La sentencia del Supremo considera que cualquier consumidor puede reclamar una cláusula suelo, por ser una cláusula abusiva, aunque ya haya terminado de pagar la hipoteca. ADICAE estima que esta situación es directamente extensible a los gastos hipotecarios, considerada como cláusula abusiva por el TS en 2015, y por eso inicia una campaña por todo el país para reclamarlos. Ha dictaminado que los consumidores que padecieron una cláusula suelo abusiva en su hipoteca tiene derecho a reclamar a su entidad la restitución del dinero indebidamente cobrado aunque el préstamo haya vencido.
La asociación convocará asambleas por todo el país para buscar que los más de cinco millones de hipotecados que en los últimos 13 han cancelado su hipoteca y no han reclamado sus gastos hipotecarios puedan adherirse a las más de 111 demandas colectivas que se han presentado ya en los juzgados.
Por el momento, 65 ya se han admitido a trámite y han celebrado 5 juicios en los que se vislumbran las primeras sentencias a favor del consumidor. ADICAE reclama la totalidad de los gastos hipotecarios, incluido el IAJD y pese al reparto arbitrario realizado por el Supremo, en base a la nulidad impuesta por el propio TS de la cláusula que imponía todos los gastos al consumidor.
Por otro lado, la asociación estima que hay al menos un millón de personas que todavía no ha reclamado ni por vía judicial ni extrajudicial las cláusulas suelo. Entre 2006 y 2013 se comercializaron cinco millones y medio de hipotecas de las que prácticamente la mitad incluía los suelos.
De esos 2,7 millones de afectados tan solo 1.202.000 han optado por la fracasada vía extrajudicial (que sólo ha resuelto con acuerdo el 40% de las reclamaciones) y 431.920 por la demanda en los juzgados especializados de cláusulas abusivas (donde en el 97% se da la razón al consumidor pero donde tan solo se han resuelto 178,174 casos).
El nuevo fallo del Tribunal Supremo coincide con la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantener en marcha el plan de juzgados especializados en materia hipotecaria. Estas sedes, 54 repartidas por todo el país a razón de una por provincia más otra en cada una de las islas de los territorios insulares, fueron creadas en junio de 2017 a fin de evitar el colapso del sistema judicial por el aluvión de demandas hipotecarias que se estaban recibiendo. Las cláusulas suelo, que el Supremo declaró nulas en mayo de 2013 en caso de que no fueran transparentes y que llevaron al Tribunal de Justicia de la UE a obligar a los bancos a devolver el dinero cobrado por ellas con retroactividad total en diciembre de 2016, fueron el detonante. Sin embargo, los juzgados hipotecarios asumieron también otras materias que acabaron ganando importancia como el reparto de gastos hipotecarios, la cláusula de vencimiento anticipado (desahucios), los intereses de demora o los créditos multidivisa. El CGPJ decidió este miércoles prorrogar entre seis meses y un año, en función de las necesidades de cada región, la actividad de estos juzgados.
Consulta los datos:
vivienda constituidas en el boom de las cláusulas suelos
vivienda canceladas por año