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ECONOMÍA
Hasta un 13% del PIB debe adoptar normas europeas de RSC

Entra en vigor la nueva ley de contratos públicos que obliga a las universidades a ser transparentes

La colaboración público-privada debe ser publicitada, también en las universidades

La nueva ley de contratos del sector público, que entró en vigor este viernes 9 de marzo, obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre competencia, transparencia, igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética. Los bienes y servicios sometidos a estas nuevas normas alcanzan el 13% de la economía española. Universidades y demás entes públicos tienen así nuevas obligaciones, aunque muchas ya incumplían la anterior.
Redacción 9 de marzo de 2018 Enviar a un amigo
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Antes de aprobarse esta ley, que amplía la necesidad de transparencia y obliga también en temas de colaboración público- privada a las universidades, un tercio de las universidades públicas españolas incumplía la normativa legal de contratos ahora ampliada, entre ellas algunas grandes grandes. Estaban de espaldas a la legalidad sobre contratos públicos 18 universidades, entre ellas la mayor de España, la Carlos III, y tres universidades politécnicas: la de  Cartagena, Cataluña y Madrid. Junto a ellas incumplen también la Universidad de Barcelona, Extremadura, Granada, Coruña, La Laguna, Las Palmas, León, La Coruña, Vigo, Málaga, Internacional de Andalucía, e Internacional Menéndez Pelayo...

La nueva Ley de Contratos ya en vigor supone según según el Gobierno una apuesta decidida para mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica. Pero habrá que ver en qué medida esos propósitos se convierten en actos y centros como las universidades y los hospitales cumplen las nuevas normas, lo que dependerá de la vigilancia de los afectados por contratos y acuerdos públicos con bancos u otras empresas que hasta ahora no se someten a información pública previa ni a balances regulares, al tiempo que la participación en procesos electorales de los estudiantes fue mínima, apenas un 5% en la UAM y la mitad en la UNED.

Al mismo tiempo, la Ley busca primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas. En servicios bancarios, por ejemplo, los campus están hoy en manos del Banco Santander, al igual que depósitos y pagos públicos, sin que los ciudadanos conozcan las contrapartidas de acuerdos y contratos. El problema es que muchas veces no hay competencia o que cuando la hay las entidades se concièrtan para repartirse el pastel. Todo ello agravado por la predisposición de las propias normas.

​Regular adecuadamente la contratación pública supone según el Gobierno disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos. Por eso, la nueva Ley no solo traspone directivas comunitarias en este ámbito, sino que va más allá en muchos aspectos con el objetivo de convertirla en una norma muy avanzada y garantista en la defensa de los intereses de los ciudadanos y, en particular, en la introducción de criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación.

La nueva Ley de Contratos tiene vocación de marcar un antes y un después en este ámbito, a partir de un auténtico cambio en la filosofía tradicional de la contratación pública que ya se está imponiendo en Europa y, en consecuencia, en nuestro país.La contratación pública ya no es sólo un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los órganos de contratación y para los ciudadanos que los reciben. Además de esta función tradicional, la contratación pública se concibe actualmente como una herramienta a través de la cual los poderes públicos profundizan en otras políticas estratégicas, como pueden ser políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación.

Nuevos criterios de adjudicación

Por eso, el objetivo de la Ley es hacer posible que se utilice la contratación pública como instrumento para llevar a la práctica esas políticas, tanto europeas como nacionales, que nos permitan avanzar como país en materia social, medioambiental y de fomento de la innovación. Para hacerlo, introduce en su articulado nuevos criterios de adjudicación de los contratos que inciden en todos estos aspectos, de manera que puedan ser exigidos por los órganos públicos de contratación, tanto durante la licitación de las obras o servicios como a lo largo de la adjudicación de los contratos. De esta manera, pretendemos incentivar a las empresas para que desarrollen una gestión que sea socialmente responsable en distintos ámbitos de interés para el país.

Así, a través de esa contratación pública socialmente responsable, las autoridades deberán promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, igualdad de género, accesibilidad, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores o la más amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas.

Por ese motivo, la Ley obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los contratistas cumplen con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Para conseguirlo, se incluyen requisitos de adjudicación como el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables y, en general, la inserción socio laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual, o los criterios referidos al suministro o a la utilización, durante la ejecución del contrato, de productos basados en un comercio equitativo.

También en el ámbito de la adjudicación, en el caso de que se produzca igualdad de puntuación entre las proposiciones presentadas, los criterios de desempate de los pliegos recogen medidas de carácter social como, por ejemplo, que las empresas tengan en plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que imponga la normativa; o tratándose de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato.

