El sindicato, que ha recibido la información de la dirección general de Función Pública sin relatar la situación del resto de las administraciones públicas, lo que eleva la confusión al respecto entre los afectados, ha expresado su satisfacción por la medida, aunque ha exigido que se extienda a los empleados públicos de todas las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que siguen sin cobrar esta paga, eliminada dentro de los recortes que acometió el Gobierno en plena crisis. El Ministerio de Hacienda, que se comprometió a este abono en julio pasado, no ha cuantificado el número de trabajadores beneficiados ni el importe total de este gasto que, en todo caso, no aumentará el déficit público de este año porque ya estaba previsto en los presupuestos generales del Estado (PGE), aunque sin fijar una cantidad exacta.
El Ejecutivo de Rajoy utilizó los anuncios de las dos primeras partes de la paga a devolver meses antes de las anteriores convocatorias electorales, primero las autonómicas y municipales del mayo del 2015 y luego las generales del pasado 20 de diciembre. Devolvió en enero de 2015 el 25% de la extra de Navidad suprimida en 2012 y, posteriormente, en octubre ingresó a los funcionarios otro 26,23% de la paga -equivalente a 48 días-, y ya se comprometió entonces a devolver a lo largo de 2016 casi el 50% restante.
Desembolso en dos tramos
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó entonces que el desembolso se haría, en principio, en dos partes y también de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, y destacó que el Gobierno estaba cumpliendo con su compromiso de devolución de la paga extra suprimida en el peor momento de la crisis económica, al tiempo que agradeció a los funcionarios el esfuerzo realizado.
El coste de la devolución de casi el 50% de la extra pendiente podría rondar los 450 millones de euros, dado que para la devolución del 25% el Estado destinó unos 230 millones de euros.
Los dos colectivos principales excluidos del anuncio son los de docentes y sanitarios de la administración periférica, principales afectados por la supresión de la paga de diciembre del 2012, medida que no había sido anunciada ante las elecciones generales del 2011 ganadas por el PP con mayoría absoluta.
Disgusto de CCOO y UGT
El anuncio de este martes ha sido realizado por el sindicato CSIF con fuertes críticas de las centrales CCOO y UGT, que lo tachan de portavoz del Gobierno y de prestarse a "instrumentalizar" a los funcionarios como ariete electoral del PP. También desde la oposición política se ha denunciado el uso que hace el Ejecutivo de la recuperación de un derecho, como ya ocurrió en el 2015 cuando el 24,04% de la paga fue abonada en enero y el 26,23% restante, en octubre.
CCOO acusó al departamento que dirige Cristóbal Montoro de "pisotear" la negociación colectiva de los empleados públicos y mostró sus "dudas" porque alguien vaya a darles su voto porque "les devuelvan lo que les habían quitado". Para UGT, el Gobierno del PP vuelve a "instrumentalizar a los empleados públicos, sus nóminas y sus derechos para sacar un mayor ´redito electoral".
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, dijo que el pago de la extra pendiente a los empleados públicos es "electoralismo puro y duro". Desde Podemos, Íñigo Errejón calificó de "vergonzoso, insultante y electoralista" el reembolso en estos momentos.
Ante el silencio de Hacienda, CSIF ha hecho su propia estimación sobre el impacto económico de la medida. Afectará aproximadamente a medio millón de empleados, entre los 212.298 de la administración general del Estado; 24.415 de la administración de justicia no transferida; las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los de entidades públicas empresariales como AENA y Renfe y organismos públicos. En total representan el 20% de los empleados públicos de España, ya que quedan excluidos los de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.
Los Presupuestos del Estado para este año no apuntan el gasto y solo señalan que subirá el 4,9% "como consecuencia de la actualización al 1% de las retribuciones de los empleados públicos, de la recuperación del 50% de la paga extra de 2012", entre otras cosas. Si finalmente afecta a todos los empleados el gasto rondaria los 547 millones de euros, según el CSIF, y supondrá unos 750 euros en la nómina. El último pago realizado en octubre, del 26,32% costó 251,86 millones de euros.
La indignación manifestada por CCOO y UGT por la indefinición del Gobierno y el papel del CSIF responde a que ambas centrales preguntaron por el tema el lunes pasado a la dirección general de la Función Pública que les respondió que no había nada decidido. A ambos sindicatos habían llegado noticias de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se lo había comunicado a los funcionarios de su departamento. En una nueva consulta de este martes por la mañana, Función Pública ni confirmó ni desmintió el anuncio, según fuentes sindicales.
Cataluña y otras autonomías
En Catalunya, según EL PERIÓDICO, los más de 200.000 empleados públicos de la Generalitat y sus empresas públicas siguen esperando a que el Govern cumpla con el mandato del Parlament (con los votos de Junts pel Sí) de retornar el 75% de la paga extra suprimida en el 2012 en varios pagos distribuidos hasta principios del 2018. Pero el Govern suspendió la última reunión prevista para negociar el calendario con los sindicatos con la excusa de las posibles consecuencias para las cuentas públicas de la advertencia del Ejecutivo central de que son necesarios nuevos recortes en el gasto para cumplir con el objetivo de déficit. Los sindicatos esperan que se reanude la negociación para iniciar la devolución en un primer pago alrededor de junio, otro más importante en el 2017 y uno final a principios del 2018. La última propuesta del Govern era concentrar el 80% de la devolución pendiente en el 2017 y el 2018.
El responsable de CCOO en la Generalitat, Xesús González, recuerda que "el resto de administraciones de Catalunya y de comunidades autónomas ya han devuelto la extra del 2012 o se han comprometido a ello", con el agravante de que los funcionarios de la Generalitat también perdieron la paga en el 2013 y el 2014, que siguen pendientes de devolución pero sin ningún calendario.
