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Los 20 puntos básicos de la EBC, este lunes 28-S en la UAM

Empresas de 35 países apoyan cambiar el sistema económico por la economía del bien común


El cambio del actual sistema económico a otro dirigido por la economía del bien común (EBC) es apoyado ya por 1.750 empresas en 35 países, según el nuevo libro del promotor de este modelo. Christian Felber presenta su obra este lunes 28 de septiembre en un debate público a partir de las 12 horas en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Propone nuevas reglas para pasar del beneficio individual y la competencia a buscar el bien común y la cooperación.
Redacción 28 de septiembre de 2015 Enviar a un amigo
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Foto del promotor de la EBC
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 Invitación para asistir al debate con Felber este 28-S A LAS 12 en la UAM (Tamaño: 128,8 kb.)
La economía del bien comun (EBC) expuesta por Felber en la edición del libro a presentar este lunes en el salón de actos de Económicas y Empresariales de la UAM propone a todas las empresas, ayuntamientos, universidades y otras administraciones sustituir mediante un concreto sistema de incentivos los actuales indicadores de éxito económico (PIB, beneficio o rentabilidad financiera) por una veintena de indicadores que midan el bien común a nivel nacional, la calidad de vida de los ciudadanos en los municipios y las utilidades sociales en las empresas. La entrada al acto público a las 12 horas de este lunes será libre hasta completar el aforo.

Para promover ese proceso democrático de sustitución desde los niveles inferiores como empresas, universidades y municipios a otros de ámbito nacional y finalmente global que introduzca un sistema superador del capitalismo y el comunismo, la EBC ya cuenta con 16 asociaciones, entre ellas cuatro nacionales (Austria, Italia, España y Suiza) y doce regionales (por ejemplo, en Burgenland, Berlín y Canarias). Está en proceso el crear la Confederación Internacional.

"La economía del bien común", dice Felber en su nueva reedición, "no es el mejor de todos los modelos económicos ni el final de la historia, sólo es un posible próximo paso hacia un futuro más humano, democrático y sostenible. El proceso de las convenciones, de carácter municipal, nacional e incluso internacional, podría ser el paso decisivo para la democratización de la economía y de su fundamento constitucional. Todas aquellas personas que deseen un proceso democrático similar están invitadas a organizarlo con otros en su propio municipio y a participar en él. 

Los veinte puntos básicos de la EBC

El «modelo» de la economía del bien común se compone de veinte elementos clave. Sin embargo, no se trata de «posturas» ni «exigencias» políticas, sino de inspiración y material de reflexión para un amplio debate que se impregna de otras ideas y alternativas, y que se debe organizar en un proceso democrático desde abajo. Este proceso está previsto que tenga lugar primero en convenciones económicas municipales y más tarde en nacionales y europeas. De los resultados, votados por la ciudadanía soberana, se derivará el primer orden económico democrático. A continuación se resumen los 20 puntos básicos de la EBC.

1. La economía del bien común se basa en los mismos valores fundamentales y constitucionales que aseguran el éxito de nuestras relaciones y de la convivencia: confianza, aprecio, cooperación, solidaridad, justicia y voluntad de compartir. De acuerdo con los últimos hallazgos científicos, son las relaciones satisfactorias las que hacen más felices a las personas y más las motivan.

2. El objetivo general de la economía anclado en muchas Constituciones, el bien común, se integrará en el orden económico. En el marco legal de incentivos de la economía, la búsqueda de beneficio y la competencia se transforman en esfuerzo hacia el bien común y cooperación. Se recompensa a las empresas que se ayuden mutuamente, mientras que se desincentiva la «contrapetencia».

3. El éxito económico ya no se mide con los indicadores de valores de cambio según el medio (dinero, retorno sobre la inversión), sino con indicadores de utilidades según el objetivo (satisfacción de necesidades, calidad de vida, bien común). En el ámbito macroeconómico (economía nacional), se sustituye el PIB como indicador de éxito por el producto del bien común; en el ámbito mesoeconómico (empresarial), se complementa el balance financiero por el balance del bien común; y en el ámbito microeconómico todas las grandes inversiones y solicitudes de crédito se someterán al examen del bien común.

