A los paridos políticos les corresponde explicar qué programa tienen para Europa ya que los partidos -según los tratados- constituyen un instrumento fundamental para la formación de la conciencia europea; adicionalmente, los eurodiputados electos han de formar grupos parlamentarios de acuerdo con sus ideologías y con independencia del Estado de procedencia. Algunos de tales partidos, en este caso los claramente antieuropeos, aprovechan la situación de crisis económica y de desánimo de la población para desacreditar a la Unión y sembrar la cizaña nacionalista y xenófoba.
La Unión Europea es muy desconocida para el común de los ciudadanos. La mayoría no sabe qué es y de qué se ocupan sus instituciones, porque nadie se lo explica con claridad. En este caldo de cultivo, los sondeos vaticinan que la participación será bastante inferior a la ya reducida de anteriores convocatorias; y también prevén un fuerte incremento de los partidos antieuropeos, que podrían lograr en torno a 100 de los 751 eurodiputados del nuevo PE; es decir más del 13%.
No es de extrañar el creciente desencanto de los ciudadanos ante una Unión que, tras más de sesenta años de historia, ha sido incapaz de democratizarse plenamente, y lo que es peor, que lo vaya a hacer en los próximos años. Los responsables de esta situación son los Estados que utilizan la Unión a su placer. Son los que, a través de Conferencias Intergubernamentales (CIG), establecen los tratados y los que le atribuyen competencias; y todo esto lo hacen de arriba abajo, con muy poca participación ciudadana. De manera que la UE del Tratado de Lisboa no es la que propugnaba –en su Art.1- el fenecido Proyecto de Tratado de Constitución Europea que fundamentaba su creación en la “… voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común…”.
Con la excepción del Parlamento Europeo, y no sin limitaciones, ninguna de las demás instituciones de la Unión es democrática. Y por si esto fuese poco, a partir de la crisis de 2008, en muchos ámbitos y en particular en el económico, se ha impuesto el intergubernamentalismo sobre la supranacionalidad (el mejor ejemplo lo constituye el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que entró en vigor el 1 de enero de 2013). El ciudadano percibe que hay una fragrante contradicción entre lo mucho que influye la Unión en su vida cotidiana –y más aún y negativamente, en los países de la Eurozona que han sido rescatados- y lo poco que le dejan participar en su toma de decisiones.
El PE es la única vía que tienen los ciudadanos de participar en la vida democrática de la Unión: eligen a sus representantes por sufragio universal directo, libre y secreto. A pesar de las muchas competencias que ya tiene el PE, los tratados –es decir, los Estados- aun lo siguen considerando casi como un menor de edad al que debe tutelarse para que no se extralimite. Esta es la razón, por ejemplo, de que carezca de iniciativa legislativa, misión que recae en la Comisión que lo ostenta en régimen prácticamente de monopolio (el denominado método comunitario); o que teniendo iniciativa para proponer la modificación de los tratados, su papel sea testimonial a la hora de debatirlos y aprobarlos, función que corresponde a los Estados a través de las mencionadas CIG. El PE también tiene limitada su participación en los numerosos casos de actos jurídicos que aun requieren de unanimidad de los Estados (ya sea del Consejo Europeo o del de Ministros), que afectan a supuestos tan importantes como la admisión de un nuevo miembro, la política fiscal, la política exterior y de seguridad común (PESC) y un largo etcétera.
No obstante las limitaciones citadas, el PE desempeña un papel muy importante en la política de la Unión. Le corresponde, junto al Consejo, la aprobación de los actos legislativos y presupuestarios; adicionalmente, el próximo Parlamento, por primera vez en su historia, elegirá al Presidente de la Comisión de acuerdo con el resultado electoral que se produzca (que se da por supuesto que el Consejo Europeo respetará en su propuesta de candidato al PE). Esto significa un avance muy importante respecto del pasado ya que el perfil político del presidente de la Comisión –no el de los demás comisarios- no lo determinarán los Estados, sino los votantes. Así que el presidente de la institución que más genuinamente vela por los intereses comunitarios y que es la que tiene la capacidad de iniciativa de los actos jurídicos, será mucho más democrática que en el pasado; y esto le obligará, de alguna forma, a realizar propuestas más acordes con el grupo ideológico al que corresponda su presidente.
