El Tribunal Supremo (TS) avala el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, aunque reconoce el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano. Así lo dictaminó en una sentencia conocida ayer —con fecha del 19 de febrero— que confirma una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de 2012 en este mismo sentido, es decir, avalando la inmersión en catalán, pero garantizando a la vez la escolarización individual de los alumnos.
La nueva resolución del Supremo arroja luz sobre las ambiguas interpretaciones que habían generado diferentes sentencias de distintos tribunales a lo largo de este largo conflicto judicial, entre ellas la del mismo TS de 2010, en la que daba un plazo de dos meses a la Generalitat para “tomar medidas” e implantar el castellano “como lengua vehicular”. Eso supone, según aclaró el fallo conocido ayer, que el derecho que reconoció a la familia recurrente era que sus hijos fueran escolarizados con el castellano y el catalán como lenguas vehiculares en el “centro y curso” en el que estén inscritos. El Supremo, que les concede una “situación jurídica individualizada” no entra, ni quiere entrar, por no ser de su competencia, a cuestionar la normativa educativa y, por consiguiente, el modelo de inmersión lingüística. Pero tampoco le basta con que la Generalitat atienda aparte a estos alumnos.
El Supremo da respuesta al recurso de Feliciano Sánchez, un padre que hace cerca de un lustro interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat porque esta le había denegado la petición para que sus dos hijos —entonces estudiantes de tercero de primaria y segundo de ESO— recibieran las clases en castellano y, más allá, que la lengua castellana fuera introducida como lengua vehicular en la escuela.
Sánchez, junto a otras dos familias, llevó estas peticiones a los tribunales amparándose en la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, que consideraba al castellano lengua vehicular. Las familias recibieron una de cal y otra de arena con la resolución del TSJC de marzo del año pasado, que ahora el Supremo confirma.
La resolución de ayer viene a superar una etapa del conflicto que enfrenta a decenas de familias, amparadas por la entidad Convivencia Cívica Catalana, y la Generalitat. Pero del ámbito jurídico la pugna tomará ahora un cariz político, con la reforma educativa que planea el ministro de Educación, José Ignacio Wert (Lomce), que busca equilibrar el peso del catalán y el castellano en la escuela.
En este contexto, la sentencia ha generado valoraciones muy contrapuestas en la Generalitat y el Gobierno. Desde Cataluña aplauden la decisión judicial porque ven avalada la inmersión lingüística. “El Supremo viene a decir que el modelo no hay que tocarlo, que es bueno y que está bien”, celebró el presidente de la Generalitat, Artur Mas, desde Bélgica. “Si se escogiera la lengua, se rompería <el sistema educativo”. El Ministerio, en cambio, considera que la sentencia del TS avala el papel que la Lomce da a las lenguas cooficiales. “Las comunidades tienen el derecho a proteger su lengua cooficial en su sistema de enseñanza, pero dentro de unos límites que significan que el castellano no sea excluido como lengua vehicular”.
“El Supremo no se había pronunciado nunca de forma tan clara a favor de la inmersión. La sentencia aclara de una forma bastante definitiva que los derechos individuales hay que atenderlos tal y como se está haciendo actualmente, pero dice que otra cosa es tocar todo el modelo de inmersión lingüística”, tercia Joaquim Arenas, experto en política lingüística. “Es posible que el Supremo intente moderar el conflicto e intentar pacificar la polémica alrededor de la lengua”, interpreta Albert Branchadell, profesor de filología catalana de la UAB.
La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, quien defendió que las familias que han ganado sus recursos en los tribunales ya se les ha atendido de forma individualizada, dejó claro que la Generalitat no piensa hacer de esto una práctica mayoritaria. “La atención individualizada siempre se ha hecho dentro el aula. Siempre hemos defendido que no separaremos a los niños por razón de lengua”, aclaró Rigau, quien confió en que el Supremo se pronuncie en la misma línea en los posibles casos que en el futuro puedan aparecer. Sobre la Lomce, invitó a Wert a dejar de lado las cuestiones de lengua. “Si la Lomce hablaba más del catalán que de la ESO, ahora ya puede hablar solo de la secundaria”, remachó Rigau.
Con este aval a la inmersión, la plataforma Somescola.cat, que aglutina una treintena de entidades educativas, consideró que “ahora las escuelas e institutos del país pueden continuar trabajando con normalidad”. Sin embargo, se muestra “alerta” por la reforma educativa, “lo que podría ser una nueva legislación española que ataque de raíz el modelo de éxito de inmersión lingüística”.
