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Con 2019 España termina su primera auditoría en la historia

España empieza a auditar ayudas públicas a las iglesias y Unión Europea para controlar sus lobbys

La Conferencia Episcopal, principal lobby español, ante la primera auditoría de ayudas a iglesias

La primera auditoría en la historia a las ayudas públicas a las iglesias españolas será sometida antes de que termine el presente año al pleno del Tribunal de Cuentas, según el anteproyecto revelado este miércoles por Infolibre.es. Será también la primera fiscalización del acuerdo económico con el Vaticano,que data de 1979. Su publicación ha coincidido con la noticia de que, desde 2013,los "lobbys" religiosos promovieron 244 reuniones en Bruselas, más que Google o la tabacalera Phillip Morris.
Redacción 2 de octubre de 2019 Enviar a un amigo
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En el Registro de Transparencia de la Unión Europea, que entró en funcionamiento en 2011 para poder fiscalizar a todos los grupos de presión que se reúnen con representantes de la Comisión, figuran cerca de 12.000 lobbies, de ellos tan solo 54 son organizaciones religiosas, que realizaron las citadas 244 reuniones y solo el 20% de las reuniones entre la Comisión y lobbistas religiosos fueron publicadas. Estos y otros datos de control por parte de la Comisión y el Parlamento Europeo aparecen en un reportaje de eldiario.es con la firma de Álvaro Merino Gisella Rojas Josefina Martí y bajo el titulo “El lobby religioso toma Bruselas en secreto: más actividad que cualquier empresa, y sin huella en el registro”. Según fuentes religiosas consultadas por Ibercampus.es, la falta de transparencia denunciada se debe en parte a lo relativamente novedoso de los controles y se extiende también a empresas y países como España, donde Ibercampus.es informaba que en los últimos años la autoridad de Competencia ha denunciado que sólo tres empresas del IBEX aparecen en el registro de lobbies de la CNMC. A ello se añade que el Vaticano es un estado y por tanto sus relaciones con las demás instituciones comunitarias tienen carácter diplomático y no de lobby.

El poderío del cristianismo (que incluye a católicos y protestantes) está respaldado en Bruselas por un sólido soporte económico: la Comisión de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea (Comece) y la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC, por sus siglas en inglés), ambas muy cerca de la sede de la Comisión y los dos lobbies religiosos más importantes en Bruselas junto con la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD, por sus siglas en alemán). Su primer gran logro fue la redacción del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(TFUE), que fue introducido en 2007 por el Tratado de Lisboa, el hermano menor de la fallida Constitución Europea. Este artículo establece un "diálogo abierto, transparente y regular con iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales". La Comece, por ejemplo, según los datos del Registro de Transparencia de la UE, cuenta con un presupuesto de 1.209.017 euros, muy cerca de los 1.375.000 euros de la compañía Telefónica, Orange o la tabacalera Philip Morris. Pero portavoces oficiales de la Comisión explican que, "dado el estatus específico del Tratado [de Lisboa], no hay obligación de publicar las reuniones mantenidas en el contexto del diálogo con organizaciones religiosas o no confesionales".

En cualquier caso, otros controles europeos también han aumentado. En el Parlamento Europeo, el pasado mes de abril, Mairead McGuinness, vicepresidenta popular encargada de supervisar el diálogo religioso en la Cámara, presentó un informe que finalmente no fue aceptado, pero intenta dotar a los representantes religiosos de una herramienta excepcional de seguimiento legislativo: un contacto directo con los ponentes que exponen los informes ante los eurodiputados. De llegar a confirmarse, la Comece podría, por ejemplo, estar al tanto de todo lo que acontece en el Parlamento antes que cualquier otra organización.

Olivier Poquillon, exsecretario general de la Comece (izquierda), Jean-Claude Hollerich, presidente de la misma (centro) y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (derecha), en la Asamblea de Primavera de 2019 de la organización (fuente: Twitter)

El informe fue fruto de una reunión entre McGuinness y organizaciones involucradas en el diálogo religioso y no confesional el pasado 19 de febrero en el Parlamento Europeo, de cuyos 16 participantes 13 fueron representantes de grupos religiosos. El borrador final provocó una reacción de protesta de un grupo de eurodiputados verdes y socialistas que enviaron una carta al expresidente del Parlamento, Antonio Tajani, advirtiéndole de que la aplicación del informe supondría una "violación grave del principio de separación entre religión y política". Finalmente, Tajani rechazó el documento de McGuinness, acusada por Julie Pernet, miembro de la Federación Humanista Europea de plegarse a las exigencias de la Comece. Desde su oficina en Bruselas, manifiesta que "es una cuestión de tiempo" que la Iglesia también se inmiscuya en el proceso legislativo del Parlamento. Además, reitera que "la Comece siempre ha obtenido lo que ha querido de las instituciones".

