jueves,18 agosto 2022
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El V Plan de Cooperación Española, sin ONGs ni apoyo político

Redacción
La Coordinadora de ONGs de Cooperación para el Desarrollo, que agrupa a más de 400 organizaciones españolas, lamentó este lunes que el Gobierno «quiera sacar adelante en solitario» el Plan de la Cooperación para los próximos cuatro años, «sin la ambición, compromiso y amplitud de miras necesarias». El plan, debatido por el Congreso, solo es apoyado por los empresarios: Antonio Garamendi, presidente Cepyme, dijo que "hay un abuso de la llamada economía colaborativa, que en el fondo es un fraude"

La coordinadora reprochó, como muestra de la falta de consenso denunciada, que el Gobierno haya conseguido el respaldo del Consejo de Cooperación al Desarrollo, un órgano consultivo integrado por representantes de las ONGs y agentes sociales, gracias al voto de calidad del propio secretario de Estado de Cooperación, Fernando García Casas. El plan pasó la semana pasada por la Comisión Interterritorial del Consejo de Cooperación solo con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP y de Cataluña. El viernes, el dictamen del plan fue aprobado por el pleno del Consejo pero solo gracias al voto de calidad de García Casas y con el rechazo de ONG, Universidades, sindicatos y expertos.

La coordinadora explicó que en la reunión del viernes para aprobar el dictamen del plan, el Gobierno, con el voto del secretario de Estado, rechazó el informe de la comisión de seguimiento del consejo y aprobó uno propio, para el que también hizo uso del voto de calidad del secretario de Estado. Tras una presentación en el Consejo de Cooperación del V Plan Director 2018-2022 por parte de García Casas, el órgano consultivo presentó su informe, en el que expuso las deficiencias de la propuesta del Gobierno, que recibió catorce votos a favor, catorce en contra y cinco abstenciones, aunque fue rechazado por el voto de calidad del presidente.

A continuación, la Administración General del Estado presentó un informe alternativo «que evalúa de manera positiva su propio plan», que obtuvo el voto negativo de los actores sociales -sindicatos, expertos, universidades, Federación de Derechos Humanos y Coordinadora-, aunque salió adelante con el apoyo del Gobierno, CEOE y Cepyme.

Recortes en la cooperación  hasta ahora

Después de recortes acumulados  en torno al 70% desde 2011, la  Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) recibió el año pasado un 12,5% más de presupuesto, obteniendo 284,43 millones de euros, frente a los 252,75 millones inyectados en 2016. En el ámbito del Ministerio de Exteriores, esta política cuenta con dos instrumentos presupuestarios más que se suman a la AECID y que desciendieron en el 2017 aún el 0.99%, quedándose con 512,58 millones…

Días antes de esta denuncia de las ONGs, AECID declaró  que "este V Plan Director, el más participativo en la fase de consultas previas de los que se han elaborado hasta el momento, recoge algunas de las aportaciones de varias Comunidades Autónomas, así como las realizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad que ha coordinado las aportaciones de las Entidades Locales. El proceso de consultas, que comenzó en los primeros meses de 2017, ha permitido una interacción muy cercana con los distintos actores del mundo de las ONGDs, universidades, sindicatos, sector privado, representantes parlamentarios o responsables de cooperación en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos".

Previamente, la coordinadora de ONGs para el Desarrollo emitió el 6 de feberero un comunicado diciendo que el V Plan Director condena a la agonía a la cooperación, tras presentar el Gobierno el pasado 26 de enero el borrador definitivo a los distintos actores que componen el Consejo de Cooperación. Sus principales criticas eran ausencia de visión de largo plazo, marco estratégico aún inconsistente, sin medios ni recursos,  alérgico al enfoque de derechos humanos y a que mejore la eficacia de la ayuda, incoherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Destacaba al respecto que el Plan se centra solo en la presente legislatura, pese a enmarcarse en la Agenda 2030, y no cuenta con una memoria económica, en la que se recoja el presupuesto.

Gobiernan la coordinadora Andrés Rodríguez Amayuelas, de las ONGD Amycos; Francesc Mateu i Hosta, de Oxfam Intermón; Gema Filgueira Garrido, de la Coordinadora Galega de ONGD; Jaime Bará Viñas, de Cruz Roja Española; Manuel Martínez Ocón, de Consejo de Cooperación de Andalucía; Ana Fernández Moya, de SED; Clarisa Giamello, de Educación Sin Fronteras ESF España Manuel Gómez Galán, de Fundación CIDEAL; Ángel González Navas, de Ayuda en Acción; Marco Gordillo Zamora, de Manos Unidas Marta Iglesias López, de Movimiento por la Paz (MPDL); Felipe Noya Álvarez, deMédicos del Mundo; Ramón Muñagorri Triana, de Alianza por la Solidaridad; Irene Ortega Guerrero, de Entreculturas, y Mar Palacios Córdoba, de InteRed. Pero entre sus miembros figuran Acción contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra España, AMREF Salud Africa, Arquitectos Sin Fronteras, Cáritas Española, Economistas Sin Fronteras, Farmacéuticos Sin Fronteras de España, Fundación 1º de Mayo, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería – FUDEN, Manos Unidas, Mensajeros de la Paz, Misión América, Paz con Dignidad, Prosalus, Save the Children, Solidarios (fundada por el colaborador y asesor de Ibercampus.es José Carlos García Fajardo) y VSF Justicia Alimentaria Global.

