jueves,26 mayo 2022
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Lo deslegitiman Gobierno, TC, fiscalías, partidos y prensa

España, pendiente de recuperar rating A tras el referéndum catalán,ya sin cobertura de los Mossos

Redacción
Las calificadoras Standard & Poor´s y Moody´s decidirán coincidiendo con el referéndum si España recupera el rating A por primera vez desde el rescate bancario de 2012.Según algunos medios "la rebelión de la Generalitat se ha convertido en el gran escollo para conseguirlo".No así la decisión del Gobierno, Tribunal Constitucional, fiscalías y cuatro principales partidos, que junto a la mayoría de la prensa han deslegitimarlo la convocatoria,comoBarcelona,Terrassa, ´Hospitalet, Lleida y Tarragona.

Después de que el tribunal Constitucional suspendiera la convocatoria de referéndum y este martes la ley de transitoriedad, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, dirigió este martes 12 de septiembre  un comunicado interno a todos los agentes del cuerpo en el que adjunta las instrucciones de la Fiscalía para que se lleven a cabo las acciones policiales correspondientes ante actos que ejecuten "autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigidos a preparar y celebrar el referéndum de autodeterminación". El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se reunió antes con el mayor Trapero y con los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para comunicarles que deben "adoptar las medidas necesarias" para intervenir los "efectos e instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellersde su Ejecutivo "habrían utilizado arbitrariamente" sus "potestades" al convocar un referéndum de independencia, y, por lo tanto, podrían haber cometido un delito de prevaricación. En un auto, el TSJC argumenta los motivos por los que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el presidente de la Generalitat y el resto de miembros del Govern por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Los principales mensajes editoriales de los grandes diarios impresos este miércoles son:El separatismo propaga la inseguridad jurídica(EL MUNDO), Un síntoma de normalidad policial(EL PERIÓDICO), Los Mossos ya tienen sus órdenes(LA RAZÓN)

La gran mayoría de la prensa destacaba el martes que el independentismo catalán monopolizó la manifestación que recorrió las calles de Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre al grito de "votaremos", a menos de tres semanas del referéndum del 1 de octubre convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional. La Guardia Urbana cifró en un millón de personas la asistencia a la manifestación, cifra que la Delegación del Gobierno rebajó a 350.000. En 2014, la Diada reunió a 1,8 millones de manifestantes, según los datos de la Guardia Urbana barcelonesa. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que hará todo lo posible para que el 1-O voten los barceloneses que quieran, pero al mismo tiempo se reafirmó en su intención de "proteger a la institución y a sus funcionarios". Los mensajes más destacados en los editoriales de los grandes diarios tras la manifestación han sido:Fraude a los catalanes (EL PAÍS), La Diada activa la vía callejera contra el Estado(EL MUNDO), La Diada, una coartada destructiva(ABC), El asalto a la Constitución no es el camino(LA VANGUARDIA), La Diada del independentismo(EL PERIÓDICO), y El secuestro de la calle(LA RAZÓN)

Más de 600 ayuntamientos catalanes han confirmado que cederán espacios municipales para que sirvan de colegios electorales en el referéndum ilegal del 1 de octubre, y representan al 41,3% de la población de Cataluña. El Gobierno ha enviado a los regidores catalanes las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la prohibición del referéndum y su carácter ilegal, junto a la advertencia de que colaborar con su celebración puede ser delito. La mayoría de los ciudadanos de Cataluña (56%, frente a 38%) considera que el referéndum convocado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre no reunirá todas las garantías precisas para ser considerado plenamente legal y válido a nivel internacional, según un sondeo elaborado esta semana para EL PAÍS por Metroscopia. Este porcentaje de dudas sobre el referéndum se eleva al 63% al tratarse de personas jóvenes, de entre 18 y 34 años. También un 56% cree que el Govern presidido por Carles Puigdemont debería, para salir de la crisis actual, impulsar una salida negociada, calcando el modelo vasco. El 38% es partidario de que se siga adelante con el proceso soberanista tal y como prevé el Gobierno catalán. La encuesta revela también que el 82% de los catalanes considera que la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contribuyó a reforzar el proceso independentista

