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INCLUSIÓN FINANCIERA
Trata de fijar la responsabilidad de los católicos

El Vaticano condena las deficiencias éticas de las finanzas

El vaticano condena los abusos de las finanzas

En un documento conjunto, la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano han condenado las deficiencias éticas del sistema financiero a la hora de atender las necesidades del desarrollo humano y sus responsabilidades.
Redacción 18 de junio de 2018 Enviar a un amigo
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El documento, titulado Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones: Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, fue realizado en enero y aprobado en mayo del 2108 y trata de fijar la responsabilidad de los católicos participantes en el intercambio económico financiero.

EL documento incluye recomendaciones para la acción, porque su objetivo no es solo denunciar y concienciar, sino promover el cambio en la acción concreta de “los operadores competentes y responsables” de los Estados, pero también de las empresas todas las personas, pues "cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo”. En resumen, es un documento para leer, releer, pensar y discutir, en las instituciones financieras, en las administraciones públicas, en los servicios de estudios y, naturalmente, en “las universidades y las escuelas de economía”, para que puedan proporcionar “cursos de capacitación que eduquen a entender la economía y las finanzas a la luz de la visión de un hombre, no limitada a alguna de sus dimensiones, y de una ética que la exprese”, según resalta Antonio Argandoña, profesor Emérito de Economía y de Ética de la Empresa IESE Business School, Universidad de Navarra.

Una de sus conclusiones más resaltadas es que debe buscarse siempre el beneficio, pero nunca a toda costa, ni como referencia única de la acción económica….Ningún beneficio es legítimo, en efecto, cuando se pierde el horizonte de la promoción integral de la persona humana, el destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres.

Reitera lo expresado en la Encíclica Centesimus Annus del Papa Juan Pablo II del año 1991, una frase muy sucinta que resume la responsabilidad social de la empresa: Los beneficios son un elemento regulador de la vida de la empresa, pero no el único; junto con ellos hay que considerar otros factores humanos y morales que, a largo plazo, son por lo menos igualmente esenciales para la vida de la empresa.

El documento, según la valoración de Antonio Vives para  Ágora, es una exposición relativamente técnica que parece más un manifiesto para la reforma del sistema financiero que una exposición de principios de la Doctrina Social de la Iglesia en la gestión de ese sistema.  La mayor parte del documento parece escrito por expertos en temas económico-financieros aunque los sitúa en el contexto de un lenguaje religioso.  Trata temas claves para la operación del sistema financiero, como los abusos en la elusión fiscal, los centros offshore, high-frequency trading, derivados financieros, credit default swaps, fijación de la tasa LIBOR, elevadas tasas de interés, y titularización entre muchos otros. 

En particular denuncia los abusos de las instituciones financieras en vender productos complejos a un público sin cultura financiera (usando el término técnico de información asimétrica) e introduciendo la noción de “inmoralidad próxima” que resume muy bien el problema ético:“……hay que destacar que en el mundo económico y financiero se dan casos en los cuales algunos de los medios utilizados por los mercados, aunque no sean en sí mismos inaceptables desde un punto de vista ético, constituyen sin embargo casos de inmoralidad próxima, a saber, ocasiones en las cuales con mucha facilidad se generan abusos y fraudes, especialmente en perjuicio de la contraparte en desventaja….”

Recuerda mucho la Encíclica del Papa Francisco Laudato si: Sobre el cuidado de la casa común sobre el medio ambiente, que contiene también un análisis técnico muy riguroso sobre las consecuencias de las irresponsabilidades en la gestión del medio ambiente para el desarrollo del ser humano y poniéndolas en el contexto del impacto sobre la calidad y dignidad de la vida.  Esta encíclica estaba dirigida al público en general. De hecho, fue emitida antes de las reuniones para aprobar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y fue ampliamente difundida en forma impresa y electrónica. 

Aunque el último documento citado del Vaticano no ha tenido mucha difusión, lamenta el egoísmo como fuente de muchos de los males: “Es cada vez más claro que el egoísmo a largo plazo no da frutos y hace pagar a todos un precio demasiado alto; por lo tanto, si queremos el bien real del hombre verdadero para los hombres, «¡el dinero debe servir y no gobernar!”  Un discurso del Cardenal Ratzinger en el 1985 ponía este egoísmo como necesario para el funcionamiento de los mercados: “….la economía del mercado descansa en los efectos beneficiosos del egoísmo y su limitación automática a través de egoísmos que compiten entre sí….”, pero si están debidamente canalizados y sus excesos controlados.

