Más de 330.000 millones de euros se gastaron en 2014 en la Unión Europea (UE) en prestaciones familiares infantiles. Esto representa el 8,6% de los beneficios sociales totales en Europa. Así, esta función asistencial del gasto público dedicado a "Familia e hijos" ocupa la tercera posición en las prestaciones estatales, después de "Ancianos y sobrevivientes" (45,9% del total ) y "Enfermedad, salud y discapacidad" (36,5%).
La participación de los beneficios familiares destinados a los hijos respecto al total de los beneficios sociales en cada país europeo muestra grabes disparidades. Va desde casi el 16% en Luxemburgo (15,6%) y cuotas algo menores en Irlanda (13,1%) y Hungría (11,9%) u 11% en Alemania a, en el extremo contrario, a menos del 5% en los Países Bajos (exactamente 3,1%), Grecia (4,4%), Portugal (4,6%) y en torno al 5% de España, país que así aparece en cuarto puesto por la cola, como puede observarse en el gráfico adjunto.
Según la oficina estadística europea Eurostat, las diferencias en la tasa de fecundidad y el tamaño relativo de la población juvenil pueden influir parcialmente en estas proporciones.
Si la referencia es el gasto de cada pais en euros por habitante y la suma total de ayudas a la infancia, España aparece con 293,7 euros, menos de la mitad de los 678,5 de media de los 19 pañises del euro e incluso de los 650,5 de los 28 paises europeos, incluidos los menos desarrollados del Este. El gasto español en prestaciones familiares infantiles es así menos de la décima parte del registrado en Luxemburgo (con € 3.090). También aparece a gran distancia en estos términos absolutos del total de ayudas por habitante de países nórdicos como Dinamarca (€ 1.668), Suecia (€ 1.368), Finlandia (€ 1.212), o del centro de Europa como Alemania (€ 1.132) , Austria (1.071 euros) e Irlanda (1.060 euros).
En el extremo opuesto de la escala, los gastos se situaron por debajo de 200 euros por habitante en Rumania (91 euros), Bulgaria (112 euros), Lituania (135 euros), Letonia (154 euros), Croacia (155 euros) ), Grecia (€ 182), Portugal (€ 195), frente a los citados 293,7 euros de España.
Sin embargo, las diferencias entre paises son mayores si la referencia es el presupuesto total. España dedicó a estas ayudas familiales a la infancia apensas 13,6 millones de euros el último año del que hay referencias coimpletas (2014), exactamente el 4,1% de los 330 de los 28 países miembros de la union europea, aunque su cuota alcanza el 5,9% de los 229,2 millones que suman los 19 del euro. Asi en estos términos la cuota española de ayudas a la infancia es la mitad que la que le corresponde en cada área.
Expertos españoles denuncian los recortes
Expertos en derechos de la infancia denunciaron tambien con motivo del Día Internacional de las Familias los recortes de ayudas en España, que nos convierte en uno de los países con los menores más desiguales de Europa. Su conclusión es que deben desarrollarse todas las medidas incorporadas por la reforma legislativa de infancia de 2015, mantener la sensibilidad y voluntad política por la que se aprobó esta ley y pedir a la sociedad que exija que se ponga en práctica. Estas peticiones fueron formnuladas en la jornada Retos ante la reforma del sistema de protección de la infancia, organizada por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE en el Congreso de los Diputados, donde se avisó de que la protección de fronteras choca con el interés superior del niño.
Para ello, los ponentes pidieron que se destine más recursos de todo tipo a este colectivo en los presupuestos, porque los presupuestos públicos deben garantizar todos los derechos de los niños. "Un país que invierte en infancia es estable, participativo y democrático, y éticamente hace lo correcto, porque un desarrollo sostenible es imposible de conseguir sin invertir en infancia", según Jorge Cardona, Miembro del Comité de Derechos del Niño, que habló sobre la Observación General 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre presupuestos públicos.
Por su parte, Gabriel González-Bueno, de UNICEF-Comité Español, avisó sobre la necesidad de cambiar el paradigma de que todo presupuesto es gasto para convertirlo en un paradigma de derechos humanos de inversión para las personas. "Los compromisos de un país con la infancia hay que buscarlos en los presupuestos", dijo, para añadir que España hay poca preocupación histórica por la infancia y que hay un enfoque "familista", en el que se hace recaer en las familias la responsabilidad de niños y niñas. "En España estamos entre un 40 y un 45% por debajo de la media de la UE respecto a protección infantil que se ha visto agravado por los recortes durante la crisis, cuando más necesario era el gasto social", afirmó, precisando que entre 2007 y 2015 se recortaron más de 21.500 millones de euros en educación infantil, primaria y secundaria, y 11.500 menos en gasto público destinado a la protección social de familias y niños.
España es así un país con una elevada desigualdad infantil, con escasos recursos (1,3% del PIB frente a 2,4% de media UE), que hace que esta desigualdad entre menores de 18 años sea más grande que la que existe en el resto de la población. Para Jorge Cardona, "cuando se elabora y ejecutan los presupuestos el condicionante son los derechos del niño". Por ese motivo, los expertos consideran que los desafíos para la inversión en infancia se encuentran, entre otros, en los modelos económicos, en la desaparición del largo plazo, en la lucha por los recursos públicos y en la fragilidad del discurso que se refiere a los derechos humanos.
Además, las cifras demuestran que hay muchos países europeos, entre ellos España, en los que el gasto público se destina en mayor medida a personas con más posibilidades económicas, según datos de la OCDE que se presentaron durante la jornada. Respecto a los niveles de ingreso 2008, la pobreza infantil habría crecido un 33%, y un 56% en los hogares en pobreza severa. Según los ponentes, llama la atención la falta de una prestación universal y suficientemente generosa que ha servido de colchón en otros países para amortiguar el impacto de la crisis, y que del conjunto de las prestaciones sociales, sólo la prestación por desempleo ha tenido un impacto significativo en reducir pobreza infantil.
Por su parte, Isabel Lázaro, profesora de Derecho de Comillas ICADE aseguró que "los estados tienen la obligación de priorizar el interés superior del niño en cualquiera de sus actuaciones, ya sean legislativas o presupuestarias, estén dirigidas específicamente hacia los menores o no". El interés superior del niño significa "respetar los derechos que se les reconoce en la Convención de Derechos del Niño", un tratado internacional de Naciones Unidas firmado en 1989 "cuyo contenido estuvo sin aclarar desde su firma hasta 2013", según la profesora. De ese modo, en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
