Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?
Versión Española Versión Mexicana Ibercampus English Version Version française Versione italiana

viernes, 4 de diciembre de 2020  
    en Ibercampus en  | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | Suscribirse | RSS RSS
I+D+i
Capital humano
Economía
Cultura
Estrategias verdes
Salud
Sociedad
Deportes
Debates y firmas invitadas
Entrevistas
Educación
Becas & prácticas
Empleo y Formación
Iberoamérica
Tendencias
Empresas y RSC
Universidades
Convocatorias
Ranking Wanabis
Denuncias de los consumidores
Consumo
El Tiempo
EMPRESAS Y RSC Ampliar +  
Se acentúa el uso publicitario o reputacional de los ODS 2030 y de la RSC
Mediapro admite "pago de sobornos" en la FIFA para las regiones de Centroamérica y Caribe(CONCACAF)
Las excajas de ahorros dicen que aportaron 5.004 millones de euros en impuestos el año 2019
ABENGOA
ABERTIS
ACCIONA
ACERINOX
ACNUR
ACS
ADECCO
AMADEUS
ARCELORMITTAL
ASIFIN
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG (IBERIA)
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
JAZZTEL
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REE
REPSOL
SACYR
SOLIDARIOS
TÉCNICAS REUNIDAS
TELEFÓNICA
VISCOFAN
UNIVERSIDADES Ampliar +  
Son asintomáticos un 30% de los cánceres de pulmón avanzados
Primer modelo universal de ejercicio físico para mujeres embarazadas, publicado por profesor de UPM
Este martes se celebra el #GivingTuesday 2020, un día para donar, presente en más de 70 países
 Universidades




















ENTREVISTAS Ampliar +  
"En este siglo habrá humanos como hoy, otros construidos por ingeniería genética y los modificados"
´Autor de Así empieza todo: la guerra oculta del S.XXI´: "Biden no elimina los problemas de Europa"
"Muchas de familias en pobreza energética sufren un acoso de las grandes empresas que debe terminar"
EMPLEO Y FORMACIÓN Ampliar +  
Prometen negociar con entidades juveniles la menor precariedad y pagan ayudas a 355.364 autónomos
Plan A: 38 estrategias y 383 propuestas para que España sea líder en innovación y sostenibilidad
Reelegida Ana Gómez, primera mujer en presidir la mayoritaria Asociación Nacional de Laboralistas
IBEROAMÉRICA Ampliar +  
XXVII Conferencia Iberoamericana de Ministros/as de Educación
CEPAL pide a los Estados garantizar el acceso a agua,electricidad y alimentos a los más vulnerables
Más de 130 años de cárcel al exmilitar Montano por la Matanza de Estado de jesuitas en El Salvador
TENDENCIAS Ampliar +  
Accidente del autobús sin conductor que estrenaba la UAM
El consejo editorial de Ibercampus pide aprovechar la crisis para lograr una enseñanza del sigloXXI
Los economistas urgen afrontar el envejecimiento más allá de la reforma del sistema de pensiones


ECONOMÍA
Hasta un 13% del PIB debe adoptar normas europeas de RSC

Entra en vigor la nueva ley de contratos públicos que obliga a las universidades a ser transparentes

La colaboración público-privada debe ser publicitada, también en las universidades

La nueva ley de contratos del sector público, que entró en vigor este viernes 9 de marzo, obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre competencia, transparencia, igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética. Los bienes y servicios sometidos a estas nuevas normas alcanzan el 13% de la economía española. Universidades y demás entes públicos tienen así nuevas obligaciones, aunque muchas ya incumplían la anterior.
Redacción 9 de marzo de 2018 Enviar a un amigo
Comparte esta noticia en LinkedInComparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterEnviar a MeneaméAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS


 Noticias relacionadas
 El Congreso reinicia el debate sobre la polémica información de RSC de las empresas
 El Congreso convalida el decreto que transpone a directiva europea de información sobre RSC
 Líder de CCOO llama a la rebelión del mundo universitario contra el triunfo absoluto del marketing
 Los auditores ven disonancia entre la RSC real y la requerida por inversores y grupos de interés
 Enlaces relacionados
 El proyecto de ley de contratación pasa de la Economía Social
 La coordinadora de universidades públicas acusa al Santander del retorno a campus sin democracia
 Competencia sanciona por concertarse en derivados a Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell
Antes de aprobarse esta ley, que amplía la necesidad de transparencia y obliga también en temas de colaboración público- privada a las universidades, un tercio de las universidades públicas españolas incumplía la normativa legal de contratos ahora ampliada, entre ellas algunas grandes grandes. Estaban de espaldas a la legalidad sobre contratos públicos 18 universidades, entre ellas la mayor de España, la Carlos III, y tres universidades politécnicas: la de  Cartagena, Cataluña y Madrid. Junto a ellas incumplen también la Universidad de Barcelona, Extremadura, Granada, Coruña, La Laguna, Las Palmas, León, La Coruña, Vigo, Málaga, Internacional de Andalucía, e Internacional Menéndez Pelayo...