El V Plan Director de la Cooperación Española es presentado como "Una oportunidad para millones de niños y niñas"

Menos recortes para la cooperación

Mientras se registraban las denuncias de las ONGs, el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, decía que, si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) contará con 11 millones de euros adicionales. Lo dijo en la Comisión de Cooperación Internacional del Senado, donde portavoces de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y CC le acusaron de haber sacado adelante un V Plan Director de la Cooperación española falto de ambición y, además, sin consenso de las administraciones y de la sociedad civil.

El aumento de 11 millones de euros en el presupuesto de la AECID supondría un aumento del 4,8% respecto a los 226 millones de euros que las arcas públicas aportaron a su presupuesto para 2017. A esos fondos se sumaron luego 58 millones procedentes de la Unión Europea para ejecutar proyectos de cooperación delegada.

En la comparecencia, los portavoces de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y CC reprocharon este lunes al Gobierno que vaya a aprobar un Plan de Cooperación para 2018-2021 sin dotación presupuestaria ni una hoja de ruta clara para que la ayuda oficial al desarrollo alcance el 0,4% de la Renta Nacional Bruta en 2020. Ciudadanos no ha intervenido en la Comisión.

García Casas ha defendido el documento como "un plan sintético y ágil" y, además, "el más debatido de los últimos 30 años". En todo caso, ha asegurado que seguirá con la mano tendida a todo el sector para intentar llegar a consensos y ha mencionado como "limitación" las "complejidades para la aprobación presupuestaria", en alusión a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.A su modo de ver, el "panorama" también se ha complicado por la crisis de Oxfam UK porque, según ha dicho, él mismo lleva días "apagando muchos fuefos". Con todo, ha asegurado que seguirá "haciendo todos los esfuerzos posibles para dotar adecuadamente la política de cooperación, tan sensible para la sociedad española", ha aseverado.

El V Plan Director incluye 21 países de asociación, entre ellos seis pertenecientes al grupo de los países menos avanzados (PMA: Mauritania, Mali, Niger, Etiopía, Senegal y Haití) y 15 países de renta media (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Peru y República Dominicana). A ellos se suman Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Cabo Verde, Egipto, Guinea Ecuatorial, Túnez y Jordania, como países de "cooperación avanzada". El secretario de Estado ha defendido en todo caso el poder disponer de cierta flexibilidad, subrayando, por ejemplo, la situación que afronta Jordania con la acogida de refugiados sirios.

Tras conocer la lista, la senadora del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-en Marea Sara Vilà ha reprochado al Gobierno que en ella no estén los campamentos saharuis, y ha defendido que es importante políticamente mantenerlos en la lista –como figuraban en el IV Plan–.El secretario de Estado le ha replicado que "el drama de la población saharui" figura en la página 56 del Plan, en el enfoque de la ayuda humanitaria –donde ha estado siempre, según fuentes de la AECID–. "Pensamos que están bien ahí, en ese enfoque", ha zanjado.

García Casas rechazó de plano la acusación de la senadora de Podemos, que hizo también la semana pasada el PSOE, de que el plan de cooperación se aprobase en la Comisión Interterritorial del Consejo de Cooperación con el apoyo de Cataluña aprovechando que es el Gobierno central quien controla su administración en virtud del artículo 155 de la Constitución.Según ha dicho, el director de la Cooperación catalana, Manel Vila, "se mostró contrario a la ruptura del consenso y dijo que no estba acostumbrado a votar contra los planes directores". Además, ha recalcado que él no ha hecho "ni una sola llamada" a los servicios de cooperación catalanes "interviniendo nada". "Ni lo he hecho ni lo voy a hacer, los programas son adecuados", ha dicho.

"No es el plan director de España, es el del PP", ha dicho el socialista Rafael González Tovar. "Obligan a la mayoría de la sociedad a aprobar un plan en el que no creen", espetó Vila. A preguntas de la senadora de CC María del Mar Juliós, García Casas ha desvelado que el Gobierno español ha dado "de manera muy discreta" a la Cruz Roja Venezolana un millón de euros para compra de medicinas y que hay un equipo en la frontera entre este país y Colombia. También ha avanzado que entre los días 12 y 16 de marzo visitará esa zona fronteriza junto al comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, para intentar que ésta no se convierta en una "crisis olvidada".

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