Empresas socialmente responsables

Asimismo, la Ley establece que no podrán contratar con la Administración las personas o empresas que hayan sido condenadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia laboral o social. Tampoco podrán contratar las empresas que, estando obligadas a hacerlo, no cumplan con los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad o que no cuenten con un plan de igualdad entre hombres y mujeres.

La Ley introduce otras mejoras en el procedimiento de adjudicación, como la referencia al cumplimiento del período medio de pago por parte de las empresas, que podrá ser requisito adicional en materia de solvencia; también introduce elementos de control sobre el comportamiento de las empresas, de manera que se podrán imponer sanciones ante incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios, o si se aplican condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos. En este sentido, se habilitan nuevos mecanismos de control, al permitir a las organizaciones sindicales interponer recurso especial cuando pueda deducirse, fundadamente, que en la ejecución de un contrato se incumplen las obligaciones sociales o laborales.

Además permite también a la Administración Pública correspondiente reservar algunos contratos de servicios sociales, culturales y de salud para adjudicarlos a determinadas organizaciones del tercer sector. Así mismo, establece un porcentaje mínimo de reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción, en cuyas plantillas hay un número elevado de personas con discapacidad. Este porcentaje de reserva se concretará reglamentariamente, y, en cualquier caso, será de un mínimo del 7% a partir de 2019.

Con el objetivo de coordinar a las distintas administraciones en la puesta en marcha de esta Ley, el Consejo de Ministros del pasado día 2 aprobó un Real Decreto ya publicado en el BOE por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

La mejor relación entre la calidad y el precio

Por otro lado, hay que destacar que la Ley de Contratos que entra en vigor pretende mejorar la eficiencia en las adjudicaciones, prestando mayor atención a la calidad y la innovación. Por eso, establece como criterio de adjudicación la mejor relación entre la calidad y el precio, sustituyendo el anterior criterio de adjudicación, que se limitaba a valorar la oferta económicamente más ventajosa.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley, se abre la puerta a cambios muy importantes para la modernización y la mejora de la economía, según también el Gobierno: por un lado, promoviendo y estimulando las actividades de I+D+i; por otro lado, permitiendo un mayor acceso de las pymes a las licitaciones públicas, con lo que se amplía la competencia y se evita que estas empresas dependan tanto de las grandes corporaciones para su desarrollo. Además, se aligeran las cargas administrativas para los licitadores, y se impulsa la utilización de los medios electrónicos, lo que repercutirá en una mayor agilidad y transparencia en los procesos.

Esta Ley tiene un especial valor añadido, que es el amplio nivel de consenso político con que se ha aprobado, tras un intenso proceso negociador en su tramitación parlamentaria. A esto hay que añadir el consenso social que despierta, especialmente entre organizaciones del Tercer Sector, que han visto recogidas sus aspiraciones sociales en la Contratación Pública.

Este consenso le otorga a la Ley la estabilidad y la eficacia que corresponde a una norma que regula una actividad muy relevante para la economía de nuestro país, ya que alcanza un volumen en torno al 13% del PIB. No hay que olvidar que va a afectar a miles de empresas y a millones de ciudadanos y va a servir para ordenar decenas de miles de contratos cada año de todas las Administraciones Públicas del país, desde la Administración General del Estado y las entidades que dependen de ella a las Administraciones Autonómicas y Locales. Siempre desde el respeto a la autonomía y a las competencias de cada una de ellas

Vigilancia sobre la política de responsabilidad 

La vigilancia sobre la política de responsabilidad social hacia la plantilla de la propia empresa, se mantendrá durante la duración del contrato. Además, la vigilancia sobre la política de responsabilidad social, por ejemplo, hacia la plantilla de la propia empresa, se mantendrá durante la duración del contrato. De esta forma, se penalizará el retraso del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.

Además de cumplir con una serie de requisitos (ver cuadro adjunto), es muy importantes saber qué aspectos excluyen automáticamente de una contratación:

  • Ofertas con precios que no cubran los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de aplicación.
  • Las que sean tan anormalmente bajas que se presuman inviables.
  • Las empresas que no cumplan el requisito de que al menos el 2% de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores tenga reconocida una discapacidad.

Por otra parte, al acudir a una licitación es importante tener en cuenta cómo se desempata:

  • Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad.
  • Condición de empresa de inserción, entidades sin ánimo de lucro u organizaciones de comercio justo.
  • Mayor número de medidas que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres.
Criterios para concursar
  1. Reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero en la producción.
  2. Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética.
  3. Utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato.
  4. Fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato.
  5. Inserción socio-laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.
  6. Planes de igualdad de género.
  7. Fomento de la contratación femenina.
  8. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
  9. Mejora de las condiciones laborales y salariales.

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