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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS
El Gobierno traslada en mayor medida el problema a la deuda

El sistema de pensiones español, más amenazado que en 2018 por la falta de ingresos sostenibles

Ilustración de una de las peticiones públicas

Tras la retirada de otros 3.598 millones de euros para pagar la extra de Navidad a casi nueve millones de pensionistas, sólo quedan 1.400 millones en la hucha de las pensiones públicas. Este fondo de reserva se mantiene simbólicamente porque desde 2016, cuando quedó extenuado, ningún Gobierno se atreve a liquidarlo. Tanto los de PP como los del PSOE han trasladado el problema al conjunto del sistema fiscal y la deuda pública, no más sostenible mientras persista la elusión de las multinacionales
Redacción / Actualizada 15 de diciembre 2019 17 de diciembre de 2019 Enviar a un amigo
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Las cotizaciones son insuficientes desde hace años para pagar las extras de las pensiones y la hucha o fondo de reserva ya no puede afrontar este desfase, aunque ningún gobierno se atreve a vaciarla del todo. Así, el sistema lleva desde el 2017 (cuando ya se había reducido en 66.401 millones por los gobiernos de Rajoy) recurriendo a préstamos o ingresos del Estado. Utilizados tanto por el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez, el de este año 2019 será de 13.830 millones de euros, prorrateado en mensualidades, además de los otros 3.598 millones de euros sacados del esquilmado fondo de reserva de la Seguridad Social. Todo ello ha permitido afrontar el desembolso superior a los 19.000 millones de euros que requiere el abono de las pagas a finales de noviembre. Este año se destinarán así a pensiones públicas por primera vez más de 150.000 millones de euros,después de que en dos décadas el dinero destinado a tal fin se ha triplicado.

El fondo de reserva o hucha de las pensiones, creado con la vista puesta en paliar el impacto en las cuentas del sistema público de pensiones cuando empiecen a jubilarse en breve la numerosa generación del baby boom, llegó a contar efectivamente con 66.815 millones en el 2011. Desde entonces, en el último tramo de la Gran Recesión, se ha usado para cubrir parcialmente el agujero de la Seguridad Social. Los primeros gobiernos en retirar recursos fueron los del PP ,y a mediados del 2018 continuaron los del PSOE. Sólo en el 2016, se retiraron de la hucha 20.000 millones para garantizar el pago puntual de prestaciones.

Las estimaciones de expertos sobre el coste que tendrán para los pensiones las dos últimas grandes reformas de las pensiones, el 2011 con Zapatero y 2013 con Rajoy, fueron confirmadas parcialmente a principios de 2017 por la Autoridad Fiscal Independiente impuesta a España por la Union Europea, al reconocer que en ausencia de cambios los pensionistas perderían un 7% de poder adquisitivo hasta el 2022. Pero las estimaciones más avaladas académicamente prevén que la reducción de coste del gasto público y las consiguientes necesidades de recortes si no hay una reforma profunda en pensiones sobre PIB sería en total del 33% hacía el año 2060.

Sin embargo, las cuatro convocatorias de elecciones en los cuatro últimos años parecen haber dejado como conclusión que los programas económicos de los partidos políticos contemplan las pensiones como único punto deconsenso, aunque luego ello se diluye en falta de acuerdos y en la repetición de las mismas prácticas que el Gobierno anterior al cambiar el signo de este. Antés de la última convocatoria del 10 de noviembre, la ministra de Economía en funciones anunció el modelo de la mochila austríaca en pensiones, si bien sindicatos y patronal discrepan sobre esa alternativa. El escueto comunicado ulterior de PSOE y Podemos para anunciar su gobierno en coalición para proteger educación, sanidad y justicia fiscal sólo explicita al respecto el objetivo de "asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida". 

