El Consejo de Ministros de este martes, además de aprobar el anunciado Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo por el que prorroga los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero de 2021, tras haber alcanzado un acuerdo al respecto con los agentes sociales ( en este caso la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT), ha sido una prolongación de la semana anterior, cuando el Gobierno envió la ley del teletrabajo para el sector privado al BOE, ya promulgada para entrar en vigor en 20 días, dejó sobre la mesa la del público y tomo lagunas medidas que ahora ha ampliado para reducir la burocracia que frenaba escandalosamente la efectiva aplicación del ingreso mínimo vital (IMV), tras admitir este verano el ministro Escrivá que solo lo cobraban 1 de cada 10 solicitantes, pese a ser destinado a cubrir una anomalía europea y aprobado sin votos en contra, con la sola abstención de Vox.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que la base de cálculo para las prestaciones de los ERTE prorrogados se mantendrá en el 70% de la base reguladora de la persona trabajadora y que está no verá disminuidos sus ingresos al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los seis primeros meses, tal y como ocurría hasta ahora.
Se mantienen aspectos ya existentes, como que las empresas acogidas a ERTE no puedan realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad, o concertar nuevas contrataciones, directas o indirectas, salvo por razones de formación u otras causas objetivas y justificadas. Asimismo, sigue vigente la prohibición de despedir.
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Como novedades, se crean los denominados "ERTE por impedimento" y "ERTE por limitaciones". El primero se dirige a empresas que no puedan desarrollar su actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas, tanto por autoridades nacionales como extranjeras, a partir del 1 de octubre de 2020. "Por ejemplo, las empresas de ocio nocturno", señaló Díaz.Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.
El "ERTE por limitaciones" se refiere a aquellas empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas podrán solicitar a la autoridad laboral. En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020 y enero de 2021.
Las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de formación
Díaz anunció que las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de formación, y que se pondrán también en marcha acciones específicas para este colectivo "de manera que puedan aprovechar este momento delicado para mejorar su capacitación de cara al futuro".
Las personas con contrato fijo discontinuo, o que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en determinadas fechas, afectadas por un ERTE durante el periodo teórico de actividad, podrán obtener una prestación extraordinaria de desempleo. Igualmente podrán ser beneficiarias aquellas no afectadas previamente por ERTE que hayan agotado las prestaciones o subsidios a las que tuvieran derecho si así lo solicitan.
Mayor protección para trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y autonomos
Los trabajadores con contratos a tiempo parcial también obtendrán mejoras en la protección por desempleo.
Las ayudas a los trabajadores por cuenta propia quedan ampliadas también hasta el 31 de enero de 2021, concretamente las prestaciones por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. Una nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad estará dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID-19.
Estas prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.
Ingreso Mínimo Vital: en octubre habrá en proceso de gestión hasta un millón de solicitudes
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La normativa que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido "ajustada" de nuevo en una semana, según explicó también tras la reunión del Gobierno el ministro de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y José Luis Escrivá, tras las modificaciones aprobadas en el pasado Consejo de Ministros. "Son aspectos técnicos pero muy relevantes que nos permitirán avanzar en la tramitación y resolución de muchos expedientes", ha afirmado.
Hasta la fecha se han recibido 900.000 solicitudes, de las que se han procesado 410.000, "lo que significa que ya están percibiendo la prestación más de 90.000 hogares y casi 300.000 personas", ha dicho. El objetivo es poder llegar a los 180.000 hogares beneficiarios y que en torno al 70% de todos los expedientes vigentes, "que probablemente a finales de octubre estarán en torno al millón", estén en esa fecha en proceso de gestión.
El concepto de Unidad de Convivencia se ha modificado para incorporar a aquellas personas que, sin vínculos de parentesco o análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de convivencia formada por personas que sí tienen vínculos. En esos casos se considerará la existencia de dos unidades de convivencia.
Además, si a través de un contrato se acredita el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.
Igualmente se aclara el concepto de hogar monoparental y se limita a los menores de 30 años el requisito de tres años de vida independiente (un año para los mayores de 30) y un año de cotización a la Seguridad Social.
Gracias al diálogo social y al dinero público, una caída del PIB que multiplica por 5 la del primer semestre dec 2009 causa poco más desempleo, según Escrivá
Escrivá ha valorado el diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos "que ha permitido que el nivel de protección y de mantenimiento de los trabajadores en las empresas sea extraordinariamente alto". En el primer semestre del año 2009, con una caída del PIB del 4,6%, el empleo cayó un 3%, mientras que en esta ocasión, con una caída del PIB del 24% "como resultado de la inactividad generalizada que supuso la pandemia en esta primera parte del año", la caída del empleo ha sido del 4%. dijo el ministro comparando las cifras de paro atenuadas estadísticamente pero no realmente por los ERTE, pues en términos de empleo equivalente España tiene 6 millones de ocupados menos que al empezar 2019, mayor pérdida que en otras crisis
Yolanda Díaz valoró el Real Decreto-ley aprobado y el acuerdo social que lo ha permitido porque "estamos demostrando que podemos defender a la gente y alejarnos del ruido al que parece que otros nos quieren llevar" y ha afirmado que, con estas medidas, "si salvamos el otoño y el invierno, entraremos de lleno en la recuperación".
Protección de colectivos vulnerables: vivienda y suministros básicos
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El Decreto-ley incluye la extensión de determinadas medidas de "escudo social" de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, ya recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables. También hasta esa fecha se extiende la posibilidad de solicitar la moratoria o la condonación parcial del alquiler cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, y de acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses para los contratos de arrendamiento de vivienda en aquellos casos donde el contrato termina en este periodo.
Otras medidas a las que también se da continuidad son la prohibición de cortar el suministro a los colectivos vulnerables y el bono social eléctrico para las unidades familiares en las que alguno de sus miembros se encuentra en situación de desempleo, de ERTE o haya visto reducida su jornada por motivos de cuidado. "Asimismo, todos aquellos que tienen derecho a este bono social también lo tendrán al bono térmico", ha afirmado Montero
Las negociaciones del Gobierno con los trabajadores autónomos para prorrogar el marco de ayudas por la crisis de la COVID-19 y que vencian hoy miércoles 30 de septiembre han dado lugar a un preacuerdo que tendrá como horizonte de vigencia hasta el próximo 31 de enero.