4. El balance del bien común se convierte en el balance principal de todas las empresas. Cuanto más orientadas estén sus actividades y su organización hacia los valores de dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia y democracia, mejores resultados obtendrán en el balance. Cuanto mejores sean los resultados del balance del bien común de las empresas en una economía nacional, mayor será el producto del bien común. Las empresas con un buen balance del bien común consiguen beneficios legales: impuestos más bajos, reducción de 
aranceles, crédito más barato, prioridad en las adjudicaciones públicas y en los programas de investigación, etc. De este modo, los productos y servicios éticos, ecológicos y regionales se convierten en más baratos que los no éticos, y las empresas responsables se abren paso en el mercado.

5. El balance financiero se convierte en un balance secundario. El beneficio financiero pasa de fin a medio y sirve para lograr el nuevo objetivo de las empresas: la contribución al bien común. Los excedentes del balance se pueden utilizar para: inversiones reales (que no disminuyan el bien común), la amortización de préstamos, ahorros en una medida limitada, reparto limitado entre los empleados, así como préstamos sin intereses a otras empresas. No se deben usar los excedentes para: inversiones en los mercados financieros (que ya no deben existir), adquisiciones hostiles de otras empresas, reparto a personas que no trabajan en la empresa así como donaciones a partidos políticos. A cambio, se suprime el impuesto de sociedades o se diferencia según el resultado del balance del bien común.

6. Como el beneficio ya es sólo un medio pero no el objetivo, las empresas pueden buscar su tamaño óptimo. Ya no tienen que tener miedo de ser absorbidas ni tienen que crecer para ser más grandes, más fuertes o más rentables que las demás. Todas las empresas se liberan de la obligación general de crecimiento y de devorarse unas a otras.

7. A través de la posibilidad de obtener su tamaño óptimo de manera relajada y sin miedo, habrá muchas pequeñas empresas en todos los sectores de actividad. Como ya no quieren crecer más, la cooperación y solidaridad con otras empresas se vuelve más fácil. Pueden ayudarse con conocimientos, tecnología, pedidos, mano de obra o préstamos sin intereses. Se verán recompensadas por ello con un buen resultado del balance del bien común, y no a expensas de otras empresas, sino para su beneficio. La contrapetencia es teóricamente posible, pero acarrea inconvenientes. Las empresas constituyen cada vez más una comunidad de aprendizaje solidaria, la economía tiene un diseño de ganar-ganar.

8. Las desigualdades de ingresos y riqueza son limitadas mediante debate y por decisión democrática: los ingresos máximos, por ejemplo, a diez o veinte veces el salario mínimo legal; los activos privados, por ejemplo, a 10, 20 o 30 millones de euros; las donaciones y herencias, por ejemplo, a 500.000 o 1 millón de euros por persona; en las empresas familiares, por ejemplo, a 10 o 20 millones de euros por hijo. Los bienes heredados que excedan de lo indicado son distribuidos a través de un fondo intergeneracional como una «dote democrática» entre todos los descendientes de la generación siguiente: el mismo «capital inicial» significa una mayor igualdad de oportunidades. Los límites exactos deben ser determinados por una convención económica democrática.

9. En las grandes empresas a partir de un determinado tamaño (por ejemplo, doscientos cincuenta empleados) se traspasa una parte progresiva de los derechos de voto y de la propiedad a los empleados y a la comunidad en general. La comunidad podría estar representada mediante un «parlamento económico regional» directamente elegido. El gobierno no debería tener acceso ni derecho a voto en las empresas públicas y de propiedad social.

10. Esto también es válido para los «bienes comunales democráticos», la tercera categoría de propiedad junto a una mayoría de (pequeñas) empresas privadas y a las grandes empresas de propiedad mixta. Los «bienes comunales democráticos» son empresas públicas colectivas de sectores como la educación, la salud, los servicios sociales, la movilidad, la energía y la comunicación. Aparte de éstos, también hay bienes comunales privados (commons) que deben tener buena cabida en una economía del bien común.

11. Un importante «bien comunal democrático» es la banca democrática. Sirve como todas las empresas al bien común y, como todos los «bienes comunales democráticos», es controlada por el pueblo soberano, no por el Estado. Sus servicios básicos son garantizar los activos de ahorros, las cuentas corrientes a bajo coste, los préstamos de bajo interés a empresas y hogares así como la participación en la bolsa del bien común regional. El Estado financia la deuda pública a través de préstamos sin intereses del Banco Central (limitados al 50 por ciento del PIB). El Banco Central recibe el monopolio de la creación de dinero y se controla la circulación transfronteriza de capitales con el fin de impedir la evasión fiscal y el contagio de crisis. Los mercados financieros en su forma actual ya no existirán.

