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La demora se achaca a que la OMS declaró pandemia el 11-M

España, en estado de alarma cuando tiene en proporción más víctimas del COVID-19 que China

Redacción / actualizada 16 de diciembre 2019
Cuando ya tiene en proporción más víctimas que China, España entró en estado de alarma para combatir el coronavirus desde este domingo 15 de marzo, por 15 días prorrogables. El decreto apareció en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor a las 0 horas, momento en que quedó restringida la libertad de movimientos y todas las autoridades y recursos públicos y privados quedaron supeditados a las decisiones del presidente Gobierno y los titularesDefensa, Interior y Sanidad, según anunció .

El Decreto suspende la educación a todos los niveles, objeto de su artículo 9, que dice textualmente: "Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. 1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible. Además, permite obligar a los medios de comunicación, públicos y privados, a publicar mensajes de las autoridades competentes estatales, autonómicas y locales, según especifica el texto del artículo 19: "Medios de comunicación de titularidad pública y privada. Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir".

La entrada en vigor del esperado Decreto llega cuando el número de personas infectadas confirmadas en España por el virus se aproximaba a los 6.500 y los muertos a los 200, creciendo aún como durante esta semana a tasas diarias superiores al 60%, mientras que en China los primeros (80.976) ya apenas crecen y van camino de quedar por debajo de los dados de alta (52.960). España es así el cuarto pais del mundo en infectados después tambien de Iran, pues Corea del Sur ha bajado a quinta posición, y el cuarto también en número de fallecidos tras China, Italia e Iran. Pero China multiplica por 30 veces en población a España, por lo que hace días que los afectados en nuestro país son proporcionalmente más.

El epicentro de la pandemia se situaba desde mediados de esta semana ya no en China sino en Europa y en los Estados Unidos, donde los presidentes Sánchez y Trump han sido más reacciones a tomar medidas drásticas  que sí adoptó el de Italia, recomendando su jefe de Gobierno Giuseppe  Conte hace una semana a España que restringiera también los movimientos de personas, como hizo también el de Portugal (sin víctimas mortales hasta este fin de semana) y como hieron hace siglos los principales estados europeos en otros casos de grandes epidemias y como recomiendan los manuales epidemiológicos para tratar de aplazar mediante el control de las interacciones que el pico de la curva de infectados se concentre en apenas unos días, lo provoca el temido triaje, trillaje o selección de enfermos para adecuarlos a los recursos disponibles, con la consiguiente multiplicación de las muertes. 

Lo que quede en esa curva que encabeza esta información por encima del límite de capacidad del sistema sanitario pueden ser fallecimientos, según ha repetido en las últimas semanas Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, además de portavoces de organizaciones como el Banco Mundial. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado los últimos dias que el Gobierno ha seguido en todo momento criterios científicos, término que utilizó este sábado casi media docecena de veces. 

Foto casi repetida tanto este 8 de marzo como el de 2019, con la esposa de Sánchez y ministras en la manifestación demifinista

Entre las personas que en España han dado positivo en las últimas horas después de Irene Montero, ministra de Igualdad y compañera del vicepresiente Iglesias, destaca María Begoña Gómez Fernández, la  esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . Ambas estaban al frente de la manifestación feminista que reunió en Madrid el pasado domingo a unas 120.000 personas, desaconsejada antes del pasado domingo 8 de marzo desde la Unión Europea ante el alto riesgo de pandemia por el coronavirus sufrido desde diciembre por China, según recordaba este sábado el lider del PP en su comparecencia de apoyo y réplica informativa a la de Sánchez. La representación gubernamental dela manifestación de Madrid fue similar a la del 8 de marzo del 2019, con presencia en su cabecera de Carmen Calvo, Dolores Delgado, Isabel Celaá, Nadia Calviño, Magdalena Valerio, Luisa Carcedo y Reyes Maroto, acompañadas por los tambien ministros Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, tras una pancarta que decía «Mujeres iguales y libres».

Pablo Iglesias fue criticado por asistir presencialmente al Consejo de Ministros saltándose la cuarentena por el positivo de Irene Montero este sábado, donde se aprobó el Decreto del estado de alarma, aunque se dejó para el martes la concreción de las medidas de carácter social para las personas económicamente más vulnerables ante esta situación de parálisis de la actividad económica al menos durante varias semanas. Entre las las críticas en redes sociales y medios informativos se incluyen rumores sobre discrepancias con la ministra de Economía Calviño, partidaría de esperar al paquete de medias anunciado para la semana entrante por la Unión Europea. Unidas Podemos resaltó dias pasados en redes sociales la aprobación de la partida presupuestaria extra destinada a que el cierre de escuelas no afecte a los centenares de miles de familias cuyos hijos acudían a los comedores escolares.

