante, paquetes de acciones, etc. habrán de contribuir a la Seguridad Social según lo fijado por decreto a finales de 2013.

El sector educativo vuelve a respirar después de meses de inquietud. Eran muchos los colegios a los que las cuentas no les salían con las nuevas cotizaciones sociales. Y es que en muchos casos el centro pasaba a pagar un 25% más a la Seguridad Social y los sueldos de los trabajadores con niños escolarizados disminuían peligrosamente. Un golpe de gracia para muchos centros ya sacudidos por la caída de la natalidad y la salida masiva de inmigrantes ocasionada por la crisis.

El gobierno ha recapitulado pero parte del daño ya está hecho. El decreto 16/2013 y las sucesivas prórrogas para la liquidación de los pagos han ocasionado una enorme incertidumbre y desconcierto en los centros educativos. Y eso se ha traducido en un parón generalizado de la toma de decisiones en lo referente a compras, inversiones o contrataciones de personal. Ha venido a conseguir lo contrario de lo que se pretendía según su texto expositivo, en el que se dice sin complejos que el Real Decreto contiene “medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”.

La nueva normativa de los pagos en especie va a suponer una carga adicional para la enseñanza, lo mismo que va a suceder en todos los demás sectores. Ahora bien, ese nivel de incidencia no tiene nada que ver con el que se preveía hace solo unas semanas.

Esta ha sido una seria llamada de atención para muchos centros de enseñanza que han visto que sus números son mucho menos sólidos de lo que pensaban y que un colegio no es solo educación sino también gestión. Ahora la pelota está en el tejado de los centros educativos. Son ellos los que tienen que revisar su modelo y ser lo suficientemente honestos consigo mismos como para identificar que hacen bien y que es mejorable dentro de casa. Una buena gestión no garantiza un buen programa educativo, pero sin el primero difícilmente conseguiremos el segundo.

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