El informe deja entrever la necesidad de mayores recortes de gastos con la correspondiente subida de ingresos para ellas y costes para las familias, pues denota un "sobredimensionamiento del profesorado" en relación con la carga docente y sobre todo indica que el aumento de los los ingresos por tasas en una media del 12,18% durante el año 2012 no ha sido suficiente para compensar una reducción ebn las transferencias de las comunidades autónomas superior al 24%.
Resalta que las 47 universidades públicas analizadas tienen un endeudamiento total de 620.124 miles de euros, “sobre el que existe la limitación establecida en el art. 81 de la LOU (Ley Organánica de Universidades) de que debe “ser compensado para la consecución del necesario equilibrio presupuestario de la Comunidad Autónoma, la cual, en todo caso, deberá autorizar cualquier operación de endeudamiento”.
También indica que ninguna de las universidades fiscalizadas había implantado un sistema de contabilidad analítica en el ejercicio 2012, existiendo únicamente estudios preliminares, lo que “cobra especial relevancia por cuanto la implantación de un sistema de contabilidad analítica resulta imprescindible para cumplir con la obligación establecida por el RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, con un plazo que no debe superar el curso universitario 2015/2016, estableciendo la necesidad de relacionar los ingresos por los precios públicos con los costes de la prestación del servicio”.
Principales conclusiones
El conjunto de universidades públicas examinadas reconocieron obligaciones en 2012 por un importe de 9.219 millones de euros y derechos por 9.278 millones. El número de trabajadores ascendió ese mismo año llegando a los 158.214 profesionales, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios.
Los gastos más importantes han sido los de personal, ya que representan el 61% del total de obligaciones reconocidas, mientras que por el lado de los ingresos, se constata el "importante peso específico" de la financiación pública a través de subvenciones y de transferencias, que representan en los centros públicos presenciales el 77% de los derechos reconocidos.
El Tribunal de Cuentas también denuncia el exceso de plazas ofertadas en las universidades públicas, sobre todo en las concernientes a estudios de másters. Así, los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales en el curso 2012-2013 en las 47 públicas presenciales fueron 1,1 millones, con una evolución positiva del 5% en los cinco últimos cursos analizados.
Por otro lado, la carga docente es inferior a la media de los 24 créditos anuales. Esto destaca de un “cierto sobredimensionamiento” del personal docente en relación con el número de alumnos, en las ramas de conocimiento que se dan estos casos.
En relación con los costes, resalta que ninguna de las universidades fiscalizadas había implantado un sistema de contabilidad analítica en el ejercicio 2012. Los gastos totales por retribuciones se han incrementado entre 2008 y 2012 en un 9,94%, aunque el aumento sería mucho mayor si se tiene en cuenta que en 2012 se produjo una disminución respecto al año anterior, a causa de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos. Sin embargo, advierte de que, si bien el decreto de mayo de 2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público vino a establecer la reducción del conjunto de las retribuciones de todo el sector público del 5%, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010, con efectos de 1 de junio de 2010, ello no tuvo por efecto una disminución de los gastos de personal en los años 2010 y 2011 en su conjunto. Por el contrario, dice que se produjeron incrementos, lo que está relacionado con el aumento de efectivos que se produjo en 2010. "Esta situación supuso un incumplimiento del objetivo de las reducciones previstas en la normativa dictada al efecto", apostilla.
Deficiencias en las tesorerías
El Sindico de Cuentas del Principado de Asturias Antonio Arias, cuyo blog fiscalizacion.es recibió el premio del Col.legi de Censors de Catalunya a la Mejor comunicación de temas relacionados con la transparencia, opina que se trata de “una fiscalización compleja y extensa (250 páginas dechicha- 1120 con anexos) que exige ( y culmina) un buen conocimiento del sector”, tras recordar que la anterior auditoría giró sobre el ejercicio 2003 y “dejó muchas recomendaciones, en un momento de grandes recortes presupuestarios”.
Sus principales conclusiones vienen en las páginas 231 a 239 y empiezan diciendo que el número de centros declarados asciende a 3.600 en 2012, con un aumento del 3%. Se ha detectado la existencia de al menos 574 entidades dependientes, de las que al menos 160 dependen mayoritariamente de la universidad pública, y 382 han de considerarse de carácter público. Pero indica que en la mayoría de los casos “no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes. En el caso de las empresas de base tecnológica, conocer su situación resulta absolutamente ineludible para una adecuada gestión por parte de las UP, por cuanto la universidad debe velar por los retornos económicos producidos en los contratos de transferencia”.