"La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos". Así empieza achacando implicitamente la demora de la norma a la declaración de la OMS el texto íntegro del Decreto por el que el Gobierno declara el aunciado estado de alarma desde este domingo, para lo que ha recurrido a sacar esta madrugada un Boletín Oicial del Estado (el número 67 de este año) complementario al publicado el sábado, ya que los domingos no se publica el BOE

Este Decreto sólo permite desplazamientos de primera necesidad, aunque el presidente del Gobierno en su presentación citó entre ellos "pasear al perro", lo que no aparece en su texto, que únicamente se refiere a los animales de compañía para incluirles en las garantías de suministro . El cumplimiento de las medidas decretadas según precisó el Gobierno será asegurado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por la Policía autonómica y local, que quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior, y se podrá requerir también la actuación de las Fuerzas Armadas. Durante el periodo establecido, la circulación deberá realizarse individualmente y se limitará a actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o asistencia a personas vulnerables. También se exceptúan los desplazamientos al lugar de trabajo.

El transporte de viajeros, tanto público como privado, reducirá su oferta al menos a la mitad durante los próximos 15 días, salvo los servicios ferroviarios de cercanías, que la mantendrán. Los vehículos de transporte de pasajeros seguirán una rutina de limpieza diaria basada en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. El suministro de alimentos quedará garantizado, asegurando no solo el funcionamiento de los centros de producción, sino también de la cadena de distribución. En particular, se podrá, si es necesario, según preció igualmente el resumen informativo distrivuido por Moncloa, acompañar a los vehículos de transporte de alimentos, y establecer corredores sanitarios para la entrada y salida de productos. Asimismo, las aduanas priorizarán el tránsito de productos de primera necesidad.Del mismo modo, se garantizará el abastecimiento de los productos necesarios para la salud pública, pudiendo el Ministro de Sanidad impartir las órdenes necesarias para hacerlo efectivo.

Los comercios de hostelería podrán prestar exclusivamente servicio a domicilio, mientras que otro tipo de locales de espectáculos, o donde se realicen actividades culturales, artísticas, deportivas, y similares deberán suspender su apertura estos días. Igualmente, se suspende la actividad escolar presencial en todos los niveles educativos en favor de actividades educativas online durante este periodo. Dos dias antes,diversos grupos hoteleros y sanitarios se ofrecieron al Gobierno para funcionar como hospitales, caso de la cadena hotelera Palladium Hotel Group, del grupo familiar del exministro del PP Abel Matutes, ILUNION (grupo de la ONCE) y el Room Mate Group propiedad de Kike Sarasola, el primer empresrio que se ofreció por las redes sociales a  acoger a los enfermos afectados por el coronavirus. El primero es propietario del Gran Hotel Colón, de la cadena Ayre Hoteles, situado frente al hospital madrileño Gregorio Marañón, al igual que uno de los hospitales privados de la organización Hermanas Hospitalarias, que tiene en España una veintena de centros hospitalarios. También ha mostrado su disposición a recibir enfermos de  la sanidad pública el grupo Hospital Madrid, cuyo presidente declaraba públicamente este domingo que tenía más de 80 pacientes ingresados bajo cobertura de las aseguradoras, "varios muy malitos, y varias decenas de pacientes pendientes de confirmación".  

El ministro de Sanidad tendrá bajos sus órdenes directas a las autoridades civiles de las Administraciones Públicas de todo el país, en particular las sanitarias, para asegurar su plena disposición y garantizar una mejor distribución territorial de medios técnicos y humanos. Por tanto, todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición del ministro de Sanidad, incluidos los procedentes de las comunidades autónomas, algunas de las cuales (caso de la catalana y la vasca) manifestaron prviamente su disgusto al Gobierno,  cuyo presidente convocó por ello para este domingo 15 de marzo por la mañana una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos.  

El Gobierno aprovecha el texto de la norma para felicitarse y habla de una coordinación "que está siendo liderada, con reconocimiento tanto poblacional como profesional, por el Ministerio de Sanidad", destacan medios como CIvio, según destacan medios privados como la ONG Civio.La autoridad competente que dirija el estado de alarma será en efecto el propio Gobierno; y los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad serán autoridades competentes delegadas. Esto significa, por ejemplo, que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, también los autonómicas y locales y los medios de protección civil, responderán a las órdenes del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se les podrá exigir “servicios extraordinarios”. Además, podrá dar órdenes también a los efectivos de seguridad privada. El Ministro también tendrá la facultad de cortar carreteras si fuera necesario.

En paralelo, todos los medios sanitarios, civiles y militares, públicos y privados, estarán bajo las órdenes del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que podrá tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de productos sanitarios, incluida la ocupación de industrias como la farmacéutica o las requisas de productos.

Límites a los movimientos

La población está obligada a quedarse en casa y solo podrán salir a la calle en los siguientes supuestos:

Compra de alimentos, medicamentos u otros productos de primera necesidad.