La agencia de calificación crediticia Fitch distribuyó este viernes entre los inversores un análisis en el que amenaza con degradar el rating de Cataluña. "Creemos que no habrá secesión de España, pero una escalada en la tensión sería negativa para el rating de Cataluña si el apoyo financiero del Gobierno central se debilita o incluso se retira", señala la agencia en su nota, que advierte: "La aprobación de una ley en el Parlamento regional catalán para facilitar el referéndum sobre la independencia va a llevar a mayores tensiones entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Gobierno central".Fitch mantiene la calificación de la deuda de Cataluña en BB, lo que implica bono basura, pero apunta que puede bajar ya que al dar esa nota "se tuvo en cuenta que la región mantendría acceso a la financiación estatal para su servicio de deuda a medio plazo".

La agencia indica que ese análisis es "todavía válido" pero anuncia que vigilará los acontecimientos políticos, "en particular el posible referéndum" y tomaría "una decisión negativa sobre el u rating si el apoyo estatal se debilita en consecuencia o si hay una significativa escalada en las hostilidades entre los dos gobiernos que comprometa la capacidad de la región para devolver su deuda".Además recuerda que la Generalitat debe 50.000 millones al Estado español y recalca que "las relaciones con el Gobierno central son importantes para el perfil crediticio de Cataluña". Apunta que "la iniciativa tomada por ambas partes sobre el referéndum, tenga o no lugar o sea cual sea el resultado, puede suponer un lastre en la relación a medio plazo de Cataluña con el Gobierno central". Paralelamente, considera que "si se avanza hacia una mayor descentralización con mi ayor autonomía fiscal, esto podría ser positivo para el perfil crediticio de Cataluña si mejora los ingresos fiscales, en línea con la fuerte economía y base impositiva de la región, mientras continúa el apoyo del Gobierno central".

Standard & Poor´s revisará su calificación de solvencia de España – actualmente en BBB+ – el próximo día 29, dos días antes de la fecha del referéndum catalán, y Moody´s lo hará el 20 de octubre.La agencia crediticia Moody´s ha advertido en un informe de que "la independencia catalana podría tener implicaciones negativas para el crédito de España" ya que "debilitaría la fortaleza económica del país". El texto recuerda que Cataluña aporta el 19% del PIB español y representa el 16% de su población, "con un PIB per cápita superior al promedio nacional".La agencia decidirá el próximo 20 de octubre si eleva el nivel de solvencia de España, actualmente en Baa2, a nivel A. Cataluña continúa en Ba3 con perspectiva negativa.La mejora de lars cuentas públicas y el fuerte crecimiento del PIB podrían suponer la vuelta a la calificación A, pero en su último análisis S&P condicionó este ascenso a "una continuidad en la política del actual Gobierno y que los acontecimientos políticos en Cataluña no debiliten la confianza de los inversores". En julio, esta agencia mantuvo la deuda de Cataluña en B+ – la menos fiable del Estado – debido a las inversiones "altamente especulativas" por el riesgo de sus bonos.

Por su parte, Goldman Sachs advirtió a sus inversores de la vulnerabilidad de CaixaBank debido a su exposición a la economía catalana, lo que provocó que la entidad perdiera más de un 2% de su valor en Bolsa. El banco de inversión retiró así a CaixaBank de su grupo de valores europeos con más valoración alegando "la escalada de las tensiones políticas en Cataluña" y ante el temor de que pueda aumentar en las próximas semanas recomendó no comprar. "Degradamos a CaixaBank a posición neutral", señaló en la nota difundida a sus clientes.

Destaca EL MUNDO este sábado en un titular: "La deuda catalana, en máximos", el aumento de la tensión política "ha duplicado el rendimiento del bono catalán desde julio". La prima de riesgo de la región ronda los 286 puntos básicos. La de España se situó ayer en 122 puntos básicos.Según CINCO DÍAS, "los grandes inversores ven con temor la deriva del proceso secesionista" y apunta que tanto la prima de riesgo española como la Bolsa pueden deteriorarse debido a la situación en Cataluña.