Lo que nos jugamos
Por todo ello, los ciudadanos europeos nos jugamos mucho en estas elecciones. La Unión ya determina más de las tres cuartas partes de nuestra actividad cotidiana: desde la política económica que desarrollan los Estados -sobre todo los de la Eurozona- hasta la calidad de la ropa que vestimos o el control de los alimentos que consumimos. Y el PE es determinante en la aprobación de la normativa al respecto.
La actual crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades institucionales de la Unión para hacerle frente con agilidad y con justicia. Las consecuencias que se han derivando de la misma, son evidentes: estancamiento económico, paro creciente y recortes sociales sin límites en muchos de sus Estados (en particular, en los del Sur y del Este). En tales circunstancias, es normal que aumente el europesimismo de los ciudadanos ya que no aprecian en la Unión un compromiso serio en conseguir una Europa sólida, cohesionada y democrática. Ese caldo de cultivo tratan de aprovecharlo los partidos políticos nacionalistas y demás populismos xenófobos y excluyentes, que abundan por doquier. Y no cabe hacer muchas matizaciones entre los nacionalismos secesionistas (los que aspiran a conseguir que su región se convierta en Estado), muchos de los cuales, paradójicamente, suelen declararse fervientes europeístas; y los nacionalistas integristas (los que anteponen la primacía del Estado frente a la Unión), que abogan por la Europa de las patrias: por el intergubernamentalismo, por vaciar a la Unión de competencias, por criticar a las instituciones supranacionales tildándolas de burócratas, por una política nacional y restrictiva de inmigración, por la desaparición del euro, etc. En fin, por la desaparición de la Unión Europea a la que todos ellos contribuyen con fervor.
Frente a este estado de cosas, debe apostarse por más Unión: por incrementar sus competencias y por hacerla más autónoma de los países que la forman. Hay que avanzar para configurar definitivamente su arquitectura y ello pasa por establecer una constitución federal que sustituya al actual TUE.
Dicha constitución debiera definir con claridad la triple dimensión de la Unión: la económica, la social y la política. En el caso de la primera, para conseguir de una vez la unión económica: la unión bancaria; una fiscalidad propia de la Unión que financie e incremente su presupuesto; la armonización de la imposición directa e indirecta; la eliminación definitiva de los paraísos fiscales en su interior, etc. En la social, para configurar un modelo propio y armonizado del mercado de trabajo y de otras políticas sociales en las que las actuales funciones de la Unión pasen de las acciones propias y de coordinación de políticas nacionales a convertirse en auténticas competencias compartidas con los Estados. Y en la política, debe aspirarse a una comunitarización efectiva la PESC, convirtiéndola en una única y auténtica política exterior y de defensa común en la que el poder político del Consejo Europeo sea sustituido por una Comisión realmente democrática; en la potenciación del espacio interior de libertad, seguridad y justicia; y en fijar, de la forma más precisa posible, los futuros límites territoriales de la Unión (sus fronteras) y la política de buena vecindad con los países terceros de su entorno, con el fin de evitar los conflictos que ya se están presentando y cuyo mejor ejemplo lo constituye Ucrania.
En definitiva, frente a la política de extensificación que ha seguido la Unión con sus sucesivas expansiones, que eran de justicia y contra la que nada debe objetarse, ha llegado el momento de la intensificación: de profundizar e ir completando el marco definitivo de la Unión. Y en esto el papel que está llamado a jugar el PE, es definitivo. Todo eso es lo que nos jugamos en las actuales elecciones y de lo que deberían informar los partidos fijando sus posiciones al respecto.
