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Las pensiones y la reforma laboral en el punto de mira

El SMI arranca el otoño que pondrá a prueba los compromisos del Gobierno para el mercado laboral

El presidente y las tres vicepresidentas El presidente y las tres vicepresidentas del Gobierno.

En apenas 3 meses, el Gobierno tendrá que aprobar una nueva hoja de ruta del Salario Mínimo Interprofesional, presentar su reforma laboral, rediseñar las políticas activas de empleo e introducir un nuevo factor de sostenibilidad de las pensiones, cuestiones todas ellas en las que las posiciones dentro del mismo Ejecutivo de coalición, parecen alejadas.
Redacción 26 de agosto de 2021 Enviar a un amigo
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A la espera de resolver la incógnita de qué ocurrirá con los ERTEs a la vuelta del verano, el Gobierno centra su discurso en la agenda social y los grandes compromisos reformistas en materia laboral aplazados por la COVID19
  
En este contexto, el eslogan de que la "recuperación debe trasladarse a los salarios" como indicador de la pronta subida del SMI vuelve al centro de la actualidad económica y política para las últimas semanas del verano.

Lo ha pronunciado este jueves el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al tiempo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social convocaba a los interlocutores del Diálogo Social para discutir la subida del salario mínimo.

El Ejecutivo no hace una propuesta formal, aunque sobre la mesa está la propuesta del grupo de expertos independientes a los que encomendó analizar la hoja de ruta para que esta referencia supere el 60% del sueldo medio en 2023. 

Como ya informamos en Ibercampus, esto supone una subida de entre 12 y 19 euros para 2021, y de entre 24 y 40 para 2022, según evolucionen los salarios reales. 

  
Las fricciones entre la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parecen haberse atajado antes del verano, con la primera aceptando la idea de un incremento del SMI este mismo año

Pero está por ver la cifra concreta y, sobre todo el escenario previsto para los próximos años, sobre todo en un contexto de recuperación económica como el actual.

Pero más importante son el resto de reformas pendientes que seguirán a este acuerdo, empezando por al de los servicios públicos de empleo. 

Empleo y Big Data

La semana pasada, el Gobierno inició el trámite de consulta pública de la Ley de Empleo con la que se pretende adaptar la intermediación laboral a la transformación digital, en especial al peso del Big Data. 


Este es un compromiso reiterado de Yolanda Díaz, consciente de que hay que tomar medidas para mejorar la eficacia de los servicios de empleo y enlaza con la estrategia de políticas activas de empleo hasta 2024

Los recelos que la colaboración con empresas y portales privados será uno de los escollos principales de esta reforma, sobre todo tras la 'cesión' del Ejecutivo en la 'Ley Rider'.que obligaban a las todas las plataformas digitales a mostrar a los sindicatos sus algoritmos de valoración de sus trabajadores en el marco de la negociación colectiva.    

Pero las principales titulares los acumularan la reforma laboral que pretende entrar de lleno en una reforma de la contratación para frenar el abuso a la temporalidad, especialmente entre los jóvenes, y la de las pensiones. 

Las fricciones en ambos casos parecen inevitables incluso dentro del propio Gobierno, ya que está por ver hasta qué punto la futura reforma 'deroga' la de 2012.

No se modificará el coste del despido de 33 a 45 días, por ejemplo, y la reducción a 3 del número de contratos, con lo cual la promesa electoral y del acuerdo de coalición queda descafeinada a ojos de muchos votantes, en especial de Unidas Podemos

Por otro lado, los dirección cambios introducidos en una legislación bien valorada por Bruselas, aunque insuficiente para evitar que España haya vuelto a convertirse en el mayor productor de desempleados de Europa en esta crisis, inquietan en Economía.  

El filo de las pensiones
 
Pero peor suerte puede correr la reforma de las pensiones. Aunque José Luis Escrivá ha salvado la primera parte del trámite prometiendo devolver las subidas a la indexación por IPC, la segunda fase incluye una medida compleja, como es rehacer el factor de sostenibilidad tras derogar el diseñado por el PP en 2013.

Aunque el Gobierno cuenta con el aval del Pacto de Toledo, hablamos de una medida que compromete el importe de las pensiones según la expectativa de vida. El impacto de las desafortunadas declaraciones de Escrivá sobre los sacrificios de los 'baby boomers' en su jubilación han mostrado Ejecutivo de Sánchez, y a sus potenciales aliados, políticos y entre los interlocutores sociales, del precio de cualquier movimiento en esta dirección. 

Así se interpretan las palabras pronunciadas hoy por Sánchez: "si estamos de acuerdo en que tenemos que reforzar el diálogo social, si estamos de acuerdo en que tenemos que revalorizar las pensiones conforme al IPC y si estamos de acuerdo en que tenemos que garantizar el sostenimiento presente y futuro de las pensiones, tienen que estar todos los grupos de acuerdo".

El problema es que el Gobierno no puede ignorar que no es lo mismo alcanzar un consenso en el Pacto de Toledo que asumir el coste político firmando una ley que afecte a los bolsillos de los ciudadanos, aunque esté en juego el futuro de las pensiones. 

El Gobierno en esto, como ha ocurrido en todas las reformas anteriores, estará solo. Lo que complica aún más la situación es que el Gobierno quiere introducir como este mecanismo en noviembre como enmienda a la norma sobre pensiones aprobada este mismo martes por el Consejo de Ministros, por lo que necesitará los votos de todos sus aliados.
 
Y quizá no pueda reunir ni los suyos, si Unidas Podemos, liderada por Yolanda Díaz y Podemos, por Ione Belarra, ambas ministras, se desmarcan de un acuerdo que les puede penalizar aún más electoralmente en un momento crítico para el futuro de su proyecto político.  

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