Tras indicar que existen la Universidad de Córdoba y la Universidad Pública del País Vasco no disponen aún de contabilidad financiera o patrimonial, el informe hace “notar la reducción paulatina de los excedentes de tesorería mantenidos en entidades de crédito junto con las Inversiones financieras temporales en que se han materializado puntas de tesorería, con decrecimientos en el periodo cercanos al 50%. En sentido inverso al antes expresado, destaca el incremento de la rúbrica de deudores, compuesta en su mayor parte por los derechos presupuestarios pendientes de cobro, los cuales reflejan un retraso creciente en la percepción del cobro de la financiación debida por parte de su respectiva CA.
En relación con la tesorería, se observa una importante reducción del número de cuentas gestionadas por Centros o Departamentos. En relación con las disponibilidades mantenidas en entidades financieras hay que señalar que en distintas CCAA se han establecido normas a fin de declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico cuando, como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de la actividad presupuestada. Por lo tanto, la necesidad de contar con un procedimiento de gestión de tesorería no solo resulta conveniente desde el punto de vista de la eficiencia y racionalidad de las UP, sino de obligado cumplimiento a fin de satisfacer las previsiones legales señaladas.
Personal
En uso de su autonomía financiera, algunas universidades públicas (UP) aprobaron Planes de Incentivación de la jubilación voluntaria anticipada del profesorado de los cuerpos docentes universitarios –funcionarios y laborales-, que consistían en el abono de las cantidades que complementaban la pensión cobrada hasta el importe de lo que se recibiría en la Universidad si se siguiera en activo, desde el momento en que se producía la jubilación anticipada y hasta los 70 años. Dichos planes se han aplicado en al menos 36 UP y en la UNED, y a ellos se han acogido al menos 3.828 empleados. A partir de 2012 se han acogido 318 empleados, según los datos aportados por las universidades. Los pagos realizados como consecuencia de dichos planes han ascendido en los años 2008 a 2012 en al menos a 182.9 milloness de euros (54,1 millones de euros de ellos por obligaciones reconocidas en 2012), siendo la proyección de gastos a reconocer en el futuro, según estimaciones actuariales, de un total de 237.725,16 miles de euros.
Dada la falta de una norma legal que habilite a las UP para disponer en esta materia de jubilación voluntaria anticipada distinta al marco general establecido, se señala que no existe amparo legal para el abono de estos incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios con la Universidad. Para los casos en que se ha utilizado la figura de profesor emérito, el Tribunal de Cuentas tiene reconocido en Informes aprobados que “se ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito y, en realidad, se ha procedido a la creación de una nueva que cabe catalogar como de profesor emérito a los solos efectos del PDI jubilado en el contexto que se viene analizando. Esta figura, a juicio del Tribunal de Cuentas, no tiene cobertura legal, se aparta de la figura del profesor emérito previsto en la normativa legal y estatutaria de las universidades y, a la postre, supone una utilización instrumental de la misma con la que se pretende amparar la fijación de unos incentivos a la jubilación voluntaria que no encuentran, a su vez, cobertura legal”.
La práctica totalidad de UP ha regulado el régimen retributivo y las condiciones de trabajo del PAS y del PDI laboral a través de los correspondientes Convenios colectivos y demás Acuerdos Reguladores de las condiciones de trabajo o instrumentos similares. En el plano sustantivo y material, se ha detectado que en determinados casos se ha observado confusión e inseguridad jurídica respecto del ámbito y eficacia de las normas autonómicas dictadas respecto de los funcionarios autonómicos en general, y en particular a los funcionarios docentes definidos con mayor o menor concreción, y la autonomía universitaria, en el sentido de que determinadas restricciones dictadas por la respectiva CA con el objetivo de reducir gastos a consecuencia de la consolidación fiscal, estas medidas no han sido secundadas por los órganos rectores de las UP.
Se ha observado la falta de una RPT completa que abarque también al PDI en 10 universidades, por lo que deben adoptarse por parte de los órganos competentes de las UP afectadas las medidas pertinentes a fin de dar exacto cumplimiento a la normativa aplicable en relación con la RPT de este colectivo.
Al finalizar el ejercicio 2012, el sistema de control de presencia y del cumplimiento del horario fijado por la práctica generalidad de UP para el PDI consiste en un mero control de firmas o similar para la docencia, lo que impide un exacto cumplimiento de la normativa aplicable con carácter general en la administración que exige que la diferencia en cómputo mensual entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por los empleados públicos, siempre y cuando no resulte justificada, comporta la deducción proporcional de retribuciones.