La nueva Ley de Contratos ya en vigor supone según según el Gobierno una apuesta decidida para mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica. Pero habrá que ver en qué medida esos propósitos se convierten en actos y centros como las universidades y los hospitales cumplen las nuevas normas, lo que dependerá de la vigilancia de los afectados por contratos y acuerdos públicos con bancos u otras empresas que hasta ahora no se someten a información pública previa ni a balances regulares, al tiempo que la participación en procesos electorales de los estudiantes fue mínima, apenas un 5% en la UAM y la mitad en la UNED.

Al mismo tiempo, la Ley busca primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas. En servicios bancarios, por ejemplo, los campus están hoy en manos del Banco Santander, al igual que depósitos y pagos públicos, sin que los ciudadanos conozcan las contrapartidas de acuerdos y contratos. El problema es que muchas veces no hay competencia o que cuando la hay las entidades se concièrtan para repartirse el pastel. Todo ello agravado por la predisposición de las propias normas.

​Regular adecuadamente la contratación pública supone según el Gobierno disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos. Por eso, la nueva Ley no solo traspone directivas comunitarias en este ámbito, sino que va más allá en muchos aspectos con el objetivo de convertirla en una norma muy avanzada y garantista en la defensa de los intereses de los ciudadanos y, en particular, en la introducción de criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación.

La nueva Ley de Contratos tiene vocación de marcar un antes y un después en este ámbito, a partir de un auténtico cambio en la filosofía tradicional de la contratación pública que ya se está imponiendo en Europa y, en consecuencia, en nuestro país.La contratación pública ya no es sólo un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los órganos de contratación y para los ciudadanos que los reciben. Además de esta función tradicional, la contratación pública se concibe actualmente como una herramienta a través de la cual los poderes públicos profundizan en otras políticas estratégicas, como pueden ser políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación.

Nuevos criterios de adjudicación

Por eso, el objetivo de la Ley es hacer posible que se utilice la contratación pública como instrumento para llevar a la práctica esas políticas, tanto europeas como nacionales, que nos permitan avanzar como país en materia social, medioambiental y de fomento de la innovación. Para hacerlo, introduce en su articulado nuevos criterios de adjudicación de los contratos que inciden en todos estos aspectos, de manera que puedan ser exigidos por los órganos públicos de contratación, tanto durante la licitación de las obras o servicios como a lo largo de la adjudicación de los contratos. De esta manera, pretendemos incentivar a las empresas para que desarrollen una gestión que sea socialmente responsable en distintos ámbitos de interés para el país.

Así, a través de esa contratación pública socialmente responsable, las autoridades deberán promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, igualdad de género, accesibilidad, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores o la más amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas.

Por ese motivo, la Ley obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los contratistas cumplen con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Para conseguirlo, se incluyen requisitos de adjudicación como el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables y, en general, la inserción socio laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual, o los criterios referidos al suministro o a la utilización, durante la ejecución del contrato, de productos basados en un comercio equitativo.

También en el ámbito de la adjudicación, en el caso de que se produzca igualdad de puntuación entre las proposiciones presentadas, los criterios de desempate de los pliegos recogen medidas de carácter social como, por ejemplo, que las empresas tengan en plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que imponga la normativa; o tratándose de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato.

Empresas socialmente responsables

Asimismo, la Ley establece que no podrán contratar con la Administración las personas o empresas que hayan sido condenadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia laboral o social. Tampoco podrán contratar las empresas que, estando obligadas a hacerlo, no cumplan con los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad o que no cuenten con un plan de igualdad entre hombres y mujeres.