Otro ejemplo de intento de influir en el trabajo parlamentario es el informe sobre las funciones del primer enviado especial para la promoción de la libertad religiosa o de credo fuera de la UE", el eslovaco Jan Figel –excomisario y miembro del Partido Popular Europeo (EPP)–, afirma la eurodiputada verde Terry Reintke. Con un currículum que incluye el rechazo al matrimonio homosexual, al aborto y la "ideología de género", Figel fue designado en 2016 por el propio Juncker, mientras "hablaba en el Vaticano, con motivo de la entrega del Premio Carlomagno al Papa Francisco", de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la Comisión. Lo hizo "a pedido del Vaticano y en presencia del Papa", en palabras de Pernet.

El informe pretendía establecer las directrices del puesto de Figel y, según Reintke, trató de enfatizar "la persecución de los cristianos y la afirmación de la naturaleza cristiana de Europa". El documento final, que tuvo que superar hasta 218 enmiendas, fue "más equilibrado", indica Reintke, debido a la presión de eurodiputados y grupos humanistas.Si bien el mandato de Figel nació con una duración provisional de un año, ya ha sido renovado tres veces y expirará este mes de octubre, por lo que la nueva Ejecutiva de la Comisión deberá resolver su futuro.Uno de los principales reproches a Jan Figel por parte de organizaciones humanistas y eurodiputados verdes y liberales es su relación con grupos cristianos antiabortistas y anti-LGTBI que han aterrizado recientemente en Bruselas. 

Por otra parte, Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, argumenta que "los lobbies más fuertes no están registrados, porque son las propias iglesias, el Vaticano [que posee el estatus de Estado y su influencia es considerada diplomacia] o las órdenes religiosas".La investigación de eldiario.es ha podido identificar, a través de peticiones de acceso a la información al portal AsktheEU y la revisión de comunicados de prensa, al menos 244 reuniones entre miembros de la Comisión e iglesias, comunidades religiosas o el Vaticano entre 2013 y mayo de 2019. De ellas, solo 49 fueron publicadas y colgadas en el Registro de Transparencia, esto es, el 20%. Los 244 encuentros superan los 214 mantenidos con Google —el lobby que más reuniones ha tenido según el mencionado registro— desde 2014.

De las 244 reuniones identificadas, el 76% fueron con representantes del Vaticano o iglesias cristianas (católicas y protestantes), el 12% con organizaciones judías y el 5% con grupos islámicos. Por su parte, los representantes religiosos que tuvieron más reuniones fueron el Nuncio Apostólico ante la UE, Alain Paul Lebeaupin (15%), la Comece (13%), la Iglesia Evangélica Alemana (7%) y el CEC (5%).Gracias al acuerdo del 19 de septiembre de 2014 entre la Comisión y el Parlamento y las decisiones de la Comisión del 25 de noviembre de 2014 (343/19343/22), "las iglesias y comunidades religiosas" pueden reunirse con altos cargos de la Comisión sin necesidad de estar inscritas en el registro, condición que sí se aplica a otro tipo de lobbies.

La primera auditoria estatal española a las ayudas a las religiones estará lista para su aprobacion en diciembre

Así lo indica este miércoles otra información de Ángel Munárriz en infolibre.es, que ha accedido a su anteproyecto, donde señala que las directrices fueron aprobadas por el pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de febrero de 2019, pero no se han hecho públicas, y el documento establece que el anteproyecto debería estar listo este mismo mes (siete meses después de la aprobación de las directrices). Cuando lo esté, las organizaciones afectadas, entre ellas la Iglesia católica, podrán presentar alegaciones. El documento final que será sometido al pleno del Tribunal de Cuentas, con doce miembros, está previsto para antes de final de año,indican desde la institución supervisora. Actualmente se desarrolla el trabajo de campo, añaden.

