El mismo al que, indirectamente, responsabilizamos del alto precio alcanzado por la factura eléctrica este año, asunto del que hemos publicado numerosos análisis en Ibercampus.
A la espera de si las soluciones planteadas por el Gobierno en las últimas semanas se concretan, vale la pena recordar el análisis del organismo que dirige Mathias Cormann sobre este mecanismo introducido en 2005 y que constituye el sistema de comercio de emisiones más grande del mundo.
El mecanismo cubre alrededor de 12.000 instalaciones de uso intensivo de energía en 31 países, lo que representa el 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, e incentiva a unas 8.000 empresas propietarias de dichas instalaciones.
El comercio de certificados de derechos de emisión asegura que las reducciones de emisiones se logren de manera rentable, pero la preocupación de que pueda penalizar la competitividad de la industria europea ha estado siempre presente.
Sin embargo, las conclusiones del informe de la OCDE rechazan este temor, aunque precisan que si se encarecen aún más los derechos, aunque podría acelerar la reducción de emisiones, se produciría efectos que afectaría de manera diferente a cada sector.
Esta advertencia hace pensar en la situación que estamos viviendo en España en 2021 y que afecta a empresas, pero también a pymes, autónomos y, evidentemente, hogares.
Sin embargo, como ya explicó el Banco de España y contamos en Ibercampus, ese impacto es muy diferente en nuestro país al que sufren nuestros vecinos.
Reducción de dos velocidades
En cualquier caso, Bruselas no tiene motivos para replantearse cambiar el sistema de comercio de derechos de emisiones, más allá de su posible rediseño por su impacto en la factura de los hogares.
Los resultados de sus propios informes son positivos: desde 2005, la UE ha reducido las toneladas per capita de emisiones un 21,2%. España lo ha hecho en un 33,7%, y de hecho en 2019 se situaba en la franja baja de misiones, muy por debajo de la media de la UE y las grandes economías europeas.
El problema es que esto no implica un gran éxito en la lucha contra el cambio climático.
Este gráfico compara las emisiones en términos de toneladas per cápita emitidas en tres momentos: 1990 (cuando empieza la serie histórica), 2005 y 2019.
Al comparar estos tres hitos, se ve que España es el país que más había incrementó las emisiones en los 15 años previos a la entrada en vigor del sistema de gestión de derechos de emisiones: un 41%.
Esto lleva a que la evolución global desde 1990 sea mucho más decepcionante, apenas un 5,97% de descenso. Seis veces menos que la Unión Europea.
Y 1990, no 2005, es el año de referencia en los resultados de la larga batalla por la reducción de gases de efecto invernadero y contra el cambio climático.
La decepción esperanzada
Otro motivo, este más estadístico, de la importancia de poner el referente en 1990 es que es que así lo hace el otro índice de evolución de emisiones más utilizado.
En lugar de señalar los niveles de emisiones como toneladas per cápita, como hemos visto en los datos hasta ahora, toma como referencia las emisiones de ese año, al que otorga un valor 100. Se evitan así algunas distorsiones y facilita la comparación internacional.
Aun así, el resultado nos deja aún en peor lugar. Mientras la UE ha bajado a los 74,1 puntos, España ha escalado hasta los 114, el cuarto peor dato de la UE después de Chipre, Eslovenia y Austria.
Pero para que esa apuesta sea creíble entre la ciudadanía, en paralelo debemos plantear cambios en profundidad que corrijan las distorsiones que afectan a hogares y empresas.
El análisis de la evolución de las emisiones, que frenó su reducción a partir de 2013, nos confirma que debemos replantear una cuestión en la que las cesiones a las grandes eléctricas han perjudicado tanto la lucha contra el cambio climático como la economía de hogares y pymes. No debemos repetir ese error.