La Ley introduce otras mejoras en el procedimiento de adjudicación, como la referencia al cumplimiento del período medio de pago por parte de las empresas, que podrá ser requisito adicional en materia de solvencia; también introduce elementos de control sobre el comportamiento de las empresas, de manera que se podrán imponer sanciones ante incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios, o si se aplican condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos. En este sentido, se habilitan nuevos mecanismos de control, al permitir a las organizaciones sindicales interponer recurso especial cuando pueda deducirse, fundadamente, que en la ejecución de un contrato se incumplen las obligaciones sociales o laborales.

Además permite también a la Administración Pública correspondiente reservar algunos contratos de servicios sociales, culturales y de salud para adjudicarlos a determinadas organizaciones del tercer sector. Así mismo, establece un porcentaje mínimo de reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción, en cuyas plantillas hay un número elevado de personas con discapacidad. Este porcentaje de reserva se concretará reglamentariamente, y, en cualquier caso, será de un mínimo del 7% a partir de 2019.

Con el objetivo de coordinar a las distintas administraciones en la puesta en marcha de esta Ley, el Consejo de Ministros del pasado día 2 aprobó un Real Decreto ya publicado en el BOE por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

La mejor relación entre la calidad y el precio

Por otro lado, hay que destacar que la Ley de Contratos que entra en vigor pretende mejorar la eficiencia en las adjudicaciones, prestando mayor atención a la calidad y la innovación. Por eso, establece como criterio de adjudicación la mejor relación entre la calidad y el precio, sustituyendo el anterior criterio de adjudicación, que se limitaba a valorar la oferta económicamente más ventajosa.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley, se abre la puerta a cambios muy importantes para la modernización y la mejora de la economía, según también el Gobierno: por un lado, promoviendo y estimulando las actividades de I+D+i; por otro lado, permitiendo un mayor acceso de las pymes a las licitaciones públicas, con lo que se amplía la competencia y se evita que estas empresas dependan tanto de las grandes corporaciones para su desarrollo. Además, se aligeran las cargas administrativas para los licitadores, y se impulsa la utilización de los medios electrónicos, lo que repercutirá en una mayor agilidad y transparencia en los procesos.

Esta Ley tiene un especial valor añadido, que es el amplio nivel de consenso político con que se ha aprobado, tras un intenso proceso negociador en su tramitación parlamentaria. A esto hay que añadir el consenso social que despierta, especialmente entre organizaciones del Tercer Sector, que han visto recogidas sus aspiraciones sociales en la Contratación Pública.

Este consenso le otorga a la Ley la estabilidad y la eficacia que corresponde a una norma que regula una actividad muy relevante para la economía de nuestro país, ya que alcanza un volumen en torno al 13% del PIB. No hay que olvidar que va a afectar a miles de empresas y a millones de ciudadanos y va a servir para ordenar decenas de miles de contratos cada año de todas las Administraciones Públicas del país, desde la Administración General del Estado y las entidades que dependen de ella a las Administraciones Autonómicas y Locales. Siempre desde el respeto a la autonomía y a las competencias de cada una de ellas

Vigilancia sobre la política de responsabilidad 

La vigilancia sobre la política de responsabilidad social hacia la plantilla de la propia empresa, se mantendrá durante la duración del contrato. Además, la vigilancia sobre la política de responsabilidad social, por ejemplo, hacia la plantilla de la propia empresa, se mantendrá durante la duración del contrato. De esta forma, se penalizará el retraso del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.

Además de cumplir con una serie de requisitos (ver cuadro adjunto), es muy importantes saber qué aspectos excluyen automáticamente de una contratación:

  • Ofertas con precios que no cubran los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de aplicación.
  • Las que sean tan anormalmente bajas que se presuman inviables.
  • Las empresas que no cumplan el requisito de que al menos el 2% de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores tenga reconocida una discapacidad.

Por otra parte, al acudir a una licitación es importante tener en cuenta cómo se desempata:

  • Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad.
  • Condición de empresa de inserción, entidades sin ánimo de lucro u organizaciones de comercio justo.
  • Mayor número de medidas que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres.
Criterios para concursar
  1. Reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero en la producción.
  2. Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética.
  3. Utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato.
  4. Fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato.
  5. Inserción socio-laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.
  6. Planes de igualdad de género.
  7. Fomento de la contratación femenina.
  8. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
  9. Mejora de las condiciones laborales y salariales.