12. Siguiendo la propuesta de John Maynard Keynes, se establece una cooperación monetaria mundial con una moneda global («globo», «terra») para el intercambio económico internacional. A nivel local, las monedas regionales pueden complementar a la moneda nacional. Para protegerse del comercio dumping, la Unión Europea debe poner en marcha una zona de comercio justo («zona del bien común»), en la que se apliquen los mismos estándares o se orienten los aranceles según el balance del bien común de la empresa productora. El objetivo a largo plazo es una zona global del bien común como un tratado de la ONU.

13. A la naturaleza se le conceden valor y derechos propios, por lo que no puede ser propiedad privada. Aquel que necesite una parcela de tierra con el propósito de habitarla, o producir y practicar la agricultura o a la silvicultura, puede usar una superficie delimitada de forma gratuita o por una cuota de uso. Su traspaso está sujeto a requisitos ecológicos y al uso específico. Con esto se termina con el acaparamiento de tierras, los latifundios y la especulación inmobiliaria. A cambio, se suprimen los impuestos sobre la propiedad rural.

14. El crecimiento económico ya no es un objetivo; sin embargo, sí lo es la reducción de la huella ecológica de individuos, empresas y países a una cota sostenible a nivel mundial. El imperativo categórico se amplía para incluir la dimensión ecológica. Nuestra libertad para elegir cualquier estilo de vida acaba allí donde se restringe la libertad de los demás para elegir el mismo estilo de vida o, simplemente, para llevar una vida digna. Los particulares y las empresas serán incitados a medir su huella ecológica y reducirla a un nivel mundial equitativo y sostenible.

15. La jornada laboral se reducirá gradualmente hasta el nivel deseado y sostenible por la mayoría, por ejemplo entre 20 y 33 horas semanales. Esto deja tiempo libre para otras formas importantes de trabajo: el cuidado de otras personas (niños, enfermos, ancianos), el trabajo propio (desarrollo personal, arte, jardinería, ocio), así como el trabajo político y comunitario. Debido a este reparto del tiempo, el estilo de vida sería menos consumista, más frugal y medioambientalmente sostenible.

16. Por cada diez años trabajados se disfruta de un año sabático financiado por una renta básica temporal. La gente puede hacer durante el año sabático lo que quiera, desde el cuidado intenso de los niños hasta dedicarse al arte o los estudios. Esta acción alivia el mercado de trabajo en un 10 por ciento, la tasa de desempleo actual en la Unión Europea.

17. La democracia representativa se complementa con la democracia directa y participativa. El pueblo soberano obtiene «derechos soberanos»: puede escribir y modificar la Constitución, corregir a sus representantes, decidir por sí mismo una ley, votar tratados internacionales y controlar los sectores estratégicos como los de abastecimiento de agua, energía o dinero. Estos «derechos soberanos» conllevan una división de poderes más equilibrada entre la ciudadanía y sus representantes.

18. Los puntos clave de la economía del bien común deben madurar en un amplio proceso básico a través de un intenso debate, antes de que sean presentados y contrastados con alternativas en una convención económica. Las alternativas finales serán votadas por el pueblo soberano democráticamente. Lo que se apruebe se incluye en la Constitución y puede ser modificado —en cualquier momento— sólo por el pueblo soberano. Para profundizar en la democracia, se pueden convocar nuevas convenciones: convención para la educación, los medios de comunicación, los servicios públicos, la propia democracia...

19. Para familiarizar a los niños desde una edad temprana con los valores de la economía del bien común y ponerlos en práctica, se debe construir sobre un sistema educativo orientado al desarrollo humano y el bien común. Esto requiere de otra forma de colegios así como de otros contenidos, por ejemplo, educación emocional, ética, comunicacional, para la democracia, para descubrir la naturaleza, para el conocimiento del cuerpo, y trabajos manuales.

20. Como en la economía del bien común el éxito empresarial tendrá un significado diferente al de hoy en día, se demandarán otras cualidades de liderazgo. Ya no se buscan los directivos más despiadados, egoístas y «racionales con los números», sino las personas que actúan de forma competente y con responsabilidad social, que son compasivos y empáticos, que ven en la participación una oportunidad y un beneficio, que piensan en la sostenibilidad a largo plazo. Ellos serán los nuevos modelos.

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