Los empresarios temen por la seguridad jurídica

El presidente de CEOE, Juan Rosell, afirmó  en un acto en Barcelona: "Los empresarios quieren que el problema de Cataluña se arregle políticamente, hay que trabajar para eso y no echando más leña al fuego". Y añadió: "Lo que los empresarios quieren es seguridad, saber cuáles son las leyes y cumplirlas todas". Así lo recogeCINCO DÍAS, que titula: "Los empresarios apelan al diálogo y temen por la seguridad jurídica".

El impacto de la secesión afectaría al PIB regional, que contabilizaría una pérdida de hasta el 30%, ya que implicaría la ruptura con el resto de España y también con la UE, según estimaciones publicadas este domingo por ABC en línea con cifras y argumentos publicados en Ibercampus.es hace 5 años por el catedrático Donato Fernandez. Esto golpearía a sus exportaciones, debido a la imposición de aranceles para vender sus productos, tanto a Europa como a terceros países. Además, el abandono del euro y la retirada del paraguas que ofrece el Banco Central Europeo provocaría una fuga de capitales y empresas, un menor acceso al crédito y una depreciación de las rentas y ahorros que poseen las familias; por eso, no extraña que los depósitos hayan bajado en Cataluña más de un 9% desde 2013, frente al 1,3 registrado en el resto de España. El mero hecho del inicio del proceso ya se ha traducido en una elevada factura para los catalanes, porque, en vez de priorizar el gasto para la prestación de servicios públicos, la Generalitat ha destinado una buena suma de dinero a promover la independencia, a pesar de las estrecheces económicas de la crisis.

La CNMC lleva a los tribunales los decretos de Galicia y CastIlla y León que regulan los alquileres de apartamentos y viviendas turísticas por impedir la competencia y no beneficiar a los consumidores(EL PAÍS EL MUNDO /ABC)El Govern introducirá cambios en el nuevo decreto de turismo para que la vivienda habitual se pueda alquilar por días (EL PERIÓDICO ).

Cataluña aporta la mitad que Madrid al Estado 

El Ministerio de Hacienda publicó el jueves  las balanzas fiscales correspondientes al año 2014, en el que sólo cuatro comunidades dedicaron más ingresos al Estado de los que recibieron. Madrid fue la que más aportó: 19.205 millones, un 9,82% de su PIB, seguida de Cataluña (9.892 millones, un 5,02%), Comunidad Valenciana (1.735 millones, un 1,78%) y Baleares (1.516 millones, 5,77%).

La comunidad que más recibió en términos absolutos fue Andalucía, 7.689 millones de euros (un 5,54% de su PIB), seguida de Castilla y León (4.280 millones, el 8,24% de su PIB). En términos relativos las más beneficiadas fueron Ceuta y Melilla (27,89% del PIB) y Extremadura (16,96%).

"Cataluña aporta la mitad que Madrid a la solidaridad interterritorial", titula EL PAÍS."Madrid aportó el doble que Cataluña el año del 9-N", destaca EL MUNDO. "Madrid aporta el doble que Cataluña al resto de las regiones", resalta ABC. "Madrid aporta el doble que Cataluña al resto del país", es el titular de LA RAZÓN. LA VANGUARDIA y EL PERIÓDICO resaltan en sus titulares que Hacienda eleva el déficit fiscal de Cataluña a 9.900 millones.

Rechazo de las instituciones centrales 

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 8 de septiembre de 2017, de la Generalitat de Cataluña, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, para que esa ley sea suspendida. El ple Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria del referéndum catalán que aprobaron el miércoles el Parlament y el Govern, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la vigencia de dichos acuerdos. En las resoluciones del Alto Tribunal, reunido con carácter de urgencia, apercibe a más de un millar de cargos públicos -unos 60 altos cargos de la Generalitat y los 947 alcaldes de Cataluña- de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Por su parte, la Fiscalía anunció que presentará dos querellas criminales contra el Govern y la Mesa del Parlament y que dará órdenes a las unidades de la policía judicial para que intervengan "los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal".

