También dijo que los resultados de esos ensayos clínicos deben ser confirmados por la práctica y la farmacovigilancia. Al contrario, ya en enero de 2021 había muchas dudas e incertidumbres sobre la eficacia de la duración de las vacunas y sus efectos adversos, a pesar de los llamamientos a la población a vacunarse.
Aunque el profesor compareciente es asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), criticó el papel de esta por reaccionar «tarde y de manera paquidérmica», recordando que está financiada en un más del 80% por las tasas de compañías farmacéuticas, pues dijo está concebida para proteger a las compañías más que a los ciudadanos. Dijo que el Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tardó tres meses en reunirse después de aparecer los primeros datos de riesgo de las vacunas, e insistía en la baja incidencias de los casos de efectos adversos, cuando las bases de datos de Cataluña contenían hasta 10 veces más de casos. También criticó el enorme mercado o tráfico de las bases de datos de datos sanitarias, a veces en connivencia con universidades y centros de investigación y en favor igualmente de las empresas farmacéuticas, mientras que hay bajo uso de esas bases sanitarias por el sistema de salud, que a menudo paga con los fármacos humo a precio de oro.
Según el experto en Farmacología, cuyo discurso está siendo desde el lunes viral en redes sociales, muchos de los fármacos que usaban los ancianos en residencias y en algún caso hasta dos terceras partes de la población incrementan el riesgo y mortalidad por neumonía, por lo que era de esperar que elevaran el impacto de la Covid: neurolépticos o antipsicóticos, otros que tienen efecto depresor del sistema nervioso central analgésicos opioides como Tramadol o Fentanilo, hipnóticos o sedantes, antidepresivos como el Lorazepam, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol o esomeprazol, así como otros fármacos para la incontinencia urinaria de la gente mayor.
Presumimos de sistema sanitario pero dejamos a los más vulnerables en manos de la iniciativa privada, que es la que lleva las residencias, resumió sus anteriores consideraciones, criticando igualmente que la industria farmacéutica sea el principal financiador del sistema de formación profesional duál e influya en los médicos con regalos u otros incentivos en especie.
«España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses (…) Ninguno de los comparecientes representantes de corporaciones profesionales hizo la más mínima alusión a esos conflictos en la mayoría de las sociedades médicas», denunció el profesor Laporte Roselló
Antes de despedirse, Laporte Roselló, cuyos investigaciones tienen según la UAB 3.363 citas en publicaciones académicas ajenas, dijo «España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas, algo que también se da con las sociedades médicas y sus expertos».
A renglón seguido, compartió su extrañeza porque «ninguno de los comparecientes representantes de corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de trabajo».
En las intervenciones posteriores de miembros de la Comisión de Investigación sobre la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación dijeron que las vacunas sí han salvado vidas, afirmación repetida 4 o 5 veces por la diputada del PP Belén Bajo Prieto, licenciada en Ciencias de la Información (Rama de Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid en 1987 y que trabajó en Radio Nacional y Antena 3 Radio en Valladolid.
En este contexto, el Gobierno español aprobó este martes un Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 253,4 millones de euros, en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, para la adquisición de material sanitario de lucha contra la COVID-19, entre el que se encuentra el medicamento antiviral Paxlovid.
La Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ha solicitado una modificación presupuestaria por la que se concede un crédito extraordinario por un importe total de 253.410.400 euros, con cargo al Fondo de Contingencia. Esta modificación presupuestaria va destinada a la adquisición de material sanitario, como el tratamiento con el medicamento antiviral Paxlovid, de los laboratorios Pfizer.
La Comisión Europea cuenta con una estrategia complementaria a la estrategia de vacunación que está destinada a facilitar el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos antivirales eficaces frente a la COVID-19.
El Consejo de Dirección para los acuerdos de adquisición conjunta (Joint Procurement Agreement o JPA) de estos antivirales está formado por representantes de la Comisión Europea y de los 27 países de la UE. Hasta la fecha se han formalizado 4 JPA con las compañías farmacéuticas Gilead, Roche, MSD y GSK, y está actualmente en negociación un quinto acuerdo con el laboratorio Pfizer para su antiviral denominado Paxlovid.
La ventaja del último antiviral es su administración por vía oral, lo que permitiría realizar un tratamiento ambulatorio de los pacientes leves con factores de riesgo para la progresión a COVID grave, controlando la progresión de la infección, y frenar la hospitalización y la muerte. Este fármaco fue autorizado por la EMA (European Medicines Agency) el pasado 27 de enero de 2022
La disponibilidad del citado medicamento es limitada, lo que ha llevado a países de nuestro entorno a firmar acuerdos bilaterales para acelerar el acceso al medicamento en tanto se resuelva el JPA. De ahí que, según el Gobierno, con la finalidad de acelerar el acceso al medicamento, se hace precisa la formalización urgente de un acuerdo bilateral que permita su adquisición lo antes
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