La auditoría se circunscribe al ámbito estatal; queda fueratodo el dinero –presupuestos, subvenciones...– que le llega a las Iglesias de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, como todos los conciertos económicos educativos de orden autonómico, así como el sueldo de los profesores de Religión en los centros públicos de las comunidades que se hacen cargo de ellos. Por su carácter atomizado, es difícil abordar en su totalidad la dimensión económica de la Iglesia católica, que está compuesta por más de 40.000 entidades. 
Pocas veces una auditoría del Tribunal de Cuentas ha suscitado tanta expectación. El inicial rechazo del órgano público de control a fiscalizar a la Iglesia católica, desvelado por este periódico en enero de 2017, abrió un intenso debate sobre la necesidad de estrechar la supervisión de la institución religiosa, generosamente regada de fondos públicos pero sin obligaciones de transparencia acordes a su estatus. Un ejemplo: el Gobierno ni siquiera fiscaliza la memoria anual de justificación de los fondos de la casilla de la Iglesia. Finalmente, en medio de un clima de creciente exigencia política y social, el Tribunal de Cuentas aprobó a finales de 2017 realizar la primera fiscalización de la Iglesia y el resto de confesiones religiosas con apoyo público estable. Fue un compromiso histórico. 

Casi dos años después, los trabajos no han terminado. No se trata sólo de la Iglesia católica. La fiscalización abarca "las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado". De este modo, también quedan incluidas la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (Ferede), la Federación de Comunidades Judías (FCJE) y la Comisión Islámica (CIE) [ver el programa del Tribunal de Cuentas de 2018 y 2019].

Los trabajos se centran en cinco grandes objetivos, detallados en las directrices técnicas: Comprobar que se ajustan a la normativa "el cálculo, el pago y la contabilización de la asignación tributaria a la Iglesia católica", es decir, el dinero de la conocida como casilla de la Iglesia, unos 250 millones de euros al año; comprobar "el seguimiento y control" que realiza el Estado de la memoria justificativa que la Conferencia Episcopal presenta cada año del dinero ingresado vía casilla de la Iglesia [ver aquí una información basada en dicha memoria]; comprobar que la "concesión, gestión y justificación de las subvenciones" a evangélicos, judíos e islámicos se ajusta a la normativa; verificar "el cumplimiento de las prescripciones de transparencia e igualdad de género establecidas por la normativa" y  verificar "las exenciones tributarias y los beneficios fiscales" de todas las confesiones religiosas.Este último punto la auditoría incluye la "verificación" de las exenciones tributarias a la Iglesia católica, ancladas en los acuerdos de 1976-1979 entre el Estado español y la Santa Sede y en leyes como la de régimen local y la de mecenazgo. Había, entre los círculos de interesados en esta auditoría, mucho interés en saber si las exenciones estararían incluidas. Lo estarán, aunque habrá que ver con qué profundidad. Estas exenciones y beneficios a la Iglesia afectan al IBI, al impuesto de sociedades, al de plusvalías, al de sucesiones y al de transmisiones patrimoniales, entre otros. En el contexto de una fiscalización de exenciones fiscales del Tribunal de Cuentas, la "verificación" se refiere a la comprobación de que, en efecto, las ventajas fiscales se ajustan a la legalidad y responden a los propósitos iniciales para los que fueron concebidas, indican fuentes conocedoras de las dinámicas de auditoría de este organismo. 

El ámbito temporal será el ejercicio 2017, y la auditoría abarca todos los órganos de la Administración General del Estado que intervienen en la "cooperación económica" con la Iglesia católica y el resto de confesiones religiosas, según las directrices. "Principalmente", añade, son estos: En el Ministerio de Economía y Empresa, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera; En el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, la Dirección General de Presupuestos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria; En el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, y la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia.

Se investiga en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el "procedimiento de estimación y certificación de los importes provisional" de la asignación por la casilla de la Iglesia. También se verificarán las exenciones tributarias y los beneficios fiscales recibidos por las confesiones religiosas. En la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, las actuaciones para determinar la cuantía de los pagos a cuenta y liquidación final del dinero de la casilla de la Iglesia. En la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, las actuaciones de "supervisión, control y comprobación" de la memoria anual de la Conferencia Episcopal. De la Fundación Pluralismo y Convivencia, la fiscalización abordará las convocatorias de ayudas, la tesorería, la justificación y liquidación de las ayudas, los procedimientos de control interno, los sistemas de reintegro de ayudas y recuperación de deudas. Esta fundación tiene por objeto la financiación de las confesiones minoritarias que hayan suscrito acuerdo de cooperación con el Estado, es decir, evangélicos, judíos e islámicos. El Tribunal de Cuentas nunca ha fiscalizado las subvenciones otorgadas por esta fundación.

 

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