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado que la norma, aprobada esta madrugada por el Parlamento Catalán, "implica la ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido".

Méndez de Vigo ha manifestado que al Gobierno le sorprende que la Ley de Transitoriedad, que "pretende ser la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán hasta que se apruebe la Constitución de la República catalana", no recoja el derecho a decidir, que ha sido el objeto de la campaña de los secesionistas.

Recurso a la Ley del Código Tributario de Cataluña

El Gabinete también ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley de la Generalitat 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero relativos a la administración tributar

La ley impugnada es una de las leyes del denominado "proceso de desconexión" de Cataluña del Estado español, y pretende "impulsar la creación de una agencia tributaria catalana y convertirla en una Hacienda propia", según ha explicado Íñigo Méndez de Vigo.

El ministro ha indicado que, con la presentación del recurso, el Gobierno da "una respuesta rápida y eficaz" a los intentos de vulnerar el orden constitucional, dado que esa ley "pretende vulnerar las competencias exclusivas del Estado para la garantía de la igualdad de todos los españoles".

Desafío a la Constitución y al Estatuto

El ministro ha recalcado que las sesiones parlamentarias desarrolladas el miércoles y el jueves en el Parlamento de Cataluña evidencian una actuación "inaudita y antidemocrática" por parte de la presidenta de la Cámara, que sólo actuó a favor de los diputados que defendían posiciones secesionistas. A su juicio, han dejado patente el clima de descomposición político-institucional en el que está incursa Cataluña, donde "una exigua mayoría parlamentaria" quiere imponer, vulnerando todas las reglas democráticas, "un proyecto excluyente a la totalidad de la sociedad catalana".

En opinión de Méndez de Vigo, "estamos ante un punto álgido, en una estrategia de desafío a la democracia, al Estado de Derecho, a la Constitución y al Estatuto".

Línea de actuación del Gobierno

El portavoz ha reiterado que el Ejecutivo ha actuado defendiendo los derechos y libertades de todos los catalanes. El sistema democrático, ha dicho, tiene el derecho y deber de defenderse ante quienes les atacan: "Defender las leyes, la democracia y las instituciones forma parte de ese pacto de convivencia que los españoles suscribimos en nuestra Constitución".

Íñigo Méndez de Vigo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Méndez de Vigo ha añadido que, incluso en los momentos tensos y más irracionales, el Gobierno ha actuado siempre desde la moderación y la proporcionalidad, pero también con firmeza y determinación "con el objetivo de limitar los daños, no contribuyendo a alentar un clima de confrontación ni de división".

El ministro ha asegurado que "un Gobierno constitucional y democrático no va a actuar como observador de quienes quieren liquidar el principio de soberanía nacional". Y ha reiterado que "no habrá referéndum porque nadie puede privar a todos los españoles de decidir su futuro sobre aquello que les pertenece".

En este sentido, ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ayer afirmó que hará "todo lo que sea necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo".

Apoyo político y judicial

Íñigo Méndez de Vigo ha agradecido al PSOE y a Ciudadanos el apoyo que están prestando al Gobierno a la hora de adoptar las medidas legales que sean necesarias en defensa de la Constitución y de la democracia. Asimismo ha hecho un llamamiento a "todos los partidos con ambición y compromiso nacional" para que apoyen al Ejecutivo: "Es el momento de la unidad nacional, de la defensa de lo que es de todos los españoles. Si nosotros fuéramos oposición hubiéramos hecho lo mismo".

