jueves,26 mayo 2022
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Principio de acuerdo para la nueva reforma de las pensiones

Escrivá afirma que la Seguridad Social «no debería tener déficit» tras excluir los gastos impropios

Redacción
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, considera que, con actual el nivel de ingresos y gastos en pensiones, la Seguridad Social, no "debería reflejar déficit" y lo ha achacado a los más de 20.000 millones de "gastos impropios" que el acuerdo en pensiones cerrado por el Gobierno y los agentes sociales prevé trasladar completamente a impuestos en 2022.
Mientras los técnicos del Diálogo Social se reunían en la sede del Ministerio para cerrar los flecos pendientes del acuerdo, el titular de la cartera intervenía en el Nueva Economía Fórum.

Los gastos impropios son aquellos que no se financian vía cotizaciones pero se pagan con lo recaudado por ellas, directa como indirectamente, por ejemplo a través de reducciones e incentivos a la actividad. 

Aunque formalmente el Gobierno culminó el denominado proceso de separación de fuentes en 2013 con el paso de las pensiones no contributivas y complementos a mínimos a Presupuestos, el déficit del Sistema no ha dejado de aumentar. 

El Gobierno ya ha reducido este exceso de gastos en un 70, trasvasando 14.000 millones a los Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo fija la fecha límite en 2022, un año antes de los propuesto por el Pacto de Toledo. 

Sin embargo, existen al menos una veintena de medida extraordinarias que el gobierno aprobó para hacer frente a la pandemia que complican el escenario. 

Escrivá, ha recalcado el argumento de que la jubilación "masiva" de los "babyboomers" al sistema dentro de pocos años obliga a "ajustar determinados parámetros"

Mecanismo de equidad intergeneracional 

Aún así, el Gobierno ha dado marcha atrás a la "medida estrella" de la reforma de Rajoy para reducir este déficit el factor de sostenibilidad para adaptar el importe inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida.

Esta polémica solución, que en realidad nunca llegó a entrar en vigor. se sustituye ahora por un "mecanismo de equidad intergeneracional" del que, más allá de lo eufemístico del nombre, aun no se conocen apenas detalles.

Según fuentes del Ejecutivo, el plan es introducirlo en noviembre de este mismo año a través de una enmienda en la tramitación parlamentaria de la nueva reforma. 

De esta forma se calmar las suspicacias que levantó en Bruselas esta derogación, acompañada por el regreso definitivo al IPC como indicador de subida de las pensiones.   

El Gobierno confía en compensar el incremento del gasto de esta medida, con el citado mecanismos y otras como el incentivo a la prolongación de la vida laboral, que puede elevar la edad de jubilación efectiva de los 64,2 años actuales hasta los 66 años en 2050.

Pero el grueso seguirá  se hará con la transferencia cada año de 20.000 millones de euros a la Seguridad Social para resolver el déficit.

Sólo la primera fase

Aunque el principio de acuerdo alcanzado hoy, que será aprobado por el Consejo de Ministros de la próxima semana tras recibir el aval formal de los órganos directivos de los interlocutores sociales, sólo es la primera fase.

Quedan pendientes cuestiones como lel régimen de los autónomos o la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones.

Sin embargo, los compromisos del Gobierno ante Bruselas establecen que esta reforma debe estar consensuada antes de final de año, 

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