Durante una jornada sobre la Ley General de Telecomunicaciones, Méndez ha afirmado que los agentes sociales y el Ministerio de Empleo siguen negociando y "antes de mediados del próximo mes se debería estar en condiciones de concluir esta negociación" de una forma positiva.
Méndez ha recordado que la creación de esta prestación beneficiará a miles de familias que en estos momentos no tienen ninguna renta y ha explicado que, no obstante, la medida entraría en vigor con efecto retroactivo el 1 de noviembre, lo que da "cierta tranquilidad".
Uno de los principales escollos que mantiene a las tres partes negociadoras en distintos bandos es la cuantía. Para el sindicato UGT, la prestación debería rondar entre los 430 y 480 euros, mientras que el Ejecutivo distingue entre desempleados que tenga a su cargo hijos, a los que abonaría 425 euros, y los que no tengan cargas familiares, a quien propone pagar 380 euros. Para la patronal CEOE, en cambio, no es cuestión de dinero.
"Lo que nosotros decimos es que si las anteriores prestaciones a este colectivo no han funcionado como motor para generar empleo, no deberíamos repetir los mismos errores", explica Jordi García Viña, director de relaciones laborales de la patronal. Así, en su lugar, aboga por cumplimentar un plan que aúne la prestación a la formación. "En caso opuesto, habremos hecho la mitad del trabajo".