El documento indica también que ese potente propulsor de la economía que son los mercados es incapaz de regularse por sí mismo: "De hecho, estos no son capaces de generar los fundamentos que les permitan funcionar regularmente (cohesión social, honestidad, confianza, seguridad, leyes…), ni de corregir los efectos externos negativos (diseconomy) para la sociedad humana (desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude…)…..no pocos piden la superación del principio tradicional del caveat emptor (“¡atento, comprador!”). Este principio, según el cual incumbiría ante todo al comprador la responsabilidad de verificar la calidad del bien adquirido, presupone, de hecho, la igualdad en la capacidad de proteger el propio interés por parte de los contrayentes; lo que, de hecho, hoy en día en muchos casos no existe, ya sea por la evidente relación jerárquica que se instaura en algunos tipos de contratos (como entre prestamista y el prestatario), ya sea por la compleja estructuración de muchas ofertas financieras", .

No solo hay una gran asimetría en la información (que el documento tilda de inmoral al llamarla “inmoralidad próxima”, término no económico-financiero), sino además en el poder de las partes y no es factible esperar que el “comprador” tenga la capacidad de discernimiento sobre todo ante temas tan complejos, ni que toda la carga debe recaer sobre él.  De allí la responsabilidad de las instituciones de ese mercado:

La experiencia de las últimas décadas ha demostrado con evidencia, por un lado, lo ingenua que es la confianza en una autosuficiencia distributiva de los mercados, independiente de toda ética y, por otro lado, la impelente necesidad de una adecuada regulación, que conjugue al mismo tiempo libertad y tutela de todos los sujetos que en ella operan en régimen de una sana y correcta interacción, especialmente de los más vulnerables. En este sentido, los poderes políticos y económico-financieros deben siempre mantenerse distintos y autónomos y al mismo tiempo orientarse, más allá de toda complicidad nociva, a la realización de un bien que es tendencialmente común y no reservado a pocos sujetos privilegiados.

El criterio del documento vaticano es que el progreso del sistema económico no puede considerarse tal si se mide solo con parámetros de cantidad y eficacia en la obtención de beneficios, sino que tiene que ser evaluado también en base a la calidad de vida que produce y a la extensión social del bienestar que difunde, un bienestar que no puede limitarse a sus aspectos materiales. "Todo sistema económico legitima su existencia no sólo por el mero crecimiento cuantitativo de los intercambios económicos, sino probando su capacidad de producir desarrollo para todo el hombre y todos los hombres. Bienestar y desarrollo se exigen y se apoyan mutuamente, requiriendo políticas y perspectivas sostenibles más allá del corto plazo".

Como base de la responsabilidad está el comportamiento de los dirigentes, que el documento destaca que tienen incentivos para actuar que no están alineados con los de la sociedad a la que deben servir:

“En este sentido, donde el mero beneficio se sitúa en la cima de la cultura de una empresa financiera, ignorando las simultáneas necesidades del bien común –….. Esto resulta mucho más acentuado por el hecho de que, en tal lógica organizativa, aquellos que no se adecuan a los objetivos empresariales de este tipo, son penalizados tanto a nivel retributivo como de reconocimiento profesional. En estos casos, la finalidad del mero lucro crea fácilmente una lógica perversa y selectiva, que a menudo favorece el ascenso a la cima empresarial de sujetos capaces pero codiciosos y sin escrúpulos, cuya acción social es impulsada principalmente por una ganancia personal egoísta,”

Y estos incentivos son perversos ya que además propician una visión cortoplacista y la toma de riesgos elevados por la asimetría entre los beneficios que los dirigentes pueden obtener y los costos que en todo caso son atribuidos a la empresa y a veces a la sociedad.

Además, esta lógica obliga con frecuencia a la administración a actuar políticas económicas encaminadas, no a impulsar la salud económica de las empresas a las que servían, sino a incrementar solo los beneficios de los accionistas (shareholders), perjudicando así los intereses legítimos de todos aquellos que, con su trabajo y servicio, operan en beneficio de la misma empresa, así como a los consumidores y a las varias comunidades locales (stakeholders). Y todo ello, a menudo, estimulado por enormes remuneraciones proporcionales a los resultados inmediatos de la gestión (por lo demás no equilibradas con equivalentes penalizaciones en caso de fracaso de los objetivos), que, si bien a corto plazo aseguran grandes ganancias a los directivos y accionistas, terminan por propiciar la aceptación de riesgos excesivos y dejar a las empresas debilitadas y empobrecidas de las energías económicas que les habrían asegurado perspectivas adecuadas de futuro.

Inclusive exponen un concepto que no es muy común en la discusión de la responsabilidad y es el que los actores hacen un análisis de costo-beneficio sobre los beneficios de cometer un delito y los costos de las eventuales sanciones, o sea, un costo-beneficio del delito (el profesor Gary Becker obtuvo el Premio Nobel en Economía en 1992 por sus trabajos en este sentido).

"Todo esto fácilmente genera y difunde una cultura profundamente amoral –en la que con frecuencia no se duda en cometer un delito, cuando los beneficios esperados superan las sanciones previstas– y contamina seriamente la salud de cualquier sistema económico-social, poniendo en peligro su funcionalidad y dañando gravemente la realización efectiva del bien común, sobre el cual se fundan necesariamente todas las formas de socialización"., reseña tambien Ágora.

 


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