Actividad docente
En el ejercicio 2012 se ha producido la modificación del art. 68 de la LOU, lo que supone un cambio importante en el régimen de la dedicación docente. En consonancia con lo señalado en el apartado Introducción de este informe, la falta de una actualización del régimen jurídico aplicable al régimen de dedicación provoca disfunciones a la hora de establecer el necesario marco único aplicable a todas las UP, sin perjuicio de su propia autonomía. De esta manera se observa la falta de una regulación expresa respecto de la capacidad docente en cada uno de los ciclos en que se estructuran las enseñanzas universitarias oficiales, especialmente en máster y en doctorado. Por otro lado, sería deseable que en la actualización de esta normativa se tenga en cuenta que la excelencia aplicable a la investigación no se realice en detrimento de la excelencia docente, al otorgar una mayor carga docente a los que no acreditan una actividad investigadora reconocida, de manera que se module en lo posible dicho criterio.
Del examen de los créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo correspondientes al curso 2012/13, se aprecia en muchas de las ramas una carga docente inferior de media a los 24 créditos anuales, poniendo de manifiesto un cierto sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de alumnos existentes en esas ramas. Teniendo en cuenta la fecha de la modificación legal antes señalada, y que el sentido de la misma no ha sido pacífico, los efectos de la reforma habrá que analizarlos en los cursos posteriores al analizado.
Financiación y Costes de la Universidad
La práctica totalidad de las CCAA ha regulado la estructura del modelo de financiación universitaria. A pesar de la gran diversidad de los Convenios de financiación existentes, cabe señalar como incidencias más destacables puestas de manifiesto la falta de imbricación de este modelo de financiación con la existencia y adecuación de los Planes estratégicos de las UP; deficiencias en la concreción anual de la financiación de cada ejercicio, que como se ha visto provoca dilaciones en la aprobación de los presupuestos por parte de las universidades; falta de seguimiento de los mismos, existiendo casos en los que no ha existido ninguna reunión de las Comisiones antes señaladas.
Se observa que en el periodo analizado ha existido un importante incremento en los ingresos correspondientes al Capítulo 3 (cobro de los precios públicos), que en su conjunto presenta un incremento del 12,18%, contrarrestado por la disminución de los ingresos por transferencias corrientes, fundamentalmente procedente de las CCAA. Las transferencias de capital experimentan una disminución aún más intensa, de un 24,10% en el periodo. El incremento en los precios públicos se da con más intensidad a partir del ejercicio 2010, siendo notable el incremento experimentado en 2012. De sus componentes, hay que destacar el incremento de las matrículas ordinarias, así como la disminución de otras partidas ordinarias propias de la actividad de las UP, como las derivadas de los contratos y convenios.
Comunidades más universitarias
Cuáles son las comunidades más universitarias? Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia lideran el podio del peso. Todas ellas superan los 100.000 alumnos matriculados.
El Tribunal de Cuentas aboga por reforzar el control interno de las universidades. Por otro lado, subraya la necesidad de reforzar el control interno de las universidades y de aquellas entidades independientes que están asociadas a los centros. Además, recogen "determinadas deficiencias" en lo contable y lo presupuestario y se constata la falta de implantación de un sistema de contabilidad de costes, obligatorio legalmente a partir del curso 2015-2016.
Del conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, que conforman el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 2012-2013 y que alcanza un total de 79 universidades, se han fiscalizado 51: 47 Universidades Públicas (UP) de carácter presencial, universidades no presenciales –Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Oberta de Cataluña (UOC)–, y universidades especiales como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
La noticia se publica tras revelar Ibercampus que Madrid ha sido la comunidad española donde las universidades se ha encarecido más para las familias durante los tres últimos años terminados con 2014: un 51,65%. La subida de las tasas por matrículas y la reducción de becas a que han conducido los recortes de gasto público han elevado la universidad también por encima de la media nacional del 30,84% en otras tres comunidades: Canarias (un 35%,4%) y Cataluña y Cantabria (cerca del 33% cada una). Sin contar la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en Madrid hay 14 universidades, de las cuales seis son universidades públicas (Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos) y ocho son universidades privadas (Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Camilo José Cela, Universidad CEU San Pablo, Universidad Europea de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Pontificia Comillas, y Universidad a distancia de Madrid (UDIMA).
En Cataluña, la otra gran comunidad en población con mayor encarecimiento de la educación terciaria, hay un total de 13 universidades, de las cuales 7 son públicas, 4 privadas y 2 son no presenciales (la UOC, catalana, y la UNED, estatal). Las públicas son Universidad de Barcelona (UB),Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Universidad Pompeu Fabra (UPF), Universidad de Lleida (UdL), Universidad de Girona (UdG), Universidad Rovira i Virgili (URV). Y las privadas: Universidad Ramon Llull (URL), Universidad de Vic (UVic), Universidad Internacional de Catalunya (UIC) y Universidad Abat Oliva (UAO).