Visitas al médico o a los hospitales.

Acudir al trabajo.

Retorno al lugar de residencia.

Cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

• Visitas a entidades financieras y de seguros.

• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

• Y esta es la más abierta, que reproduce Civio de forma textual: “Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada”. Al contrario de lo que ha anunciado Pedro Sánchez, solo en este punto del texto se exige que las salidas sean individuales, no en todos los tipos. Puede que aquí se incluya sacar a pasear al perro, algo a lo que ha hecho mención el Presidente en varias ocasiones en su anuncio pero que no aparece de forma específica en el texto del decreto.

Movimientos de miembros del cuerpo diplomático para ejercer sus funciones.

Transportes y comprobaciones policiales

Los coches podrán circular para ir a los sitios mencionados en esa lista o para repostar en las gasolineras.

Tanto para el cumplimiento de esta medida como para las siguientes, la policía podrá “practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias” para impedir los servicios y actividades suspendidas.

El transporte de personas se limitará, en la mayoría de casos, a la mitad. Así, tanto aerolíneas, trenes, barcos y autobuses públicos y privados reducirán sus operaciones a la mitad. Con dos excepciones: los trenes de Cercanías y las líneas de autobús y tren con contrato público u obligaciones de servicio público dependientes de autonomías y entidades locales. Además, se establecerán medidas -sin especificar aún- para garantizar el movimiento hacia y entre las islas.

Cierre de bares, locales de ocio y prohibición de eventos

El decreto ordena el cierre de todos los bares y restaurantes – aunque sí les permite que vendan a domicilio-, así como de cualquier local de ocio, deporte o cultura, como museos, gimnasios o bibliotecas.

Además, prohíbe los desfiles, fiestas y verbenas. Y pone límites a otros eventos, como las misas y las ceremonias civiles y religiosas, como los funerales, que se podrán celebrar siempre que se tomen medidas para que se respete la distancia mínima de un metro entre sus asistentes.

Cierre de tiendas con estas excepciones

El decreto prohibe la apertura de tiendas pero, como en el veto a salir a la calle, hay excepciones.Las excepciones al cierre comercial son:

• Toda la venta online.

Tiendas de alimentos y bebidas.

Farmacias.

Ópticas y ortopedias.

Establecimientos médicos.

Droguerías.

• Quioscos de prensa y papelerías.

• Estancos.

• Gasolineras.

• Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.

• Tintorerías y lavanderías.

• Peluquerías.

• Tiendas de alimentos para mascotas.

• Y, la excepción más abierta: venta de “productos y bienes de primera necesidad”.

En estos lugares, se deberá garantizar que se mantiene la distancia de seguridad de al menos un metro de separación entre personas, evitando las aglomeraciones, y que solo se permanece en su interior el tiempo estrictamente necesario para la compra.

Suspensión de plazos en la justicia

El Decreto también afecta a la justicia. Así, se suspenden los plazos procesales hasta que deje de estar en vigor. En el orden penal, esta suspensión no aplica a los “procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores”. Además, los jueces responsables en cada caso podrán determinar qué otros procesos son “inaplazables”.

En lo contencioso, esta suspensión no será de aplicación al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, ni a la autorización para la entrada en domicilios. En lo social, a los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. En lo civil, a la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico y a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor. También se suspenden los plazos para los trámites administrativos, que quedarán parados hasta que el Decreto deje de estar en vigor. Y la prescripción y caducidad de cualquier acción o derecho.

Garantía de suministro y sanciones por incumplimientos

El texto establece como prioridad mantener el abastecimiento de productos básicos, como la alimentación, y las fuentes de energía y productos como la gasolina. Para garantizar ese suministro y el cumplimiento de las medidas del Decreto, el Gobierno podrá hacer requisas de bienes o establecer prestaciones personales obligatorias. Además, se podrá acompañar a los vehículos que transporten alimentos, por ejemplo, para asegurar su llegada a destino, o intervenir empresas o servicios, movilizando a la policía o, en caso de ser necesario, a las Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, que detalla que una de las causas que pueden llevar a declarar el estado de alarma son las crisis sanitarias como las epidemias, lo que aplica en este caso,según precisa también Civio. Permite limitar movimientos, requisar suministros, ocupar locales o industrias (no domicilios particulares), restringir el uso de artículos de primera necesidad y tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento. Es a esa norma a la que remite el Decreto para hablar de las sanciones por incumplimiento de las medidas en vigor. En concreto, a su artículo 10, que establece que los funcionarios y autoridades podrán ser cesados. El resto “será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes”. ¿Qué leyes? Según Servimedia, tras consultar al Gobierno, se les aplicaría la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa norma establece que es sanción grave, por ejemplo, “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito”. En caso de que fuera así, algo que no queda claro en la redacción del Decreto, la multa sería de entre 601 y 30.000 euros.

 

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