El texto incide en la "tolerancia cero" hacia el fraude y se tipificarán nuevas infracciones, como "simular la celebración de cursos, incluida la teleformación, para la solicitud, obtención o disfrute de ayudas públicas para sí o para un tercero". El falseamiento de documentación conllevará multas de entre 6.251 y 187.515 euros.
Además, el departamento que dirige Fátima Báñez creará una unidad específica dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "para reforzar el control y la capacidad sancionadora".
Hacienda investiga las redes sociales
La Agencia Tributaria analizará las redes sociales de los contribuyentes en las investigaciones que realice sobre posibles defraudadores y buscará pistas de fraudes fiscales basándose en datos y relaciones entre usuarios en páginas web, blogs, Facebook o Twitter. Así lo avanzó en el Congreso el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que presentó el balance de lucha contra el fraude en 2014 y detalló las líneas de actuación del organismo en 2015.
"Destacaría el despliegue de herramientas para la obtención de información de las empresas en las páginas web y redes sociales. Asimismo el desarrollo de sistemas de detección de fraude basados en las técnicas de análisis de redes sociales", indicó. Menéndez incidió en la importancia de "ser intensivos" en la utilización de las nuevas tecnologías y utilizar expertos en auditoría informática "para entrar en el engranaje y en la información que tienen los ordenadores y que no se aporta a la Agencia Tributaria".
En 2014 la Agencia Tributaria alcanzó un récord histórico de recaudación en la lucha contra el fraude: 12.318 millones, un 12,5% más que en 2013. El año pasado se abrieron 99.590 inspecciones, un 6,8% más que el año anterior, y se realizaron 21.075 actuaciones presenciales, 7.410 visitas para detectar alquileres sin declarar (un 11,3% más) y 11.223 comprobaciones contra la economía sumergida (un 9,3% más). Por otro lado, las inspecciones patrimoniales se incrementaron un 81%, hasta un total de 17.522, para detectar falsos insolventes.
Fuente: La Moncloa