Por ello, mientras las cotizaciones tienden a cubrir menos de la mitad de las necesidades anuales de financiación de pensiones, las soluciones de sostenibilidad se alejan. Ante debates sobre la temporalidad del empleo, por ejemplo, solo haytambién  consenso social en bonificarla menos para salvar las pensiones. Pero la temporalidad luego persiste tanto en las contrataciones públicas como en las privadas, así como en sus prácticas para perpetuarlas, como demostró este verano la repetición del fraude laboral en los más de 200.000 enseñantes despedidos para no cotizar, o posteriormente la ausencia de transparencia en los dos planes de la inspección contra la temporalidad fraudulenta. En octubre pasado se anunció que un comité de expertos evaluaría en un mes la sentencia europea sobre los interinos, sin que hasta ahora se hayan anunciado cambios significativos en ese frente.

Así pues, la amenaza de insostenibilidad del sistema de pensiones públicas persiste, aunque algunas medidas gubernamentales hayan aplazado el problema o lo hayan trasladado a la deuda pública para reducir las estimaciones de rebaja de pensiones porla vía de los hechos del 33% hacia 2040, confirmadas por la autoridad fiscal. Pero tampoco la sostenibilidad de los sistemas de pensiones privados parece asegurada, a juzgar por experiencias como las de la privatización en Chile y las prácticas bancarias españolas, que han mercado la rentabilidad comparativa de los fondos privados durante los ultimos años respecto a otros países, además de cargar comisiones por la gestión o por otros conceptos que limitan aún más la rentabilidad bruta. En ese contexto, sigue vigente la libertad dada por el Gobiernode Rajoy de sacar los 106.000 millones ahorrados en fondos privados tras gastarse la hucha pública. Además de peligrar cada vez más la sostenibilidad futura de pensiones públicas y privadas, la OCDE acaba de alertar del modelo de pensiones públicas de los autónomos en España y otros países.  Y  persisten también anuncios como el que Trabajo estudiará la masiva discriminación en las pensiones por empleos a tiempo parcial de mujeres.

El problema de sostenibilidad de las pensiones se traslada así al futuro a través del conjunto del sistema fiscal, marcado también por un déficit que no deja de elevar la deuda pública, mayor que la de otros países al aproximarse al 100% del PIB en un país con mayor paro que los demás. El actual Gobierno en funciones aprobó como los anteriores, mediante el decreto ley que garantizó la paga extra de estas Navidades, aumentar en 600 millones las transferencias del Estado, con lo que la financiación vía impuestos del fondo para el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social aumenta hasta los 1.933 millones. Los presupuestos prorrogados del 2018 recogían una partida de 1.331 millones de euros, que Cristóbal Montoro incluyó en sus cuentas a raíz del acuerdo entre el PP y el PNV para sacarlas adelante. Los nacionalistas vascos fueron los responsables también de que subieran las pensiones durante dos años como mínimo al 1,6%, en lugar del 0,25% fijado por ley. El nuevo decreto ley permite además elevar en 8.000 millones los créditos presupuestarios de la Seguridad Social para pagar las pensiones, con cargo a los ingresos esperados hasta final de año.

Pero la propia sostenibilidad de los sitemas fiscales pende actualmente de la elusión fiscal de las multinacionales, admitida por el último G20 al demorar su freno al apoyo de alternativas de tributación minima pendientes de la OCDE. Y la semana pasada el presidente norteamericano Trump lograba que la OTAN, además de comprometerse a mayores gastos militares de los países europeos, extienda su foco al poder digital de China mientras veta los impuestos a las grandes digitales norteamericanas o GAFAS.  Se estima que la elusión fiscal merma los ingresos estatales a escala global en 200.000 millones de euros, según datos de la OCDE asumidos por los ministros de finanzas del G20. 