El ministro también ha agradecido el apoyo de los dirigentes internacionales y ha remarcado que el ámbito judicial europeo ha quedado claro cuál es la posición jurídica. En este punto, ha recordado que el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudió a la Comisión de Venecia, que es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, y que esta fue "muy clara" al señalar, en la carta que le remitió, que no se pueden celebrar referendos si la Constitución no lo estipula.Internacionalización de la economía y comercio minorista

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y el primer Plan de Acción Bienal (2017-2018) incluido en ellaEl portavoz del Ejecutivo ha subrayado la contribución de las exportaciones, que en el año 2016 lograron un máximo histórico, a la recuperación de la economía española. El objetivo de esta estrategia a medio y largo plazo es precisamente que esa aportación positiva del sector exterior al crecimiento "se convierta en estructural y revierta en la creación de empleo". Con ese fin, se identifican seis áreas de actuación y se establecen medidas concretas para apoyar a los exportadores y atraer inversión hacia España.

También en el ámbito económico, el Ejecutivo ha aprobado el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017. El propósito, según ha explicado Méndez de Vigo, es "ayudar al comercio tradicional a incorporarse a los nuevos escenarios de compra, a subirse a las plataformas digitales y a operar 'online' para dar respuesta a los nuevos hábitos de compra de los consumidores".

El portavoz ha apuntado que la crisis económica fue muy dura para este sector, que representa en torno al 5% del PIB y da empleo a casi dos millones de personas en España. El Ejecutivo ha impulsado desde el año 2013 sucesivos planes de apoyo a la competitividad del comercio minorista, los cuales han beneficiado a más de 300.000 comercios. El aprobado hoy prosigue esa labor y trata de apoyar la renovación de las empresas, apostando por una combinación de tiendas físicas con estrategias online, según ha manifestado Méndez de Vigo.

Asuntos sociales

El Gobierno ha autorizado la contratación del servicio integral de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las órdenes de alejamiento por violencia de género. El contrato supera los 27 millones de euros en seis años (tiene una duración de tres años prorrogables hasta un máximo de seis).

El portavoz del Ejecutivo ha destacado que de esta manera se garantiza la continuidad y se mejora este servicio, que está contemplado en la Ley Integral de Violencia de Género.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado transferir 9,5 millones de euros a las comunidades autónomas para el desarrollo de programas de lucha contra las drogasderivados del Plan Nacional sobre Drogas.Preguntado por la orden que la Fiscalía ha dirigido a los Mossos d'Esquadra para que impidan la celebración del referéndum del 1 de octubre, el portavoz del Gobierno ha recordado que ese cuerpo es la "policía autonómica de Cataluña, por tanto, de todos los catalanes, y no la policía de los secesionistas".

El Ejecutivo, ha añadido, "no tiene la menor duda de que los Mossos cumplirán la ley y obedecerán al fiscal general del Estado, como lo harán todos los funcionarios".

El ministro se ha mostrado convencido de que también los ayuntamientos respetarán la legalidad y no atenderán el requerimiento de la Generalitat para que pongan a disposición del referéndum locales públicos. Además, ha remarcado que el Tribunal Constitucional va a notificar a cada ayuntamiento que el referéndum es ilegal y, por tanto, quienes contribuyan a su organización "serán colaboradores necesarios de una ilegalidad y tendrán que estar a las consecuencias de la misma".

Respecto a la posibilidad de que antes del 1 de octubre se celebre un encuentro conjunto del presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE y el presidente de Ciudadanos, Méndez de Vigo ha señalado que Mariano Rajoy está en "contacto permanente" con los líderes políticos. Lo importante, ha dicho, es que estén de acuerdo frente al desafío secesionista, como quedó de manifiesto ayer en las reuniones que el jefe del Ejecutivo mantuvo con ellos en La Moncloa.

El portavoz del Ejecutivo ha reiterado la oferta de "diálogo, sin fecha de caducidad y dentro de la ley" ante la situación en Cataluña. La Generalitat, ha agregado, solo ha querido hablar de "referéndum sí o sí, por las bravas", y el presidente Puigdemont declinó la invitación para asistir a la última Conferencia de Presidentes y para exponer sus pretensiones ante el Congreso de los Diputados.

 

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