jueves,28 octubre 2021
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Lagunas en el Balance de la Comisión TIC que preside Montoro

España, notable para la ONU en administración digital, pero suspensa en participación y empleo

Redacción
España ha pasado en los dos últimos años del puesto 23º de la ONU en administración electrónica o digital al puesto número 12º, aunque en participación de los ciudadanos sigue en el 19º y suspende en uso de los recursos contra el paro juvenil. La Comisión de Estrategia TIC, el máximo órgano de decisión en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en la Administración, ha realizado un balance de la legislatura en términos electorales que omite los aspectos negativos.
Con esta comisión se culmina la puesta en funcionamiento del modelo propugnado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA, con la elevación al Consejo de Ministros del Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.  

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Crístóbal Monto, ha presidido la apertura de esta Comisión, asegurando que amplía los frentes para lograr la Administración Electrónica y "potencia la digitalización de los procesos internos para que lo electrónico genere mejoras de eficacia, ahorro y transparencia significativas".

El informe del Gobierno resalta que España ocupa el puesto 12º mundial en Administración Electrónica, habiendo escalado 11 puestos desde el año 2012, según el informe UNPAN de la ONU (United Nations E-Government Survey 2014 E-Government For The Future We Want). Pero omite algunos otros aspectos positivos y, sobre todo, importantes indicadores indicadores negativos.

Ranking mundial ONU de administración digital 2014

Fuente: Cuadro tomado por Ibercampus.es del informe UNPAN de la ONU 

El principal entre los aspectos negativos omitidos del informe del Gobierno español es que, por participación de los ciudadanos en los niveles de información, consulta y decisión, España sigue en el puesto mundial 19º, lo que revela que utiliza más la digitalización de los servicios de las administraciones públicas para fines propios (control de ingresos o ahorros de costes) que para la información, la consulta o la decisión de los ciudadanos, niveles en los que la educación y la sanidad tienen prioridad en el conjunto de los países analizados; en uso de internet por parte de los ciudadanos para interactuar con las autorirades el informe de la OCDE sobre 2012 ya situaba a España en el puesto 18º soklo entre los países desarrollados, o el 13º por la cola (OECD, 2013: Government at a Glance 2013, Preliminary Version). También la ONU en cuanto a disparidad de género en el uso de Internet entre hombres y mujeres le sitúa en el puesto 19º. 

Sin embargo, donde peor queda España en este informe de la ONU, sin que haya merecido tampoco ser destacado por el informe del Gobierno español, es en el uso de los servicios digitales de las administraciones para resolver el problema del paro. Al contrario, siendo conocido que España es tras Grecia el país con mayor desempleo juvenil de Europa, el texto de la ONU la cita en una selección de los cuatro casos de mayores tasas mundiales de desempleo juvenil y también mayor falta de información para resolver el problema, en concreto tras el africano Ghana o el asiático Indonesia, y solo ligeramente por delante del también asiático Bangladesh, según puede observarse en la siguiente ilustración:  

 

Entre otros aspectos positivos omitidos destaca que España es también el país número 11º en el uso de internet por parte de los ciudadanos, así como uno de los pocos países con red social propia, caso de la juvenil Tuenti (comprada por Telefónica y ahora en proceso de expansión como operadora virtual por Iberoamérica), y es tras Singapur el país que tiene una mejor relación entre la optimización de canales disponibles, los servicios en línea y los ingresos por habitante. 

En suma, la demanda de servicios por parte de los ciudadanos todavía excede a la oferta, y en este desequilibrio España es citada tambien por la ONU en primeros lugares mundiales tras Dinamarca, Venezuela y Croacia. Conclusión que tampoco aparece en el balance publicado por el Gobierno de Rajoy, que dice lo siguiente:

Balance resumen del Gobierno

La apuesta por una Administración netamente digital, sin barreras, profundamente interconectada y que, sobre todo, toma como referente al ciudadano como cliente activo y esto se pone de manifiesto en los proyectos TIC, entre ellos algunos acometidos en esta legislatura: 

1. Creación de un nuevo sistema de Gobernanza TIC, en el que se engloba la presente Comisión, además de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital y la próxima aprobación de una Estrategia TIC en la AGE.

2. Avances en materia de infraestructuras de comunicaciones: La nube SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), conjunto de infraestructuras de comunicaciones que conecta las Administraciones Públicas Españolas e instituciones europeas para intercambio de información y acceso a servicios y que da cobertura ya al 93,19% de la población española, evolucionando hacia un sistema tipo Nube.La plataforma de Intermediación de datos, que permite que los ciudadanos no tengan que presentar documentos que ya obran en poder de la administración. El sistema permite verificar automáticamente y on-line, con el consentimiento del ciudadano, los datos de identidad, residencia, deuda con la AEAT o la SS, Prestaciones por Desempleo, Datos Catastrales, Títulos educativos, etc. Hasta la fecha ha permitido más de 100 millones de intercambio de documentación certificada.La nueva Red Unificada de Telecomunicaciones en AGE, compartida por 12 ministerios y 51 organismos dependientes de los mismos, da servicio a más de 3.400 sedes de la AGE en España y 500 en 125 países, con 125.000 usuarios internos y más de 2.000 millones de páginas visitadas al año. Ha permitido reducir 400 sedes nacionales e internacionales y unos ahorros de más de 124 millones de € en 4 años.​Sistema de Interconexión de Registros, que ha permitido 1.150.000 asientos registrales intercambiados electrónicamente entre distintas administraciones, evitando el desplazamiento de ciudadanos y el intercambio de papeles.

3. Programas y servicios desarrollados, entre ellos los que siguen: 

Sistema Cl@ve, de identidad digital para unificar el acceso electrónico del ciudadano mediante claves compartidas y en movilidad y que permite acceder a cualquier Administración. 1.400 usuarios registrados

Servicio común de firma electrónica, integrado con la plataforma cl@ve , con 190 millones de transacciones sólo este año

Sistema de Notificaciones Electrónicas, que proporciona a ciudadanos y empresas un buzón seguro asociado a una Dirección Electrónica Habilitada (DEH) en la que recibir notificaciones electrónicas, con más de un millón de direcciones electrónicas activas y 47 millones de notificaciones a ciudadanos sólo en 2014, lo que supuso un ahorro de 126 millones de euros para los ciudadanos y 41,6 millones para la Administración del Estado.

Procedimientos susceptibles de tramitación electrónica en la AGE. El 99% de la tramitación de la AGE ya puede realizarse electrónicamente y el 81,33% ya se han hecho electrónicamente en esta legislatura.

Teléfono 060, que ha atendido más de 14 millones de llamadas y que está incrementando el número de organismos que prestan atención al ciudadano a través de este servicio compartido que ya usan Interior, Tráfico, Empleo, Educación, AAPP, Extranjería, etc.

Portal de Factura Electrónica FACe, punto único que permite a los proveedores facturar electrónicamente a las AAPP. Un éxito de colaboración con el sector privado que se traduce en más de 3.500.000 facturas y más de 19.000 millones de euros facturados y ejemplo de colaboración entre administraciones públicas, con 16 CCAA y más de 7.300 ayuntamientos integrados.

Punto de Acceso General, que permite conocer los servicios públicos de la Administración a través de un único punto en Internet, con más de medio millón de páginas vistas mensuales.

Otros, como el Portal de Licitación Electrónica, Extranjería o Jurados de Expropiación.

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