En este contexto, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha iniciado una petición pública dirigida a Congreso de los Diputados para pedir al futuro Gobierno que las pensiones sean públicas y dignas y que estén blindadas por la Constitución en base al IPC real:"Con ese grito llevamos más de 100 semanas saliendo a las calles millones de personas en nuestro país para defender el blindaje de las pensiones. Lo hemos hecho en más de 270 localidades de todo el territorio dando un paso al frente en la lucha pensionista y los movimientos sociales en nuestro país y lo vamos a seguir haciendo hasta lograr nuestros objetivos. En un momento crucial como el que estamos, necesitamos que quienes vayan a Gobernar los próximos 4 años tengan muy claro y sobre la mesa la necesidad de dignificar el sistema de pensiones actual. Queremos lograr una reforma del artículo 50 de la Constitución donde se incluya la pensión mínima basándose en la Carta Social Europea, así como una revalorización periódica anual basándose en el IPC real (inflación). Además es imprescindible que la financiación esté asegurada por parte del Estado y la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Además, queremos conseguir una reforma del artículo 53.2 para que esa protección o blindaje de las pensiones permita a cualquier ciudadano o ciudadana recabar la tutela de este derecho ante los Tribunales ordinarios y tener acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". 

"Queremos que el sistema de pensiones siga manteniéndose de forma pública", dice también la petión, que al empezar este fin de semana llevaba 21.213 firmas y este domingo se aproximaba a las 70.000 firmas de una petición pública controlada también por una ONG transnacional que recibe recibe donaciones privadas y carece de transparencia sobre su empleo, pese a haber sido promovida por un alto cargo del Gobierno del PSOE. Mientras tanto, la anterior petición ¡Suban las pensiones de acuerdo con el IPC real! ¡No al 0,25%! se aproxima en esa plataforma al millón de firmas.
 

Como indicador de esas tendencias a la insostenibilidad de las pensiones y del sistema fiscal español, resumimos a continuación lo que decían algunos diarios sobre las pensiones al empezar la primera legislatura del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y antes de que éste suspendiera los resúmenes de prensa nacional (Zapatero fue el primero suprimir la publicación de los resúmenes de prensa internacional elaborados con fondos públicos cuando la crisis económica empezó a afectar a España, suspensión luego asumida por posteriores gobiernos de PP y PSOE): 

Los costes de las jubilaciones aumentan a más ritmo que los ingresos por la caída y precarización del empleo y la tendencia a la infracotización del trabajo. Las reformas del sistema aprobadas por el PP son iniciativas fracasadas como demuestra que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se está agotando. El Pacto de Toledo se ha reunido por la urgencia de la situación. Pero no se trata de poner parches demagógicos sino de proponer soluciones financieras estables. Hay que explorar todas las fórmulas para aumentar los ingresos del sistema, analizar si es posible recurrir a impuestos y, en último extremo, recortar algunas cuantías. El Pacto de Toledo debe analizar los costes y los beneficios de las llamadas tarifas planas de cotización. Las bonificaciones deben ser suprimidas. También hay que valorar la hipótesis de un impuesto transitorio del 1% sobre algunos segmentos de renta. Se trata de que el sistema consiga unos 10.000 millones anuales mediante ajustes internos para recuperar el equilibrio financiero" (EL PAÍS), diario que en otro editorial posterior indicaba que cualquiera que sea el resultado de las elecciones, la financiación de las pensiones se va a convertir en el gran debate económico de la próxima legislatura. "El problema es grave, pero para resolverlo es obligando no caer en la confusión". 

Un sistema de pensiones sostenible: "Los nuevos desafíos financieros de las pensiones son un estímulo a la innovación. Ya se estudian medidas como eliminar la pensión de viudedad y sustituirla por un complemento a la pensión" (LA RAZÓN), diario desde el que luego se indicaba que el Gobierno tratará de combinar nuevos impuestos dirigidos a financiar las pensiones de viudedad y de orfandad, pero el nuevo tijeretazo llegará en forma de peores condiciones de acceso a la jubilación. Y en los últimos días este periódico asegura que España tiene un sistema de pensiones menos sostenible que el de Perú o el de Malasia: "El último estudio Global Pension Index 2019 coloca a España entre los países con su sistema de pensiones en riesgo si no se toman medidas correctivas y se hacen cambios estructurales. Nuestro país sólo alcanza 54,7 puntos sobre 100, y se sitúa en el puesto 24 de 37 países".


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