Otros asuntos de Economía
Más asuntos de Economía
Educación y Economía presentan Presupuestos 2021 en tono triunfalista y sin marcos de referencia
Ciencia e Innovación eleva la inversión directa para 2021 en 1.204 millones de euros, un 59,4%
Castells,"6 meses obsesionado" con sacar un estatuto del PDI que termine con los asociados alegales
Listos para debate parlamentario los Presupuestos 2021: "el mayor gasto social de la historia"
La china Alibaba compra por casi 3.000 millones el 71% de Alcampo (unos 700 centros en España)
Los técnicos de Hacienda piden investigar menos a los autónomos y más a grandes multinacionales
España,país de mayor daño económico por COVID(-12,8% del PIB), tardará más en recuperarse (2022-23)
El Gobierno firma un acuerdo de "buenas prácticas" con la Asociación Española de Anunciantes
Características de los Brokers de Forex
Principios básicos de Forex
Industria moviliza 424 millones de euros para proyectos industriales en 2020
Un Decreto-Ley y conferencia de presidentes autonómicos para repartir fondos UE ante la Comisión
Atlas Concursal 2020:España, récord mundial de insolvencias tras la moratoria hasta 31 de diciembre
La recuperación del PIB español previo al COVID se demora al menos al 2022 y sería como el de 2008
ERTEs hasta 31 de enero y con atención preferente a que los regulados reciban cursos de formación
Los economistas, por bajar fiscalidad de módulos,a la riqueza y el endurecimiento en comprobaciones
Economistas auditores alertan de concentraciones de mercado que perjudican a pymes y economía total
El Consejo de Economistas participa en fijar los estándares de Información No Financiera de la UE
Escrivá urge "un acuerdo de forma urgente" para iniciar la reforma de las pensiones
El anuncio de compra de Bankia por CaixaBank genera tantas dudas y sombras como cambios sectoriales

Suscríbete gratis a nuestro boletín
LIBROS
Lanzan en España la tesis de que el trabajo está matando a la gente y a pocos les importa
Tres Cantos y la Universidad Popular, un siglo después de extenderse por España estas instituciones
"Estamos ante una encrucijada vital: una sociedad del descarte o del cuidado"
¡Jugad, jugad, malditos! La epidemia del juego en España: ludópatas y capos del azar
Extendida la salud en la ciudadanía democrática hasta lograr erradicar un virus: el de la viruela
Renacimiento y revoluciones plagadas de infecciones y soluciones: hacia un mundo más saludable
TESIS Y TESINAS
La lucha contra la pandemia, menos eficaz por la polarización política y social
Un documento prueba que Junta de Andalucía desvía 11 millones del COVID para salvar Canal Sur
Equilibrio y control postural en la niñez autista, claves para mejorar su integración sensorial
China tiende a elevar su influencia al sur de Panamá y EEUU al norte, geográfica y funcionalmente
Banco de España urge reforzar educación y formación de habilidades con el Fondo de Reconstrucción
Gana fuerza la idea de que los anticuerpos del COVID no garantizan inmunidad ante la reinfección
1 No Filter, libro del dinero 2020,critica lo negativo de cultura digital y relación bigtech/sociedad
2 El Congreso aprueba los Presupuestos 2021, primeros en 3 años, con 20 votos más que al echar al PP
3 La Ley de la Segunda oportunidad - artículo dirioabierto.es
4 Epidemia de borreguismo
5 La Ley de la Segunda oportunidad - artículo estrelladigital.es
6 Prometen negociar con entidades juveniles la menor precariedad y pagan ayudas a 355.364 autónomos
7 Dimensiones del discurso (Tenor, Mode, Domain)
8 Este martes se celebra el #GivingTuesday 2020, un día para donar, presente en más de 70 países
9 Tecnalia y UPV/EHU lanzan un programa de investigadores con doble afiliación
10 El Gobierno gastará 1.358,2 millones en vacunas COVID-19, ampliadas a 52 millones de dosis
RANKING WANABIS Ampliar +  
"La evolución del e-learning: de "sólo ante el peligro" al aprendizaje interactivo"
"Los profesionales con formación online están mejor preparados para la economía global"
El big data, la robótica y el Mobile Learning, principales tendencias del e-learning
DEBATES Y FIRMAS Ampliar +  
La reforma del PDI de Castells: hacia más diferencias salariales y discrecionalidad por autonomías
Falta un Goya que pinte esta pandemia
¿Sale barato para los catalanes el proceso independentista de Cataluña?
Aviso Legal | Política de Privacidad | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | RSS RSS